Dos agentes de la Guardia Civil se han personado este miércoles en el Ayuntamiento de Espartinas (PSOE), un municipio del área metropolitana de Sevilla con 16.500 habitantes, para notificar a tres concejales socialistas y a tres funcionarios de la corporación una citación para declarar en calidad de imputados ante el juez por supuestas irregularidades en la contratación pública.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) investiga desde hace meses los contratos del Ayuntamiento de Espartinas con media docena de empresas locales de construcción, jardinería, catering e iluminación, suscritos entre 2021 y 2024. El juez abrió diligencias previas el año pasado, a instancias de la Fiscalía, a partir de una denuncia anónima contra 16 personas vinculadas con el Consistorio, entre ellas la alcaldesa del municipio, la socialista Cristina Los Arcos Llánez.

Pero, de los nombres que aparecen en esa denuncia, ni la regidora ni el teniente de alcalde y delegado de la Policía Local ni la concejala de Cultura están imputados. El juez ha citado a declarar en calidad de investigados a los otros 13, en una causa aún muy incipiente, y por “delitos sin especificar”, según consta en la “cédula de citación judicial”, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.

En total hay seis empleados municipales de la actual corporación investigados (tres concejales y tres funcionarios); otros cuatro del anterior mandato (dos exconcejales y dos altos funcionarios); dos empresarios locales y el hermano de uno de los concejales imputados.

Entre el 14 y el 17 de octubre, tendrán que personarse en el juzgado acompañados de sus abogados el secretario general del Ayuntamiento espartinero, José Rodríguez Sánchez; el concejal de Medio Ambiente, Pablo Márquez; el de Obras, Filomeno Carmona Martínez; y el de Urbanismo y Hacienda, Juan Luis Núñez de Fez, el único que ha repetido en el cargo desde la pasada legislatura.

También están investigados dos funcionarios del área de Contratación y dos altos funcionarios del Estado destinados en el Consistorio: la ex vicesecretaria general y la ex viceinterventora municipal. De la corporación anterior están imputados el exdelegado de Medio Ambiente, el socialista Manolo García Baena, y el exconcejal de Educación y Deporte, Fernando Iturralde, de IU.

De las empresas señaladas por el denunciante anónimo, el juez ha decidido investigar sólo a tres: Jardinería del Sur S.L.; Hábitat y Construcciones y Excavaciones Filo S.L., esta última propiedad del concejal de Obras, que asegura que la “cerró y dejó sin actividad” cuando entró en política, en 2023. Filomeno Carmona desconoce si está imputado en calidad de concejal o de empresario, pero mucho más “desconcierto” le ha causado la imputación de su hermano, Feliciano Carmona, un albañil sin ningún vínculo contractual con el Ayuntamiento.

“30 denuncias anónimas archivadas”

Cuando la Guardia Civil ha entrado en la casa consistorial de Espartinas, este miércoles por la mañana, sólo estaba presente la alcaldesa, el secretario general (el único que ha podido recoger la citación judicial) y un representante de los servicios jurídicos municipales, que ha preguntado a los agentes por el atestado para saber qué supuestas irregularidades investigan. Los agentes, en términos “cordiales”, han explicado a la alcaldesa que ellos no eran los autores del atestado, de modo que no han sabido concretar qué delitos exactamente les imputan.

Desde las elecciones municipales de 2023, que ganó el PSOE con mayoría absoluta, el Ayuntamiento de Espartinas ha sido objeto de una treintena de “denuncias anónimas” sobre el supuesto “mal funcionamiento de la Administración pública”, que la alcaldesa ha podido cuantificar porque se tradujeron en “continuos requerimientos de documentación” por parte de la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía.

Según fuentes municipales, se trata de denuncias dispares contra todo tipo de actuaciones del gobierno local, desde la apertura de un pozo a una obra auxiliar en la casa de la madre de un miembro de la corporación. “Al final todas fueron archivadas, pero gestionar todas las solicitudes de documentación de la Guardia Civil ralentiza mucho la acción de gobierno e impide trabajar con normalidad”, explica un portavoz, convencido de que el Ayuntamiento de Espartinas está siendo víctima de “investigaciones prospectivas” desde que el PSOE arrebató la Alcaldía al PP.

Los socialistas gobiernan con mayoría absoluta este municipio sevillano (con nueve de 17 concejales) que fue un bastión histórico del PP hasta 2015. Hasta entonces, el regidor había sido el popular Domingo Salado, que tuvo el bastón de mando durante 12 años (2003-2015), heredado de su propia madre, María Regla Jiménez, ya fallecida. En la pasada legislatura, el PSOE cogobernó junto a IU, y ahora lo hace en solitario.

Antes de las “30 denuncias anónimas archivadas”, el Ayuntamiento de Espartinas recibió una primera denuncia firmada por Domingo Salado. En el entorno de la alcaldesa creen que el exregidor popular es quien está detrás de todas las denuncias para “maniatar la acción de gobierno”, incluida esta última que ha motivado la apertura de diligencias por parte de un juez.

“Ni dimisiones ni ceses”

Fuentes municipales expresan su estupor e impotencia por no saber exactamente qué investiga el juez, quién les ha denunciado y de qué tienen que defenderse. El pasado mes de marzo, y nuevamente el pasado junio, agentes de la Guardia Civil adscritos a la Policía Judicial ya se personaron en el edificio consistorial para reclamar la entrega de más de medio centenar de contratos del Ayuntamiento de Espartinas con las empresas investigadas: licitaciones en abierto, contratos menores, de emergencia, negociados sin publicidad…

Son contratos de cuantías muy dispares, que oscilan entre 2.000 euros y un máximo de 40.000 euros. El Consistorio no ha sabido calcular el montante total investigado, pero estima que puede alcanzar los 400.000 euros por el conjunto de las adjudicaciones durante más de cuatro años [el presupuesto municipal ronda los 13 millones de euros]. La Guardia Civil se llevó los expedientes de todos esos contratos, de ahí deduce el equipo de gobierno que proviene la apertura de la investigación judicial.

Un responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Espartinas prevé acudir este jueves con uno de los imputados al juzgado de Sanlúcar la Mayor para recoger “el atestado de la Guardia Civil, el auto, las diligencias previas del juez o el informe del fiscal, cualquier documentación oficial que nos arroje luz sobre lo que está pasando, porque ahora estamos a oscuras”, explican.

En el Ayuntamiento de Espartinas no valoran, de momento, “ni dimisiones ni ceses”. Defienden la legalidad y la transparencia de todos los contratos, y sostienen que no existen vínculos contractuales entre los políticos y los funcionarios imputados y las empresas de jardinería investigadas. A la espera de conocer con detalle los indicios delictivos que han valorado el juez y la Fiscalía para ordenar estas imputaciones, la alcaldesa sopesa presentar ante el Ministerio Público una denuncia por “acoso”, adjuntando las más de 30 denuncias anónimas que ha recibido su Gobierno y que han sido archivadas.