La llegada de cientos de migrantes al Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares desde noviembre de 2023 ha creado un clima de tensión en la ciudad por el aumento de los discursos de odio propiciado por la derecha y la extrema derecha que gobiernan el municipio. Eso es lo que denuncian varias organizaciones sociales que intentan llegar adonde la administración no lo hace con el colectivo migrante. Mientras tanto, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en Madrid se entrecruzan acusaciones en torno a la criminalidad en la ciudad y la falta de información.

La conflictividad ha escalado desde que el pasado 28 de junio un residente del centro violara presuntamente a una joven de 21 años en las inmediaciones del mismo. El 2 de julio fue detenido un hombre maliense por estos hechos, y ya cumple condena provisional. Sin embargo, esta agresión sexual ha servido para que organizaciones de extrema derecha utilizaran el enfado de los vecinos para propagar sus mensajes racistas.

Dos concentraciones en repulsa del centro se han saldado con disturbios con la Policía y varios detenidos. Tanto PP como Vox, al frente del Consistorio, han reclamado el cierre del centro. El culmen llegó con una pintada en las inmediaciones de este enclave situado en el acuartelamiento Primo de Rivera. “Negros al cementerio”, rezaba, acompañada de una esvástica.

Justicia para la víctima, sin racismo

Alcalá Acoge es una plataforma formada por organizaciones y activistas que se han unido para acompañar a los migrantes a su paso por la ciudad complutense. “El discurso de odio empezó incluso antes de abrirse el CAED. Pensaban que vendrían delincuentes de todo tipo, cuando en realidad aquí hay hasta menores”, explica Blanca Aller, una de sus integrantes. Desde su punto de vista, en este año y medio de funcionamiento del centro se ha dado “una integración normal y convivencia pacífica” de los usuarios.

Colectivos vecinales de izquierdas se manifiestan en Alcalá de Henares en solidaridad con la víctima de violación del pasado 28 de junio con el lema «Sin racismo ni excusas»

Los mensajes xenófobos habían pasado a un segundo plano hasta la violación que sufrió una joven en junio. “La persona que lo haya hecho es un canalla que le ha destrozado la vida a una chica”, comenta Aller. Ella misma es la que explica cómo esto ha sido utilizado por los partidos de derecha para azuzar la idea de cerrar el centro. “Aquellas personas que hace unas semanas negaban la existencia de la violencia de género de repente son los grandes adalides de la mujer”, añade. La activista considera que “el odio comienza desde el momento en que responsabilizas a todos los migrantes del delito cometido por uno de ellos”.

Desde Alcalá Acoge critican la repercusión mediática auspiciada por PP y Vox de esta violación. Sin embargo, según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se produjeron en Alcalá 13 agresiones sexuales con penetración. “¿Dónde estaban entonces? ¿Por qué no convocaron a los medios por estas víctimas? ¿Solo les importan si el agresor es un migrante?”, se pregunta Aller. Por eso, diversos colectivos, sindicatos y partidos de izquierda convocaron una concentración tres días después de la violación en la que enarbolaron un mensaje: “Justicia para la víctima. Sin racismo ni excusas”.

Víctimas de primera y de segunda

El miedo a que Alcalá se convierta de nuevo en el epicentro del movimiento neonazi en España es algo presente en sus calles. Durante las concentraciones en repulsa del CAED, impulsadas por Revuelta, las juventudes de Vox, y los ultraderechistas de Núcleo Nacional, se escucharon cánticos como el Cara al sol acompañados de numerosos saludos fascistas, así como mensajes que criminalizaban al colectivo migrante en su totalidad.

Rocío Martín, la coordinadora de Alcalá Entiende, la asociación LGTBI+ de la ciudad, recuerda cómo grupos de neonazis “salían a cazar”, en sus propios términos, durante los años 80 y 90. “Cualquiera que haya vivido aquí lo sabe. Era público y notorio, y estaban amparados por la Policía. Esperemos que no se vuelva a eso”, añade.

Pero no solo son problemáticos los mensajes de odio, sino su materialización. “Nuestra compañera Yulia sufrió una agresión tránsfoba en enero y la alcaldesa no salió a denunciarlo en ningún medio de comunicación. Si ahora le dan bombo a la detestable violación que sufrió esta otra vecina de Alcalá es porque la ha cometido una persona negra. Parece que hay víctimas de primera y de segunda”, defiende Martín.

Patrullas vecinales contra los migrantes

La asamblea del Centro Social 13 Rosas ha sido uno más de estos colectivos que arropan y acompañan a los migrantes que llegan a la ciudad. “Yo misma con mi hijo he ido a jugar al baloncesto con varios de ellos y varias vecinas les han llevado bebida y la merienda. El odio ha venido después de la violación”, considera la portavoz de este colectivo, Nani Martínez. Esta activista se muestra tajante sobre la agresión: “El peso de la ley debe caer sobre esta persona, y debe ser juzgada igual que lo sería una persona española”.

