El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado que según su criterio la ley de amnistía no elimina el delito de malversación atribuido a Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. El magistrado ha rechazado el recurso que el expresident catalán presentó contra su primera decisión en ese sentido: “Decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste” del procés de 2017 para organizar el referéndum del 1 de octubre, afirma el instructor de la causa.

Ni el magistrado que instruyó la pieza principal del procés ni tampoco la Sala de lo Penal, que juzgó y sentenció el caso, han aceptado aplicar esta norma al delito por el que todavía está procesado el líder de Junts y hoy diputado en el Parlament catalán. La pervivencia de la acusación por malversación es la que, a día de hoy, mantiene activa la orden de búsqueda y captura nacional contra Puigdemont después de que el caso Tsunami por terrorismo quedara archivado por un error del juez Manuel García Castellón.

Una de las decisiones tomadas en este sentido contaba con un voto particular en contra de la magistrada Ana Ferrer, compañera de sala de Llarena. En este nuevo auto, el instructor contesta que “en los más de 200 años de jurisprudencia del Tribunal Supremo español no existe ni una sola resolución” que permita amnistiar la malversación de Puigdemont.