La Fiscalía de Gipuzkoa ha abierto una investigación penal a raíz de una denuncia doble, de Ekologistak Martxan y de la asociación Haritzalde Naturzaleen Elkartea, por los accesos presuntamente irregulares a un chalé en Txalin, en la zona de Igeldo de Donostia. La casa es de la sociedad Tavaro XXI, tras la cual está Xabi Alonso, actualmente entrenador del Real Madrid y guipuzcoano de nacimiento, y su esposa, Nagore Aranburu. Por el momento no se han practicado diligencias, según fuentes judiciales, y el único movimiento que consta en el expediente es la incoación de las actuaciones, que data del 30 de junio, y la asignación del caso a una fiscal recién llegada a Donostia desde Toledo.

La denuncia recuerda como antecedente que la casa de Alonso y Aranburu, que recibió licencia urbanística en 2018, ya fue considerada ilegal por una sentencia emitida en 2024 por un juzgado de Donostia. En aplicación de la ley vasca de 2006 no es posible una reconstrucción de un caserío tradicional sin respetar unos mínimos. En este caso, la casa se levantó a 8 kilómetros del emplazamiento original y con estilo moderno, es decir, sin la “tipología rural típica de la zona”. También se autorizó un sótano de 500 metros cuadrados, muy por encima de lo permitido.

Este pleito, muy sonado, se encuentra recurrido. Lo ha hecho tanto el Ayuntamiento de Donostia como el propio Alonso. La pelota está ahora en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Recientemente, esta sala ya se ha pronunciado sobre otra polémica urbanística en la cercana Aia. En aquel caso, vinculado a la familia de una exconcejal del PNV. ordenó la demolición de una vivienda moderna por no respetar la reconstrucción de un antiguo caserío. El planteamiento municipal, en principio, pasa por que se realicen algunos ajustes en la cubierta de la casa, por ejemplo. En ningún caso contempla el derribo.

Pero la denuncia actual apunta a una nueva ilegalidad urbanística. Se indica que la parcela de Txalin está cerca de un depósito de agua y que hay un camino desde allí hasta la carretera de Igeldo, una zona de curvas de unos 300 metros. Se trata de una vía que “no es de uso público”, avisan Ekologistak Martxan y Haritzalde Naturzaleen Elkartea. Por eso “estaba cerrado con una cadena”. Pero Tavaro XXI recibió una licencia temporal de uso del camino. Los denunciantes sostienen que aquello era nulo pero, en todo caso, inciden en que ya ha caducado el plazo de cuatro años que se les habilitó.

Lo hizo en la primavera de 2025, en marzo. Sin embargo, sostienen que meses después “ni el Ayuntamiento ha recuperado el control exclusivo del camino ni Tavaro XXI ha dejado de utilizarlo para su uso particular”. Agregan que Alonso y su pareja son “plenamente conscientes” de este problema porque han “negociado” con un vecino disponer de otro acceso.

Plantean las plataformas ecologistas que cambiar la tipología del camino “no se justificaría por el interés general” sino para beneficiar a la carta a un particular. “El camino no lleva a ningún otro sitio que al depósito de aguas y, por lo tanto, su cambio de estatus no puede estar basado en la defensa de intereses generales sino en el interés particular de un promotor que ha decidido construir un chalé en suelo rural sin acceso”, argumentan. Añaden que ven una “concordancia espuria” o ilegítima de intereses.

Sin que la Fiscalía haya adoptado aún determinación alguna (tiene de plazo hasta el 30 de diciembre para decidir si judicializa o no el asunto), Ekologistak Martxan y la asociación Haritzalde Naturzaleen Elkartea aprecian varios delitos. Por un lado, sostienen que ha habido “prevaricación”, que implica la adopción de medidas injustas a sabiendas de que lo son. También aprecian otro delito urbanístico. Señalan como responsable al edil del PSE-EE Carlos García Hernández, delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos. Fuentes próximas a García Hernández remarcan que se incorporó al Ayuntamiento en 2023, es decir, cuando ya estaba concedida la licencia ilegal de la vivienda y también la temporal para disfrute del camino. Esa autorización para uso de la vía la firmó otro edil socialista, Miguel Ángel Díez Bustos.

Ekologistak Martxan y Haritzalde Naturzaleen Elkartea aseguran que es García Hernández el que debe actuar para recuperar el vial pero conceden que si, después de su declaración como imputado, si es que se produce, pudieran aparecer “nuevas personas involucradas en la decisión”, deberían ser investigados igualmente. La denuncia señala también otro posible delito, el de usurpación de bienes públicos. En este caso se le imputa a Tavaro XXI y, “en particular”, a Aranburu como “representante ilegal” de la sociedad.

En Donostia, la titular de Vivienda y Planificación Urbanística es Nekane Arzallus, de la parte del PNV de la coalición de Gobierno local. Este lunes, la edil de IU y de la coalición Elkarrekin Arantxa González le preguntó por Txalin en una comisión. González, que es la nueva coordinadora del partido en Euskadi desde hace unas pocas semanas, ve “muy llamativo” que Donostia esté estudiando autorizar un acceso a una vivienda que ya ha sido considerada ilegal por un tribunal. Asimismo, alertan de que si se acuerda el derribo lo más probable sería que la ciudadanía “tenga que pagar a escote” el desaguisado administrativo.

Al margen del pleito urbanístico en Donostia, Alonso tuvo también otro largo proceso judicial por fraude fiscal y el uso de una sociedad en Madeira del que quedó plenamente absuelto en varias instancias, la última el Tribunal Supremo en 2023. Alonso nació en Tolosa en 1981. Debutó como futbolista en 1999 con la Real Sociedad y se retiró en 2017 con el Bayern de Múnich. Ahora es entrenador y, después de triunfar en Alemania, lleva unas pocas semanas en el banquillo del Real Madrid.