Puede ser más por conveniencia que por amor, pero el matrimonio que Pedro Sánchez ha suscrito con ERC es para toda la legislatura. Tanto es así que la alianza está a punto de sentar las bases para el nuevo sistema de financiación para Catalunya, uno de los grandes proyectos que los republicanos han arrancado a fuerza de sostener hasta dos gobiernos socialistas, el del propio Sánchez y el de Salvador Illa en la Generalitat.

El presidente del Gobierno, que pasa uno de los momentos más apurados de su vida política por la profundidad del cráter que ha abierto el caso del triángulo Cerdán-Ábalos-Koldo, está dispuesto a acelerar en la carpeta de la financiación, con la que los socialistas entienden que dan continuidad a la legislatura.

Solucionar el tema de la financiación es un verdadero sudoku. Por una parte, requiere cumplir un acuerdo firmado con ERC y, por otra, poner de acuerdo a una mayoría en el Congreso a la vez que levantar las menos ampollas posibles con el resto de comunidades.

La complejidad de la negociación se ha vuelto a demostrar este sábado. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha querido marcar perfil propio y ha advertido a los socialistas de que para cerrar del todo el apoyo de ERC al nuevo modelo serán necesarias “concreciones” en la reunión entre Ejecutivos del lunes, al tiempo que ha remarcado que la Hacienda catalana no puede estar “subordinada” a la estatal y ha reclamado su “blindaje”.

Desde el Gobierno entienden que ha llegado el momento de lanzarse ya que, paradójicamente, puede aportar estabilidad. Es, para empezar, la forma de afianzar sus relaciones con un socio clave en Madrid y en Barcelona como es ERC, pero también porque apuntala definitivamente la presidencia de Illa, que ha hecho del nuevo sistema fiscal una de las bases de su mandato.

Los detalles que se conocen del nuevo modelo, avanzados por elDiario.es, se marcan como objetivo que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) sea capaz de inspeccionar, recaudar y gestionar todos los impuestos, pero plantean una primera fase muy centrada en la recaudación de algunos tributos importantes, como es el IRPF, a partir del próximo año.

Para conseguirlo, el itinerario pactado es una modificación de varias leyes, entre ellas la de financiación de las comunidades (LOFCA), que es orgánica, lo que requiere mayoría absoluta.

Esta modificación legal será una primera prueba de fuego para el proyecto, pues deberá reunir un consenso en el Congreso que hasta la fecha nunca se ha visualizado. Los únicos votos que, a priori, están garantizados son los del PSOE, ERC y los dos grupos vascos. A partir de aquí, todo son dudas.

Sumar no debería de ser un problema para que la reforma de la LOFCA, aunque es conocido que en la formación conviven sensibilidades favorables al modelo, como los Comuns, con otras menos proclives, como dejó claro el portavoz económico de la formación, Carlos Martín Urriza, en las páginas de este diario.

Más dudas hay con Compromís, cuya diputada Àgueda Micó acaba de abandonar el grupo de Sumar. En su momento la formación mostró muchos recelos ante el pacto catalán y advirtió que debía solucionar también la cuestión valenciana, un territorio muy castigado por el actual sistema de financiación. Pero, en la medida que el modelo que se imponga en Catalunya podría ser generalizable, la parte de Compromís tampoco resultaría una barrera infranqueable.

Podemos es, igualmente, una formación que ha mostrado distancias ante los planes de la financiación “singular” de Catalunya, pese a lo que también es una formación que aboga por avanzar en la plurinacionalidad y, concretamente, solucionar la cuestión de la infrafinanciación de la Generalitat.

¿Y Junts? La pregunta se la hacen en Moncloa pero también en la calle Calàbria, sede central de ERC, donde ya cuentan con que los de Carles Puigdemont tratarán de echar tanta agua como puedan al vino que llegue de Hacienda, pero que no creen que puedan llegar a boicotear la ley en el Congreso.

Aunque con nombres y lenguaje dispar, en el acuerdo del PSOE con Junts para la investidura de Sánchez figura una intención muy similar a lo que ahora se pone en pie. “Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”, rezaba aquel texto de noviembre de 2023.

Singular, ¿y plural?

El modelo de financiación pactado entre ERC y el PSC da la vuelta a la forma en la que hasta el momento se habían financiado las comunidades de régimen común (es decir, todas menos Euskadi y Navarra). Hasta ahora el Estado recaudaba, obtenía los fondos y los repartía entre las comunidades, siguiendo una serie de parámetros.

Ahora, en el caso de Catalunya, será la propia Generalitat quien recaude la parte de impuestos que le toque. Y, se supone, también deberán modificarse esos parámetros de reparto para garantizar, entre otras cosas, la ordinalidad, es decir, que después de las transferencias ningún territorio pierda puestos en financiación por habitante.

A ese modelo se le ha llamado “singular” bajo la idea de que así se garantizaba la singularidad de Catalunya, pero en Hacienda están seguros de que es un modelo generalizable para todas las comunidades que lo deseen. Un aspecto contra el que ERC no peleará.

La cuestión de extender el modelo catalán a otras comunidades es una carta que el Gobierno ya ha comenzado a jugar ante amigos y enemigos. Este mismo viernes la ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, retaba a su oponente, el presidente andaluz, Juan Moreno Bonilla, a reclamar para su comunidad el mismo modelo que prevén para Catalunya.

“Federalizaremos más las competencias en materia de gestión tributaria o en materia de la Hacienda Pública para todas las comunidades autónomas que quieran desarrollar sus estatutos de autonomía”, ha asegurado Montero.

Una tramitación larga y que ata al independentismo

Aunque será la primera de otras que están por venir si se acaba desplegando por completo el modelo de financiación catalana, la tramitación de esta primera modificación legal no será coser y cantar.

Para empezar, no comenzará hasta septiembre y podrían pasar meses hasta que llegue a puerto. El límite es, obviamente, el inicio de la campaña de la renta de 2026, que suele comenzar a finales de marzo o principios de abril.

Hay un margen de siete meses, por tanto, durante los cuales también debería avanzarse en otras muchas cuestiones, la más importante de todas la redimensión de la ATC, tanto a nivel personal como material. Pero, además, debería pactar la participación porcentual del Estado en los tributos, que será la forma ideal para que la Generalitat transfiera directamente a la Hacienda central su financiación, así como calcular y pactar la cuota de solidaridad entre territorios.

Un trayecto del todo escarpado y que liga a Sánchez a los independentistas durante meses, incluso años, si quieren llevar a buen puerto el que, descartada la independencia, es el proyecto más ambicioso que ha puesto en marcha el catalanismo en varias décadas.

Para ERC, la financiación singular bien vale un matrimonio pocas veces feliz con Sánchez. Para el presidente, volverse a situar en el terreno de la política y la búsqueda de mayorías, por complicada que esta sea, y fajado a socios que no pueden abandonarle, como ERC, y a importantes apoyos como Salvador Illa, supone, al menos, poner tierra de por medio con unos escándalos de corrupción que han amenazado con derribar a su Gobierno.