El agente, que continúa en su puesto de trabajo a pesar de haber sido multado con dos millones de euros, ha iniciado un proceso para echar a sus inquilinos. Estos pagan entre 300 y 750 euros por una «casa» de máximo 15 metros cuadrados, llena de humedades y oscuridad
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En la calle Joan Miró de Palma, tras las fachadas reformadas y los locales de ocio que inundan la zona de Gomila, un subsuelo se oculta bajo la penumbra. Son trasteros y habitáculos sin ventanas ni ventilación, con humedades que se adhieren a la ropa y a la incertidumbre de sus habitantes. En ellos malviven decenas de personas que pagan entre 300 y 750 euros en mano al policía local que los alquila de forma fraudulenta, y que el año pasado fue detenido por arrendar ilegalmente estas infraviviendas sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad. En medio de la grave crisis que atraviesa la vivienda en Balears, los trasteros de Joan Miró son una fotografía del colapso habitacional: un lugar donde el derecho a techo se juega en un mercado depredador y donde los que menos tienen son quienes pagan más cara su pobreza.
Además de soportar la pésima situación en la que habitan, los inquilinos se enfrentan ahora al desahucio, instado por el propio agente que explota las infraviviendas, sin tan siquiera contar con un lugar adonde ir. “Llegará ese momento en que tenga que dejar este sitio y, cuando llegue, tendré que buscar dónde ir. No quiero quedarme en la calle, solo quiero un lugar digno para vivir”, cuenta Reina, de 65 años. “Tengo ganas de quitarme este problema de mi mente. Es una pesadilla. Pero la otra parte del problema es que no encuentras nada. Está muy complicado”, lamenta esta inquilina, cubana de 65 años, cuyo lanzamiento estaba previsto para este jueves y, finalmente, ha sido paralizado.
En declaraciones a elDiario.es, Reina, visiblemente afectada por la situación, afirma que ha llegado a plantearse la posibilidad de buscar en la península: “Pero cuando sale algo tienes que estar en ese momento allí. Si no, es imposible llegar a tiempo”. Junto al desalojo de Reina también ha sido frenado el de una familia con tres hijos, dos de ellos menores de edad. Stop Desahucios ha pedido la paralización de todos los lanzamientos instados o que pueda instar el policía local, así como la reconexión de los suministros que han sido interrumpidos en las últimas semanas. Asimismo, exige la expropiación inmediata de las propiedades, afeando que las administraciones públicas “no se den por aludidas”.
Una de las estancias del sótano en el que se ubican las infraviviendas
Los enseres y objetos personales, entre el moho y la suciedad que se acumula en los húmedos pasillos del subsuelo
Trabajadores precarizados y familias migrantes
Mientras alrededor hoteles de primera categoría asoman al mar y el lujoso palacio de Marivent –residencia estival de la familia real en Mallorca– se erige sobre una ladera frente a la bahía de Palma burlando su recuperación en favor de la ciudadanía, una treintena de personas sobrevive en la oscuridad de las infraviviendas. Hace varios días se les cortó el suministro eléctrico e intentan salir adelante con neveras portátiles y cocinas con bombonas de butano. Mientras entran y salen, irrumpe Joan Segura, portavoz de Stop Desahucios, para proporcionarles enseres y alimentos.
Los trasteros se encuentran cerca de hoteles de primera categoría que asoman al mar y del lujoso palacio de Marivent, residencia estival de la familia real en Mallorca
Desde hace al menos dos años, el policía local comenzó a alquilar decenas de estos habitáculos a personas vulnerables: trabajadores precarizados, familias migrantes, madres con niños pequeños, personas mayores o cuidadoras a quienes les es imposible hacer frente a los desorbitados precios de la vivienda en Mallorca. Y es que, según un estudio de Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano en Balears se ha encarecido un 124% respecto a hace 20 años. En los últimos tres, el coste ha aumentado un 59,1% mientras los salarios lo han hecho en un 7%, de acuerdo a los datos proporcionados por el portal inmobiliario y la plataforma InfoJobs.
