Mientras el presidente Pedro Sánchez se calcina con los casos de corrupción que salpican a sus dos últimos secretarios de Organización en el PSOE –el exministro José Luis Ábalos (imputado) y Santos Cerdán (encarcelado), el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, trata sin éxito de convencer a los socialistas andaluces de que la corrupción no es el mejor caballo al que apostar una remontada en las próximas elecciones autonómicas.

Pero la corrupción multifuncional está destinada a ser, una vez más, protagonista de las urnas y Moreno parece haber asumido que su principal rival, antaño acomplejado por el escándalo del caso ERE que los barrió del Gobierno andaluz, se ha deshinibido lo suficiente como para atacarle con denuncias de fraude y cuestionando la integridad de su gabinete.

La Junta empezó minimizando las acusaciones de la izquierda, que ha interpuesto dos querellas criminales por las supuestas irregularidades en la sanidad pública en la contratación a dedo de cientos de millones con clínicas privadas. Pero dos juzgados han abierto diligencias y la Fiscalía Anticorrupción investiga ya al Gobierno de Moreno por prevaricación y malversación de fondos. En una de estas causas, la Junta ha admitido que puede haber un delito y se ha personado como responsable civil subsidiaria de un menoscabo de fondos que aún no está cuantificado.

En paralelo a estas investigaciones, y ante la ofensiva judicial y política de la oposición de izquierdas, Moreno ha optado por cambiar a los responsables de todos los órganos de control interno y externo que fiscalizan su Gobierno: en marzo de 2024 designó a un exconsejero de su gabinete –Alejandro Cardenete– presidente de la Cámara de Cuentas, algo que no tiene precedentes en esta institución. En enero de 2025 cesó a la interventora general de la Junta que había elevado la alarma por el abuso de los contratos menores en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), uno de los casos que terminó judicializado.

Esta semana, el Parlamento andaluz ha aprobado, con los votos de PP y Vox, el nombramiento de un nuevo director para la Oficina contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), un puesto que llevaba vacante un año. En enero de 2024 este organismo pidió en un informe sancionar al entonces director general de Pesca y Agricultura de la Junta, José Manuel Martínez Malia (PP) por incurrir en un conflicto de intereses por la concesión de ayudas públicas a dos sociedades pesqueras de sus hermanos y de las que él mismo fue socio.

Moreno le mantuvo en su puesto, a pesar del informe, pero quien dimitió cinco meses después fue el responsable del informe y director de la Oficina Antifraude, Ricardo Puyol, alegando que temía no poder recuperar su plaza en la Audiencia de Granada tras el acuerdo de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

En el último Pleno del periodo de sesiones, que se celebra en dos semanas, el Parlamento aborda la renovación de otra institución de contrapeso a la Junta: el Defensor del Pueblo Andaluz, cuyo titular, Jesús Maeztu, lleva un año en funciones. Los populares han impuesto a su candidata, la actual director de Cruz Roja Andalucía, muy contestada por los grupos de izquierdas porque formó parte de la lista electoral del PP por Cádiz en 2015. Para que salga elegida necesita una mayoría reforzada de tres quintos (66 votos), que los de Moreno dan por seguros gracias a su negociación bilateral con Vox.

Acción, reacción

Cada uno de estos nombramientos ha tenido consecuencias inmediatas que han encendido el debate político: el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía paralizó la investigación en curso sobre el abuso de contratos menores en la Junta en 2022, alegando que no debía obstaculizar la instrucción judicial sobre el mismo asunto.

La oposición le acusó de trabajar al servicio de Moreno, porque la instrucción judicial sobre los contratos menores no aborda el mismo año bajo supervisión en la Cámara de Cuentas. Además, en 2022 Cardenete ocupó el puesto de viceconsejero de Turismo y de consejero de Educación, desde donde se adjudicaron a dedo algunos de los contratos a dedo bajo sospecha y, según la ley, el presidente del órgano de fiscalización debió inhibirse en la votación que paralizó la auditoría externa al verse afectado por un posible conflicto de intereses.

El PSOE, de hecho, reaccionó anunciando que llevaría este asunto ante la Oficina Antifraude, otro órgano de control que llevaba descabezado un año, un puesto que el PP se apresuró a renovar esta semana, designando al presidente de la Audiencia de Córdoba, el juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano, después de pactarlo con Vox (el nombramiento requería una mayoría reforzada de tres quintos de la Cámara).

Otro momento polémico fue el cese de la interventora general de la Junta, María Antonio González Pavón, responsable del informe de actuación que alertó a la Consejería de Hacienda del abuso de los contratos menores en el SAS, y del fraccionamiento masivo e indebido de esta figura –encadenando hasta 700 contratos de pequeñas cantidades con la misma empresa y por el mismo servicio– para “conculcar la ley”.

