La defensa del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que pide una sanción disciplinaria para el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la “desatención” y el “retraso injustificado y reiterado” en la tramitación y resolución de los recursos de reforma que ha interpuesto contra la decisión de no aplicarle la ley de amnistía. En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, el presidente de Junts considera que el magistrado ha cometido una falta disciplinaria muy grave. 

El abogado del expresident, Gonzalo Boye, recurrió el pasado 8 de julio la decisión de Llarena al considerar que el delito de malversación que el juez atribuye a Puigdemont entra en los márgenes de la norma porque no se enriqueció “personalmente” y que, además, su resolución va contra la “voluntad del legislador”. Pero el magistrado todavía no ha resuelto ese recurso, lo que impide que se pueda seguir el trámite e impugnar después ante la Sala de lo Penal del Supremo. 

Y sólo cuando se agote esta vía, el dirigente de Junts podrá ir al Tribunal Constitucional. Para ello tendrá que alegar una vulneración de derechos susceptible de generar amparo que, además, tenga trascendencia constitucional. Ahí su defensa cuenta con una baza a su favor: el voto discrepante de la progresista Ana Ferrer. En su escrito, la magistrada advierte de que la interpretación para vetar la amnistía de sus compañeros de sala “corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad”, dos de los supuestos en los que el Constitucional puede corregir las decisiones de los tribunales ordinarios, tal y como ha ocurrido recientemente en el caso de los ERE de Andalucía.