Asumidas ya las responsabilidades políticas con su dimisión de todos sus cargos políticos, el ya excomisionado del Gobierno de España para la dana, José María Ángel Batalla, tendrá que aclarar ante la Fiscalía Anticorrupción por qué aparece en su expediente como funcionario de la Diputación de Valencia una burda falsificación de un título universitario a su nombre. También tendrán que declarar los dos altos funcionarios de la institución provincial que avalaron estas competencias en 2015 y 2022. De momento, Ángel Batalla ha asegurado públicamente que no sabe nada de ese documento e, incluso, ha afirmado que podría acudir a los tribunales para denunciar un posible montaje para derribarlo, denuncia que todavía no se ha presentado en el juzgado de guardia correspondiente.

La investigación de Antifraude que ahora ya estudia la Fiscalía Anticorrupción ha sido ‘exprés’ en comparación con otros procedimientos abiertos por la agencia, algo nada habitual en una entidad que se toma más tiempo para sus pesquisas tras el desmantelamiento por parte el director elegido por PP y Vox, Eduardo Beut. La denuncia anónima inicial contra José María Ángel se presentó en Antifraude el 9 de abril de 2025.

El 15 de abril, seis días después, el director de Antifraude autorizó a los funcionarios de la agencia a personarse en la Diputación y en la Universitat de València para cotejar la autenticidad del título de diplomado que constaba en el expediente de funcionario del comisionado para la dana. El 16, un día después, ya se levantó la correspondiente acta de inspección.

Las pesquisas presenciales se realizaron por parte de los funcionarios de Antifraude el 29 de abril en la Universitat de València, mientras que la contestación de la Diputación de Valencia llegó el 23 de abril. Desde el requerimiento inicial no pasaron ni diez días para su contestación. El 7 de mayo, menos de un mes después de la denuncia inicial, la Agencia Antifraude ya tenía elaborado el informe previo en que concluyó que podrían haberse cometido ilícitos penales. En ese momento, se realizó la resolución para derivar el caso a la Fiscalía para que procediera a su investigación.

Una velocidad inusitada que contrasta con otras, como la realizada al policía local marido de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benidorm, que llevan más de dos años en inspección.

Esa investigación de la Agencia Antifraude, que se podría haber hecho pública el 8 de mayo —las conclusiones son del 7 de mayo— no salió a la luz pública hasta el día 29 de julio, justo el día que se cumplían nueve meses de la dana. Casi dos meses y medio después y cuando ya estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero no era la primera vez que el puesto de funcionario de Ángel Batalla se ponía en solfa. El político solicitó para poder acceder al puesto de comisionado una prolongación de la prórroga del servicio activo. Ángel Batalla (1956) ya estaba en edad de jubiliación, pero gracias a esta ampliación podía trabajar hasta los 70 renovando las prórrogas cada año. Esta solicitud se debe hacer dos meses antes del acceso al puesto. La Diputación de Valencia, del PP, retrasó la aprobación de la petición hasta el último día del plazo, pero validó la prórroga y, por tanto, sus servicios en la Corporación provincial.

Tras la salida de Ángel Batalla de la Diputación de Valencia hacia el Gobierno de Sánchez, la institución provincial quiso amortizar la plaza funcionarial del comisionado que ahora se investiga mediante un cambio en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

El argumento fue “homogeneizar y racionalizar la estructura de funcionarios” dentro de los grupos políticos porque actualmente “estaba desproporcionado” en favor de la izquierda. El barullo político fue tan grande que PP y Ens Uneix retiraron la propuesta por ser Ángel Batalla una persona “respetada” por todas las sensibilidades políticas.

Este jueves, la Diputación de Valencia ha vuelto a la carga y, esta vez sí, ha anunciado que amortizará la plaza de asistente de los grupos políticos que ocupaba Ángel Batalla. Una plaza de asesoramiento funcionarial a grupos políticos que, por cierto, el PP quiso duplicar en la legislatura 2019-2023, pero a la que la izquierda gobernante se opuso.

Tras su dimisión, José María Ángel deberá seguir trabajando en la Diputación hasta el 6 de diciembre, día en que cumple 69 años y momento en que tendría que pedir la última prórroga para seguir con el servicio público. Habrá que ver dónde lo reubican, aunque eso ya es otra historia.

Resistió hasta que atacaron a su familia

La idea de José María Ángel tras saltar el escándalo era resistir e intentar explicar a la opinión pública que accedió a su plaza funcionarial sin necesidad del falso título investigado. Así lo hizo el martes por la noche en un comunicado, que le fue retenido hasta las 21.00, cuando acabó una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El miércoles, la presión por parte del PP se incrementó y la Diputación de Valencia abrió fuego contra su mujer, la exdiputada socialista Carmen Ninet, poniendo en cuestión que fuera subdirectora del Muvim sin la titulación adecuada. El propio presidente del Gobierno peleó para que el comisionado siguiera en su puesto, pero por la noche Ángel Batalla se plantó y anunció su dimisión al Gobierno.

En un comunicado, José María Ángel anunciaba lo que ya varios medios, entre ellos elDiario.es, habían publicado: el final a su carrera política para “defender su honestidad” y no dañar al partido y a su familia.