Manifestantes en la concentración en solidaridad con la víctima de violación en Alcalá de Henares tras las revueltas racistas de colectivos de ultraderecha

Martínez recalca que ni PP ni Vox han realizado declaraciones sobre las agresiones sexuales con penetración acaecidas durante el primer trimestre de 2025. Según datos oficiales, en Alcalá se han producido cinco delitos de este tipo en ese periodo. “Es evidente que quieren lanzar su mensaje de odio. Las víctimas y las mujeres les dan igual, tanto al PP como a Vox, Revuelta y Núcleo Nacional”, opina.

Ya se han creado patrullas vecinales en la ciudad que recorren los alrededores del CAED autodenominadas “Caballeros de los Tercios”. “No solo quieren hostigar a los migrantes, sino también a las trabajadoras que les acompañan”, asegura la portavoz, quien agrega que “el odio está y nosotras seguiremos luchando desde la calle y los movimientos de base para hacer frente al fascismo”.

Criminalización preventiva de los migrantes

Vox no ha respondido a las preguntas planteadas por elDiario.es. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá incide en que uno de sus principales problemas es “la absoluta falta de transparencia” por parte de Delegación del Gobierno, con Francisco Martín a la cabeza. “Solo conocemos ciertos hechos relacionados con el CAED cuando se producen delitos flagrantes, como el caso de la reciente violación”, se quejan. A pesar de que los datos sobre criminalidad son públicos, el Consistorio complutense exige que les informen de “cada caso y en qué contexto se produce”.

Desde la Delegación explican, por su parte, que “la señora Piquet, la señora Díaz Ayuso y el señor Abascal llevan meses dedicándose a la criminalización preventiva de los migrantes en general, basándose en la nada, respondiendo a prejuicios profundamente racistas”. Según esgrimen, “esos señalamientos se traducen en las calles, en violencia, amenazas, en pintadas vomitivas”.

El Ayuntamiento complutense calcula que actualmente en el CAED conviven unas 1.700 personas. “El Ayuntamiento desconoce incluso los perfiles de las personas acogidas o su situación administrativa, lo cual dificulta gravemente la planificación de servicios esenciales como la seguridad, la limpieza, el transporte o la atención social”, explicitan.

La Delegación liderada por Martín responde que en Alcalá de Henares se han registrado 17 delitos asociados a residentes del CAED, sobre 10.000 personas que han pasado desde su apertura. En el mismo periodo, se han registrado 14.500 delitos en el municipio con 207.000 habitantes, según sus datos.

Además, consideran que la criminalización de los migrantes por parte de la alcaldesa, Judith Piquet, “se ha traducido en discursos de odio en las calles, lamentables disturbios en Alcalá promovidos por formaciones fascistas, investigados por la Policía Nacional por sus acciones violentas, y pintadas gravísimas en los muros de este centro que acoge a personas migrantes”. Por otro lado, la regidora está investigada por la Justicia por la presunta filtración de un informe policial que terminó en manos del secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, y que utilizó para ligar inmigración con inseguridad.

A favor de la inmigración “ordenada”

Será la propia alcaldesa quien defienda el cierre del Centro en una moción que se debatirá en el próximo Pleno municipal, este martes 15 de julio. Se suma así a la tesis planteada por Vox desde antes de la apertura del enclave. “Este Ayuntamiento defiende una política de inmigración ordenada, regulada y respetuosa con la convivencia. El modelo impuesto por el Gobierno de Sánchez, Saiz y Marlaska ha fracasado y está teniendo un coste real para Alcalá”, arguyen.

No se han pronunciado sobre por qué esta vez, tras la violación, sí convocaron a los medios de comunicación, a diferencia que en los casos de violación ocurridos en 2024 y primer trimestre de 2025. Sobre la pintada racista con una esvástica aparecida hace unos días en las inmediaciones del CAED el Consistorio alcalaíno ha afirmado que “es un hecho absolutamente condenable, que rechazamos con toda firmeza y sin matices”. Y han añadido: “Este tipo de mensajes son inaceptables y no representan en absoluto el sentir de la inmensa mayoría de nuestros vecinos. No vamos a permitir que el legítimo debate político o la petición de cierre del CAED se confunda con discursos de odio o racismo”.

El día a día a pie de calle

Mientras todo esto tiene lugar en declaraciones cruzadas y platós de televisión, algunos vecinos de Alcalá hacen frente a este odio enseñando castellano a los migrantes, acompañándoles a realizar cualquier trámite administrativo o yendo con ellos a un centro de salud “para evitar que otro ciudadano migrante muera dentro del CAED”, como ya ha pasado, recuerda Aller, la integrante de Alcalá Acoge. Martínez, desde el 13 Rosas, agrega que suelen organizar actividades de ocio, deportivas y culturales con ellos.

La misma Aller finaliza: “Yo le pido a la gente que piense qué haría ella si se tuviera que buscar una vida mejor más allá de su país, aunque no esté perseguida. Cuando llegan a España, se les obliga a esperar dos años para poder trabajar. Eso les lleva a hacerlo ilegalmente y caer en manos de gente sin escrúpulos que les hace vivir en unas condiciones indignas. Que sepan que esta gente es la que cuida a nuestros mayores y la que recoge la fruta que nos comemos, pero ni siquiera se les considera ciudadanos”.