Esa denuncia se replicó en los informes desfavorables de los interventores provinciales del SAS en las ocho provincias, denunciando tanto la contratación de emergencia sin anclaje legal, como el troceamiento de contratos menores. La destitución de la interventora general precedió a un nuevo nombramiento, el actual inspector jefe, que fulminó de una tacada a cinco de los auditores que trabajaban para su antecesora.

Juanma Moreno abandona el Parlamento antes de finalizar su intervención en la sesión de control en protesta por la reacción de la bancada socialista.

Los populares se han servido de su mayoría absoluta (58 diputados) y del apoyo de Vox para reformar algunas de estas instituciones de control, pero recuerdan que el PSOE actuaba de manera similar cuando reinaba en Andalucía en tiempos de Manuel Chaves.

Las izquierdas acusan a la Junta de entorpecer la labor judicial –enviando la documentación requerida por los jueces desordenada y a destiempo–, de “laminar” los organismos de control interno del Gobierno autonómico –con el cese de la interventora general y su equipo– y de “colonizar” los organismos de fiscalización externa de la Junta, tanto la Cámara de Cuentas como la Oficina Antifraude.

Y así, el PSOE se ha adueñado de esta última acusación –“la colonización de las instituciones”– que el PP explota a diario para denunciar la supuesta politización de algunos organismos del Estado: “el CIS de Tezanos, el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido o la Fiscalía General del propio Pedro Sánchez”.

“Ustedes manosean todas las instituciones de control. Ahora no buscan un nuevo Defensor del Pueblo, sino un defensor de Juanma Moreno”, le ha espetado esta semana la portavoz socialista, María Márquez, al presidente andaluz durante la sesión de control, soliviantando a toda la bancada popular que montó una algarabía de protesta. El dirigente popular, en un gesto poco común, abandonó el edificio dejando su intervención a medias y acusando al PSOE de montar un espectáculo en la Cámara para tensionar el ambiente político.

Campaña electoral perpetua

La corrupción es ya el leit motiv del debate parlamentario en Andalucía: la esgrime PP y Vox en las sesiones de control al Gobierno de Moreno, que mutan en una fiscalización en diferido contra Pedro Sánchez y, por extensión, contra su número dos, la vicepresidenta, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

La usan también los grupos de izquierdas en la Cámara –socialistas, Por Andalucía y Adelante Andalucía–, que llevan un año chocándose contra el muro de la mayoría absoluta del PP, con vetos a un debate monográfico sobre el desgaste de la sanidad pública –principal foco de conflictividad social en esta comunidad– y vetos a una comisión parlamentaria de investigación sobre las supuestas irregularidades en la contratación pública que investiga la Fiscalía Anticorrupción y dos juzgados (uno en Sevilla y otro en Cádiz).

Hace meses que Andalucía respira un año electoral precipitado –a menos de ocho meses para la disolución de la Cámara– y vive instalada en la incertidumbre de si se abrirán primero las urnas para las generales, para las autonómicas, o para las dos a la vez. No hay un día en el Parlamento que no se hable de elecciones, incluido el presidente de la Junta, que es el único que tiene potestad para convocarlas, y que lleva semanas jugueteando con las posibles fechas del calendario.

Moreno asegura que no habrá adelanto, que los comicios serán “cuando tocan” –primavera de 2026–, y que a final de año aprobará los últimos Presupuestos Autonómicos de la legislatura (garantizándose un próximo año de estabilidad, ante el riesgo de perder la mayoría absoluta y volver a depender del apoyo de Vox). A partir de febrero de 2026, en las postrimerías del 28F –día de Andalucía– “ya todo será campaña electoral”, dicen en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta.

En realidad la precampaña ya ha empezado para todos y es la corrupción una de las arenas políticas donde se va a librar la próxima batalla, en un contexto de polarización total entre derechas e izquierdas. Moreno se lamenta de la polarización, de la que culpa a Sánchez y a Vox, porque teme verse aplastado en ese sándwich, en unos comicios donde la gente vote (y vote mucho) por pulsión ideológica, por frenar al de la trinchera contraria.

También ha advertido a sus oponentes de que “en una lucha en el barro”, en alusión a la corrupción como elemento de fricción política, “todos acabamos manchados y los ciudadanos ya no distinguen a unos de otros”. La antipolítica vence, la democracia se resiente, y gana el populismo. Pero este discurso no ha apaciguado el debate público andaluz, más encarnizado desde que Montero sustituye a Juan Espadas como líder del PSOE–A y rival de Moreno en las urnas.

La vicepresidenta primera ha bajado a Andalucía mullida a palos de la contienda nacional y no quiere dar respiro a un presidente andaluz que, dice, representa al mismo PP duro de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. “Juanma no es moderado, es educado”, insiste Moreno, buscando grietas en la armadura inoxidable que protege al líder popular.