La jueza que investiga por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la petición de PSOE y Más Madrid de que la causa se amplíe a sus relaciones comerciales con el grupo Quirón, gigante sanitario y contratista habitual del sector con la Comunidad de Madrid. La magistrada instructora explica que varias de las diligencias que proponían las acusaciones populares son “innecesarias” y que podrían llegar a dilatar la investigación durante años.

El juzgado investiga el doble fraude fiscal de más de 350.000 euros revelado por elDiario.es y que el propio González Amador reconoció ante la Agencia Tributaria y la Fiscalía pocos meses después de saber que estaba siendo investigado. La pareja de Ayuso usó un entramado de facturas falsas para reducir la carga fiscal de sus empresas por el Impuesto de Sociedades después de ganar varios millones de euros durante la pandemia de coronavirus. Dinero salido de comisiones por su intervención en operaciones de compraventa de mascarillas durante lo peor de las primeras olas de la crisis sanitaria.

El juzgado ha intentado interrogante varias veces sin éxito mientras su defensa, la Fiscalía y Hacienda exploran un pacto para que reconozca los hechos, pague sus deudas con el fisco y evite entrar en prisión. Por el momento, la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido aceptar una condena de ocho meses de cárcel, pagando más de medio millón de euros entre deuda, multa e intereses pero sin que su condena de prisión se llegue a ejecutar.

Fueron PSOE y Más Madrid, personados en la causa como acusaciones populares, quienes pidieron a la jueza que considerase la posibilidad de ampliar el caso a sus relaciones comerciales con el grupo Quirón al entender que esos trabajos también podrían esconder nuevos fraudes fiscales. La Fiscalía se mostró en contra de esa opción, en plenas negociaciones con la defensa de González Amador, que incluía una batería de diligencias y que se ampliara el abanico de delitos que se le atribuye.

La magistrada del juzgado 19 de Madrid ha rechazado esta posibilidad, explicando que las diligencias propuestas por las acusaciones serían “innecesarias” y que, incluso, podrían llegar a tener carácter prospectivo, además de alargar la causa durante varios años más. Un total de 23 grupos de diligencias que incluyen la averiguación patrimonial de Alberto González y el resto de investigados entre 2019 y 2022, todas sus cuentas en esos años, y también la compraventa de la casa en la que vive actualmente con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con una veintena de testificales.

Esas diligencias, que también abarcan requerimientos a empresas y a las autoridades de México así como comisiones rogatorias a Panamá y Estados Unidos, supondrían una “complejidad y dilación” en el proceso, según la jueza. Poner en marcha todas esas pruebas implicaría prolongar la causa “durante años”. Algunas, incluso, “pueden considerarse prospectivas”.