Sumar recibió con satisfacción el paquete de medidas contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en el Congreso. Pero sus dirigentes creen que para poder sostener la legislatura el Ejecutivo tiene que activar las medidas más importantes del acuerdo de investidura que firmaron ambas partes de la coalición progresista hace dos años. Y una de ellas es la retribución de los permisos parentales y la mejora de las bajas por paternidad y maternidad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se lo reclamó en directo a Sánchez en su intervención durante la comparecencia en el Congreso sobre el caso Santos Cerdán. Desde la tribuna, sacó un decreto ya redactado y le pidió aprobarlo directamente en el próximo Consejo de Ministros.

“Le hemos dicho que hay que resetear la legislatura y sé que lo vamos a hacer. […] También con el real decreto de los permisos. Vamos a ampliar el permiso de nacimiento a 20 semanas. Vamos a cumplir con la directiva que exige la retribución de al menos cuatro semanas. Vamos a decirles a las familias monoparentales españolas que tienen derecho a 34 semanas como ya han dicho los tribunales españoles. La semana que viene, presidente, presentaremos esto en el Consejo de Ministros. Esperamos el compromiso de los votos del Partido Socialista para sacarlo adelante”, le anunció Díaz.

El partido de la vicepresidenta, Movimiento Sumar, ya había presionado a su socio de Gobierno a comienzos de semana para tratar de movilizar esta medida que aunque ha copado quizás menos titulares que la reducción de jornada puede tener un impacto fenomenal para las familias y convertirse en una carta electoral muy importante para el Gobierno y para el conjunto del espacio político hoy articulado alrededor de Sumar.

Son dos tipos de permisos. Por un lado está la ampliación a 20 semanas del tiempo que se pueden tomar madres y padres por el nacimiento de un hijo. En el acuerdo de investidura, PSOE y Sumar incluyeron esta medida y por otro lado la remuneración de al menos una parte de los permisos parentales de cuidado de ocho semanas, que los padres y madres pueden tomarse durante los primeros ocho años desde el nacimiento de su hijo.

El Gobierno aprobó vía decreto la legislatura pasada la creación de esos permisos de ocho semanas por cuidados, pero no su remuneración. Por eso el compromiso del acuerdo de investidura contemplaba la remuneración de las primeras cuatro semanas, algo que el Ejecutivo debe cumplir por obligación de la directiva europea sobre conciliación aprobada en 2019.

España de hecho se enfrenta a una multa de casi 10 millones de euros por no haber retribuido hasta ahora ese permiso, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. 9.760 euros por día, argumentan de forma más gráfica.

Hasta ahora, la parte socialista del Gobierno había ido atando la negociación de esta medida a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que, sin embargo, ha ido prorrogando ante la falta de apoyos parlamentarios. La inclusión de la retribución de los permisos ya fue una de las cuestiones más espinosas durante la negociación del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar en noviembre de 2023.

Una negociación desde la pasada legislatura

Pero la resistencia del PSOE a implementar esta medida viene de mucho más atrás. El Ministerio de Derechos Sociales durante la pasada legislatura, en la etapa de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya libró una dura pelea para intentar que ese permiso por cuidado, que iba dentro de la Ley de Familias, fuese retribuido. Si no al completo, sí al menos una parte, cuatro semanas, como propone ahora Sumar. Aquella ley salió del Consejo de Ministros en marzo de 2023, casi al final de la legislatura, pero no incorporó la remuneración. Tampoco llegó a votarse en el Congreso por el adelanto electoral de aquel año, aunque la parte socialista del Gobierno aceptó que el permiso se aprobase desgajado del proyecto en un real decreto.

El problema de que las ocho semanas no sean retribuidas, según las críticas de los sindicatos, es que introduce a ese derecho un importante sesgo de género que provoca que acaben pidiéndolo sobre todo las mujeres y esas tareas de cuidado queden únicamente en sus manos.

El principal argumento del PSOE en todos estos años de negociaciones ha sido el ingente volumen de dinero que supondría para las arcas públicas. Es por eso que esperaban a una negociación presupuestaria para abordar la cuestión. Pero después del giro de Sánchez en política exterior para llevar el presupuesto en Defensa hasta el 2,1% del PIB, en la izquierda la excusa de los socialistas sobre el elevado coste de la medida empieza a irritar. Más aún cuando el Estado ya está pagando ingentes cantidades en concepto de multa a la Unión Europea por no implementar la medida.

Por todo ello, los partidos de Sumar y especialmente los ministerios de Trabajo y de Derechos Sociales, con Pablo Bustinduy al frente, han elevado la presión en las últimas semanas. Si tiene que haber un “reseteo” de la legislatura, como pidió Díaz tras reunirse con Sánchez hace unas semanas, debe pasar por la aprobación de medidas como esta, que alcanzan a un gran sector de la población y trascienden al electorado de izquierdas. En la coalición calculan que esta política alcanza a unos siete millones de progenitores.

“Es una de las principales medidas sociales recogidas en el Acuerdo de Gobierno y a la que no se estaba dando cumplimiento. Vamos a garantizar que las familias tengan esta medida aprobada antes de que vuelvan a empezar las clases”, trasladan fuentes de Movimiento Sumar.

Sumar quiere aprobar el decreto este mes

Aunque Díaz avanzó desde la tribuna su intención de que esos permisos vayan directamente al Consejo de Ministros de la próxima semana, para llegar a ese paso, debido a su relevancia presupuestaria, la medida tiene que pasar por varios órganos dentro del Gobierno, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y la denominada CG6, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, antes de su aprobación definitiva.

La idea que manejan en los ministerios de Díaz y Bustinduy, que firmarán el texto de forma conjunta, es que el decreto esté aprobado en Consejo de Ministros antes del parón veraniego de agosto, para que el Congreso pueda convalidarlo ya a la vuelta, en alguno de los plenos ordinarios de septiembre.

Para que el decreto salga del Gobierno, los ministros de Sumar tienen que convencer primero a la parte socialista, y sobre todo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en el pleno arqueaba las cejas mientras Díaz avisaba de que llevarían la medida próximamente.

“Si se niegan tendrán que explicarlo”, trasladan en la coalición, que buscan con esta medida cerrar el curso con la moral recuperada. Esta será una negociación importante, pero no la única. En el último pleno del mes, el 22, si no hay cambios, el Congreso debatirá las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Vox y Junts a la ley para la reducción de la jornada laboral. Sumar tiene, por tanto, menos de diez días para convencer al partido de Carles Puigdemont para que o bien retire la enmienda o bien vote en contra.

De momento, las conversaciones no han producido demasiados avances. Si los de Yolanda Díaz consiguen ambas victorias, podrán irse tranquilos de vacaciones después de un curso que de nuevo ha sido muy duro para el Gobierno y también para el espacio plurinacional.