El cooperativismo en vivienda tiene en España una historia de altibajos, un escándalo de corrupción que dañó la confianza a principios de los 90 y dos modelos casi antagónicos: el que busca hacer casas a precios más baratos y el que aspira a convertir la vivienda en un pilar sobre el que construir un tejido comunitario y de barrio
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La historia del cooperativismo ligado al ladrillo es diferente en España a la de otros países europeos, quizás porque aquí tener un inmueble se ha vinculado siempre con tener una garantía económica en el caso de que vengan mal dadas. Comenzó a desarrollarse de forma más visible en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, la conocida como Ley de Casas Baratas y Económicas promovió la construcción de pequeñas viviendas unifamiliares, fundamentalmente destinadas a los profesionales que compartían una profesión o un gremio, lo que dio lugar a colonias en lo que entonces eran los alrededores de las principales capitales. Años después, en pleno franquismo, se aprobó la Ley de viviendas de renta limitada. Esta legislación, bajo una pátina de cierto paternalismo, impulsó la construcción de casas a precios asequibles que podían impulsar colectivos, pero siempre bajo el control del entonces Instituto Nacional de la Vivienda.
“En los años 70, el cooperativismo en vivienda se vinculó al movimiento vecinal, a la posibilidad de generar un tejido social compartido, y no ligar el desarrollo inmobiliario solo a los criterios de mercado”, explica Pablo Carmona, doctor en Historia y autor de “La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda” (Ed. Traficantes de Sueños). Carmona conoce esta realidad en primera persona, ya que forma parte de Entrepatios, una cooperativa de vivienda en derecho de uso que tiene en marcha dos proyectos en Madrid –uno en Villa de Vallecas; otro, en Usera– y que busca ser una alternativa al modelo especulativo para priorizar los criterios sociales.
