La imputación del exministro Cristóbal Montoro y parte de su equipo en Hacienda es un golpe directo a la ofensiva final del PP contra el Gobierno, tal y como confirma la rápida reacción del partido. En menos de 24 horas, se anunció el fin de la militancia de uno de los puntales económicos de la derecha en sus dos etapas al frente del Ejecutivo. Quien fuera ministro con José María Aznar y responsable de los recortes sociales más duros de la democracia durante el primer mandato de Mariano Rajoy está investigado judicialmente por cobrar a empresas a cambio de modificaciones legales. Él y ex altos cargos del PP en la Agencia Tributaria, la SEPI, Loterías del Estado, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude o gobiernos autonómicos.

Montoro fue un asistente fantasma al XXI Congreso Nacional del PP, celebrado este mismo mes de julio en Madrid. Estaba invitado y, según diversas fuentes, acudió a la jornada de clausura. No se sentó en las primeras filas, donde sí lo hicieron otros VIP. No se situó cerca del jefe de la patronal, Antonio Garamendi, ni de la que fuera su compañera de Consejo de Ministros, Fátima Báñez. Se colocó en uno de los márgenes del enorme plenario que congregó a más de 3.000 personas. Por eso no hay pruebas gráficas de su presencia.

Dos días antes, durante la inauguración del cónclave, intervinieron sus dos exjefes en el Gobierno. Primero fue el turno de José María Aznar, quien hizo una durísima intervención sobre la corrupción que afecta a Pedro Sánchez y el PSOE. El expresidente vaticinó que el destino del actual inquilino de la Moncloa será la prisión. Aznar habló de la “golfería estructural del ‘sanchismo”, y pidió “que los delincuentes dejen de estar en los despachos legislando y pasen a estar en la cárcel”.

El de Aznar fue uno de los discursos más aplaudidos en los tres días de congreso. Inmediatamente después intervino quien fuera su sucesor al frente del PP y, luego, en el Gobierno, Mariano Rajoy, quien hizo un alegato no solo sobre que su Ejecutivo fue limpio, sino que defendió su lucha “contra la corrupción”.

Fue precisamente bajo el Gobierno de Rajoy cuando se desplegó la trama que, según el juez, usó su posición en distintos puestos de la administración para beneficiar a empresas a cambio de pagos que se producían a través de una consultora que montó el propio Montoro, Estudios Económicos.

Feijóo subió al escenario a impregnarse del aura de Aznar y Rajoy ante las dudas que su liderazgo genera entre sus propios votantes.

El actual líder del PP ha presumido de haber atraído para diferentes tareas dentro del PP a algunos de los altos cargos de los gobiernos tanto de Aznar como de Rajoy. Desde cargos de asesorías más o menos concretas a través de la fundación Reformismo 21 (Báñez o Román Escolano) a la anunciada incorporación de Alberto Nadal en el Comité de Dirección a partir de septiembre. Ahí tiene asiento permanente Javier Arenas, por ejemplo.

Entre estas incorporaciones está la de Miguel Ferre, uno de los principales supuestos implicados en la trama. En 2023 ‘El Independiente’ publicó que Feijóo contaría con él como asesor. Apenas dos años después, en la dirección del PP han intentado desligar a su líder de quien, efectivamente, colaboró en la redacción del programa electoral para el 23J.

Fuentes de Génova aseguran que Montoro fue invitado al congreso del PP, junto a otros muchos exministros y personas relevantes en el partido. Pero no confirman oficialmente si asistió o no, pese a que todas las personas que entraron al recinto tenían que acreditarse para hacerlo. Y no desmienten que participara de forma efectiva en el programa de 2023. Las fuentes consultadas se limitan a asegurar que desconocen quiénes son las personas que “pasan papeles a todos los vicesecretarios”.

El PP además quiere quitar hierro al señalamiento judicial del propio Montoro. Este jueves, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quiso hacer pasar el caso por otro antiguo que fue “archivado”. A Montoro y Bravo les separan dos décadas y les une la procedencia. El primero es oriundo de Jaén; el segundo pasó buena parte de su vida en la localidad andaluza, donde accedió a la Inspección de Hacienda para ascender a delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y pasar luego a la política.

“La causa ya fue archivada. Iremos viendo cómo van los acontecimientos”, dijo Bravo, para sostener que “muchas normas” redactadas por Montoro y su equipo durante su mandato, y algunas bajo la lupa judicial ahora, “siguen vigentes”. “¿Si eran tan malas, por qué en siete años el PSOE no las ha modificado?”, preguntó.

También salió al paso el vicesecretario Elías Bendodo, quien ironizó con que el Gobierno de Sánchez “se muestre preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de siete años”.

Se suma a Gürtel, Kitchen… y Ayuso

El problema para el PP es que Feijóo ha situado la corrupción en el centro de su ofensiva final contra Pedro Sánchez. Un esfuerzo que ha tenido su recompensa, gracias también a las resoluciones judiciales que se han producido en los últimos meses: la corrupción se ha convertido en el segundo problema que los españoles perciben como el más grave, solo superado por la vivienda, según el CIS de julio.

Feijóo se esmera en que las causas que investiga la justicia y que afectan al PSOE y a su líder son las “peores” de la democracia. Tanto él como importantes dirigentes y exdirigentes del PP han destacado que nunca se ha vivido una situación como la actual, con la esposa y el hermano del presidente en los tribunales, el fiscal general al borde del banquillo y a sus dos secretarios de Organización en el partido imputados por, supuestamente, cobrar comisiones a empresas a cambio de obras.

Algo que no es ajeno al PP, el primer y, de momento, único partido condenado por corrupción en España. Hasta tres sentencias han confirmado que el partido que hoy lidera Alberto Núñez Feijóo se lucró de la trama Gürtel, un entramado que se extendía por diferentes niveles de la administración estatal, autonómica y local para cobrar a las empresas que recibían contratos públicos.

La sentencia de la Audiencia Nacional que sirvió de palanca para la moción de censura de 2018 dice expresamente: “Desde al menos el año 1998 hasta 2009, Francisco Correa creó y dirigió una estructura jerárquica organizada en torno a él, conocida como ‘grupo Correa’, con la finalidad de enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago, en este último caso, de la correspondiente comisión”.

Pero Gürtel es mucho más que esas tres sentencias. Varias de ellas están todavía pendientes de juicio, algunos de los cuales se celebrarán a la vuelta del verano.

Cuando Rajoy llegó al Gobierno, en 2012, ya había estallado la Gürtel. En 2012 estalló una derivada de ese caso, los papeles de Bárcenas. Es decir, la contabilidad completa del PP, incluidos los sobresueldos que se pagaban a dirigentes del partido con dinero negro, sin declarar a Hacienda y proveniente de las comisiones que se cobraba a las empresas, siempre según las investigaciones policial y judicial.

La reacción del Gobierno fue la de recurrir a un grupo parapolicial creado para crear pruebas falsas contra rivales políticos y ponerlo a trabajar en la destrucción de las pruebas reales que acorralaban al PP. La Audiencia Nacional investiga esta trama, denominada ‘Kitchen’, y el fiscal pide hasta 15 años de cárcel al exministro del Interior, Jorge Fernández.

También esta causa debería resolverse en los próximos meses. Como también se resolverá la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y a quien el fiscal reclama tres años y nueve meses de prisión por fraude fiscal y falsedad documental.

Ahora, la lista se completa con la sospecha de que el Gobierno de Rajoy también cobró por modificar leyes. Un lastre para la oposición de Feijóo.