Las interrupciones voluntarias del embarazo siguen sin asumirse de forma mayoritaria en la red sanitaria pública, pero en algunos territorios las cifras son ínfimas, como Andalucía, Murcia o Aragón; en Castilla-La Mancha solo han notificado cinco de un total de 3.500 y en Extremadura, ninguna

Más del 80% de los abortos siguen realizándose en centros privados pese a que la ley prioriza la red pública

Que los abortos se hicieran mayoritariamente en la red sanitaria pública y su derivación a la privada fuera una excepción. Es el objetivo que se propuso la reforma del aborto vigente desde marzo de 2023 para intentar cambiar el modelo imperante en España, que prioriza la realización de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en clínicas concertadas. Sin embargo, a la luz de los últimos datos, la norma no ha logrado, de momento, impulsar un cambio de calado: el 81,45% de los abortos en centros privados, lo que supone una bajada de solo un punto respecto a 2022.