El militante de Anticapitalistas y fundador de Podemos, Miguel Urbán, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra dos altos mandos policiales del último Gobierno del Partido Popular por el montaje que le intentó vincular con la venta de 40 kilos de cocaína para financiar al partido político que hoy dirige Ione Belarra. Urbán adopta esta iniciativa después de que el juez que investiga las maniobras policiales contra Podemos, Santiago Pedraz, se negara a que el denunciante formara parte de la acusación del caso.

En el texto de la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, señala al hoy comisario jubilado José Luis Olivera, en su momento director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, y al que fuera jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, así como los funcionarios de esos organismos que “resulten acreditados después de la información pertinente”.

Urbán también apunta a aquellos miembros de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), esta última perteneciente a Hacienda que hubieran podido participar igualmente en el montaje. A todos ellos les atribuye de forma indiciaria los delitos de calumnias, intromisión en la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación.

En la querella se reproduce la información de este diario según la cual el comisario Olivera trasladó el disparatado testimonio de un confidente que, de forma anónima, describía como Urbán, siendo eurodiputado, consumó la venta de 40 kilos de cocaína en un piso ubicado sobre el pub Nueva Visión, en el madrileño barrio de Malasaña. Urbán, según el relato que sirvió para abrir unas diligencias de investigación de la Fiscalía Antidroga, habría confesado allí mismo que se trataba de cocaína de Venezuela para financiar a Podemos.

“Los policías –recoge la querella– sin ninguna autorización judicial, actuando de forma ilegal y vulnerando los derechos del señor Urbán rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas”. Advierte, asimismo, en el hecho de que Urbán era eurodiputado en el momento del montaje y advierte de que los miembros del Parlamento Europeo “disfrutan de un régimen de inmunidad parlamentaria que les otorga ciertas protecciones legales para garantizar el ejercicio libre e independiente de su mandato.

La representación legal advierte de que el montaje contra su representado tenía “el fin espurio de perjudicar al partido político Podemos y a Anticapitalistas y, obviamente, al señor Urbán en su condición de miembro de los partidos referidos, teniendo en cuenta que era parlamentario europeo aforado y habiendo sido elegido en elecciones por el pueblo”.

En cuanto al presunto delito de intromisión en su intimidad, la querella destaca que se “rebuscó en su vida económica”, en alusión a la investigación de sus cuentas bancarias y productos financieros, “con la excusa de investigar una imputación a todas luces falsa”. Urbán considera también que los funcionarios señalados cometieron un delito de malversación al arrancar una investigación con “fondos públicos” a partir de “una supuesta declaración absolutamente inverosímil de un supuesto confidente”.

La representación de Urbán ha presentado la querella en el tribunal especializado para que la derive al juzgado que corresponda pero en la solicitud de diligencias de investigación que incluye aparece que se oficie al juzgado de Pedraz para que remita la documentación relativa a su caso. Cabe recordar que el magistrado tomó declaración como investigado a un policía que consultó las bases de datos para buscar información de Pablo Iglesias justificándolo en que el entonces líder de Podemos pertenecía al entorno de Urbán, investigado por narcotráfico. Tras la declaración, Pedraz archivó la causa contra el policía.