Rajoy ha dicho que con el Gobierno de Sánchez han pasado «cosas impensables, inconcebibles y disparatadas». Ahora se acusa a su antiguo ministro de Hacienda de cambiar leyes para favorecer a las empresas que pagaban antes a su antiguo bufete, lo que resulta bastante inconcebible
El PP resta importancia a la imputación de Montoro
Teníamos la policía patriótica del Gobierno. Ahora le podemos sumar la Hacienda patriótica. La primera ejecutó sus operaciones a mayor gloria del presidente, Mariano Rajoy, para atacar a los rivales del Partido Popular. La segunda tenía un ámbito más restringido y se ocupaba de favorecer a las empresas que contrataban y financiaban al despacho de abogados fundado por Cristóbal Montoro antes de regresar al Gobierno como ministro de Hacienda, según la investigación judicial que se acaba de conocer. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, irá a juicio por el primer caso en 2026, junto a su secretario de Estado, Francisco Martínez.
Las expectativas son preocupantes para Montoro, que podría también acabar en el banquillo de los acusados, aunque él estaría mucho mejor acompañado. No sólo está imputado el exministro, sino que también aparecen con la misma condición otros nueve altos cargos de su Ministerio.
La política requiere de ciertas dosis de cinismo para ejercerla. No conviene pasarse, pero también es conveniente cuidar de tu salud mental si es tu obligación salir a defender a tu partido o a acusar al contrario. Rajoy está ya un poco de vuelta de todo y no le importa hacer una demostración que rompa las escalas. En el reciente congreso del PP, subió al escenario a demostrar lo muy molesto que está por los últimos escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez. No era Mariano El Chistoso ni El Lector del Marca. Era Mariano El Indignado.
Rajoy no ocultó su perplejidad: “Hemos visto de todo. Cosas que no podíamos ni siquiera imaginar. Cosas impensables. Inconcebibles. Disparatadas. Cosas que no se habían producido nunca”. Nunca se había visto que toda una cúpula de comisarios fuera capaz de fabricar pruebas falsas en investigaciones hechas a espaldas de la autoridad judicial. Nunca se había visto a una empresa conseguir que un Ministerio le hiciera un traje a la medida en los Presupuestos Generales del Estado. Como diría Mariano, inconcebible. Y todo eso ocurrió con su Gobierno.
Uno de los argumentos utilizados por Pedro Sánchez en su comparecencia del Congreso del 9 de julio fue afirmar que el PP tenía prisa por llegar al poder, porque tendrá que afrontar el próximo año toda una serie de causas judiciales en las que están implicados antiguos dirigentes. Algunos de esos casos existen, aunque parecía más un ejemplo de confundir los deseos con la realidad. Algo tenía que decir al pasar a la ofensiva.
Será porque en política siempre sale el sol después de la tormenta, pero seguro que Sánchez no se esperaba que un caso judicial del que casi se había perdido la pista por estar declarado secreto saliera en su rescate tan pronto. El ‘y tú más’ es poco efectivo cuando te refieres a investigaciones judiciales muy antiguas. Si se trata de algo que se está produciendo en tiempo real, el botín es más suculento.
El siempre hiperactivo Partido Popular se mostró remiso en responder a las alegaciones a cuenta de Montoro. O quizá fuera que los portavoces que salieron a opinar y responder preguntas no forman parte de su escuadrón más hábil en esas lides. Elías Bendodo afirmó que Montoro “no tiene ninguna vinculación laboral” con “el PP actual”. Siempre que sale algún presunto corrupto se desarrolla la teoría de que los partidos no tienen por qué responder sobre el pasado. Es como si esas prácticas ilegales hubieran ocurrido en otra era geológica y hubieran sido realizadas por personas que les son desconocidas.
El vicesecretario de Hacienda, del PP, Juan Bravo, intentó ser más imaginativo para ganar puntos. “Si hacemos un análisis amplio, yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen”, dijo en Antena 3. A fin de cuentas, sólo se les acusa de cambiar leyes o escribirlas con la intención de favorecer a una empresa privada relacionada con el entonces ministro de Hacienda. Las empresas gasísticas llegaron “a redactar los textos legales (del Gobierno), todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”, dice el sumario. ¿Qué es eso comparado con la gravedad intrínseca de un polvo pagado con dinero?
En la derecha vitaminizada y supermineralizada, no se derramaron muchas lágrimas por Montoro, uno de sus ministros menos favoritos, incluso despreciado por los ultraliberales. La razón es bien conocida. El ministro de Hacienda vulneró las promesas del PP y subió los impuestos cuando Rajoy llegó al poder. El primero que estafó a los que se habían creído esas intenciones en mitad de una brutal crisis financiera que afectaba a la deuda pública y la prima de riesgo fue evidentemente Rajoy. La inquina se la quedó sobre todo Montoro, porque se notaba que disfrutaba con estas decisiones o en las oportunidades en que tenía que explicarlas. De ahí que algunas de sus fotos que se convirtieron en memes del señor Burns.
Con Montoro y los impuestos, hubo ciertamente momentos insólitos. Al poco de llegar al Ministerio, el ministro llegó a conceder una entrevista en la que explicó no sólo que no iba a subir el IVA, sino por qué ese aumento sería una medida contraproducente. No pasó mucho tiempo hasta que hizo precisamente eso que no se podía hacer. A la derecha le molestó más que subiera el impuesto sobre la renta y que no tuviera ninguna prisa en reducirlo cuando la crisis empezó a atenuarse.
El PP de Rajoy entró en el Gobierno como siempre aparece este partido después de ganar unas elecciones. Como un tren sin frenos. Montoro se tomó su tiempo para acelerar hasta el punto de que amenazaba en público a colectivos enteros –actores, periodistas, tertulianos…– con lanzarles encima un batallón de inspectores fiscales armados hasta los dientes. Algunas de esas amenazas estaban personalizadas. Eso sí que estaba dentro del apartado de “cosas que no se habían producido nunca”.
Carlos Alsina contó el jueves lo que pasó cuando Montoro convocó a los responsables del programa de Onda Cero que él dirigía. Estaba muy enfadado con los comentarios que había escuchado sobre su gestión y en un momento dado pasó directamente a las amenazas: “Soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes? Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suba. Tenlo presente”. Un periodista de ABC fue investigado por Hacienda, incluidos varios miembros de su familia, por publicar varios artículos que reflejaban los favores que el Ministerio había prestado al antiguo bufete de Montoro.
Ese Montoro que era pintoresco y hasta guasón en ruedas de prensa y comparecencias parlamentarias se transformaba en privado en una versión fiscal de Miguel Ángel Rodríguez. El PP no para de sostener que nunca antes ha habido tantos ataques a la libertad de expresión y a los medios de comunicación como con el actual Gobierno de Sánchez. Quizá puedan seguir diciéndolo a partir de ahora porque alegarán que no conocen a nadie que se llame Montoro. Sería “disparatado” que le pregunten por él, por utilizar el lenguaje de Rajoy.