El archipiélago es, además, la autonomía en la que más años de salario se requieren para poder afrontar la adquisición de un hogar: de acuerdo al índice de esfuerzo inmobiliario elaborado por Sociedad de Tasación, los compradores de Balears necesitan dedicar 20,1 años de salario íntegro para poder comprar una vivienda, frente a los 7,6 años que se requieren a nivel estatal. Respecto al alquiler, el año pasado las islas fueron, según el Observatorio del Alquiler, la segunda provincia con los precios más caros, con una media de 1.598 euros al mes por vivienda. Asimismo, los ciudadanos de las islas destinaron el 61% de su salario al pago del alquiler, mientras, en paralelo, miles de pisos se reservan para alquiler turístico o permanecen vacíos a la espera de subir aún más su valor.
La oscuridad y la humedad se ciernen sobre las infraviviendas
“Esta situación es un infierno”
Fue a principios de 2024 cuando la Policía Nacional y la Policía Local de Palma comenzaron a investigar al agente, que no solo cuenta con habitáculos en la zona de Gomila, sino también en las proximidades de la calle Manuel Azaña y las zonas de Foners, Lluís Sitjar y sa Indioteria. Una vez personados en los mismos, los agentes comprobaron que muchas de las infraviviendas carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de ‘vivienda’ de entre ocho y 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. En algunos de los trasteros también se encontró alguna bombona de gas con el consecuente riesgo para la vida en caso de escape.
Los agentes comprobaron que muchas de las infraviviendas carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de ‘casa’ de entre ocho y 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico
El agente municipal tenía instalado, además, un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, lo que le permitía manipular las facturas de la luz para que los ‘inquilinos’ pagaran más de lo consumido. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, el policía, una vez finalizaba su jornada laboral en comisaría, se encargaba de la gestión de los inmuebles. El Govern balear le impuso una multa de dos millones de euros por explotar las infraviviendas, pero continúa cobrando alquileres y presionando para vaciar los habitáculos.
El agente tenía instalado un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, lo que le permitía manipular las facturas de la luz para que los ‘inquilinos’ pagaran más de lo consumido
“Para mí esta situación es un infierno. Es muy desagradable”, confiesa Aránzazu, otra de las inquilinas. “Los únicos que pueden ayudar son los que no ayudan y se lavan las manos”, recrimina en relación con las autoridades públicas. Y prosigue: “Cuando llegue el momento tendré que buscarme la vida. Es casi imposible alquilar siquiera una habitación. La trabajadora social me dijo: ‘Tú busca y si encuentras algo, aunque sea más caro, yo te ayudo con el resto”.
Otra de las estancias comunes del sótano
“No puedo acabar en la calle”
Desde el Ajuntament de Palma alegan que se les ha ofrecido alternativas a los afectados y que, en el caso de la orden judicial de este jueves, el Consistorio se ha puesto en contacto con la familia para ofrecerle los servicios sociales correspondientes, informándoles que se encontraban en la lista para acceder a un centro de acogida. Fuentes de la corporación municipal aseguran a elDiario.es que la familia ha rechazado esta opción.
Dentro de estos trasteros de la calle Joan Miró, la luz eléctrica se corta cada dos por tres. Las humedades inundan las paredes y las goteras atraviesan el techo. Reina reflexiona: “Tengo 65 años y con esta edad no puedo acabar en la calle. No estoy acostumbrada a eso y nadie se lo merece”. La mujer recrimina la respuesta que les está dando el policía intentando echarles del edificio: “Con todo mi sacrificio y él sabiendo que todos los migrantes estamos trabajando en negro, que pasen estas cosas… Llegó a decirme que yo le debía dinero. Yo no le debía a él nada, porque con honestidad le pagaba en su mano y no nos daba un recibo”.
