La Audiencia Nacional acepta la petición de Podemos y PSOE, que ejercen la acusación popular, para que el presidente del Gobierno sea sometido a las preguntas que el juez Manuel García Castellón nunca le quiso formular
La Audiencia Nacional acaba de perfilar cómo será el juicio, sin fecha aún, por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Hasta ahora se conocía que en el banquillo se sentará el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, entre otros. Ahora, la Sala de lo Penal ha admitido que declaren como testigos la mayoría de los propuestos por las acusaciones populares que ejercen Podemos y PSOE y que incluyen al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su número dos en el Ejecutivo y responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala reconoce que la carga de trabajo le hace imposible aún determinar la fecha del juicio. Cuando se celebre, por fin Rajoy dará su testimonio sobre la operación parapolicial para sabotear el caso judicial que afectaba al Partido Popular, el de su financiación irregular, y a él mismo, quien aparece en la prueba fundamental de esa causa como receptor de dinero negro de los empresarios. Rajoy no fue imputado porque el posible delito fiscal por los sobre de la caja B fue declarado prescrito.
Tanto Podemos como PSOE solicitaron la imputación en su momento de María Dolores de Cospedal, a quien indirectamente también señalan los principales acusados –Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez– como la verdadera impulsora de una operación para destruir la investigación del juez Pablo Ruz por la caja B del partido. Tras prestar declaración como investigada, el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Kitchen, archivó la causa contra ella, pese a los múltiples indicios, incluidas conversaciones publicadas con el comisario Villarejo. “Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”, le dijo la número dos del PP al policía corrupto en referencia a los ‘papeles de Bárcenas’.
Tanto Podemos como PSOE solicitaron igualmente la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y responsable entonces del CNI. La participación del Centro en las maniobras contra Bárcenas ha sido una sombra que se ha extendido por el caso sin que García Castellón aceptara profundizar en ella. Las dos acusaciones populares han logrado que tanto Sáenz de Santamaría como Ignacio Cosidó, director general de la Policía durante los hechos, declaren en el juicio como testigos. También tendrá que hacerlo el político que sustituyó a Fernández Díaz en el Ministerio, Juan Ignacio Zoido.