Tengo 65 años y con esta edad no puedo acabar en la calle. No estoy acostumbrada a eso y nadie se lo merece. Con todo mi sacrificio y él sabiendo que todos los migrantes estamos trabajando en negro, que pasen estas cosas… Llegó a decirme que yo le debía dinero. Yo no le debía a él nada
Reina, que trabajaba por horas haciendo los quehaceres del hogar en una casa, asegura que al principio no sabía “qué es lo que estaba pasando”. “El dinero que yo traje cuando vine a vivir aquí fue todo para él [en alusión al agente]. Entonces yo no tenía empleo. Hasta que empecé a trabajar como costurera. Le pagaba 350 euros más los gastos de todo”, continúa. ¿Y ahorita qué hacemos?“, se pregunta.
Reina, sentada, observa a otra de las inquilinas del sótano
Tras años de pagar en negro, de vivir sin contrato ni garantías, el propietario ha iniciado procedimientos judiciales para expulsarlos, acusándolos de impago o de no ser inquilinos legales. Se han paralizado algunos lanzamientos gracias a la intervención de Stop Desahucios Mallorca, que ha logrado, al menos de momento, frenar la expulsión de varios de los inquilinos. Pero el miedo en sus rostros cuando tocan a la puerta o cuando cortan la luz una vez más.
El propio policía, sin embargo, niega estar ejerciendo presiones sobre los actuales inquilinos, tal como aseguró a Diario de Mallorca. En un comunicado, el propietario asegura que “no hay acoso ni sabotaje, hay desahucios y señalamiento de lanzamientos judiciales”.
El propietario de los inmuebles es policía local de Palma. Ha sido multado con dos millones de euros por el Govern balear, pero sigue alquilando los trasteros y continúa en su puesto de trabajo. Él niega acosar a sus inquilinos
Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears, cuyos elevados precios se han convertido en un obstáculo para la población local frente a la elevada demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera, han llevado a la población más vulnerable a buscar alternativas para poder sobrevivir, como las caravanas y otros vehículos similares que se hacinan en varias zonas del extrarradio de Palma.
Los grupos de izquierdas de las islas han reclamado desde la oposición que el archipiélago sea declarado zona tensionada para limitar los precios de los alquileres. Sobre ello, el Consell Consultiu avaló el pasado mes de septiembre el artículo de la Ley de Vivienda estatal relativo a la declaración de zonas tensionadas, constatando que no vulnera la Constitución y contradiciendo así la postura del Govern balear del PP, que apelaba a la ilegitimidad de la normativa al alegar que invade competencias autonómicas en este sentido.
La población local, expulsada
Mientras tanto, organizaciones como Stop Desahucios insisten en que la solución pasa por la expropiación de estos espacios para convertirlos en vivienda pública de emergencia, y por un cambio en la política de vivienda que garantice derechos en lugar de perpetuar el negocio y la especulación. Pero el tiempo corre, y cada día que pasa es un día más de incertidumbre para quienes ya han perdido casi todo.
La situación de la vivienda en el archipiélago balear está expulsando a la población local, que en ocasiones se ve obligada a abandonar las islas. El problema es transversal: afecta a trabajadores de todo tipo, desde profesionales del sector servicios hasta a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasando por profesores o sanitarios, aunque golpea especialmente a las capas más vulnerables de la población, como los migrantes.
La ausencia de políticas públicas eficaces para resolver la problemática –o el nulo interés en implementar los mecanismos legales existentes– ha agravado un problema para el que los ciudadanos intentan buscar soluciones individualmente, como la proliferación de las autocaravanas como alternativa habitacional.
En este contexto, las organizaciones sociales critican que la Administración no plantee medidas ambiciosas para regular, entre otros, los precios del alquiler o para sacar al mercado las miles de viviendas que se encuentran vacías, más de 105.000 en las islas. Una cifra que en 2021 suponía un 23,9% más de las que había una década antes. Los colectivos también denuncian que la norma de liberalización del suelo rústico aprobada recientemente por PP y Vox no contemple frenar la presión de la vivienda turística ni ponga coto a la compra de segundas residencias por parte de extranjeros con elevado poder adquisitivo, garantizando por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenando con ello el incremento desbocado de los precios.
