El fiscal de la causa de la dana considera que la jueza “debería apartar inmediatamente de la causa” a las acusaciones que no formulan acusación contra los investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. “Entendemos que la instructora debería apartar inmediatamente de la causa a las acusaciones populares que no formulan acusación, por cuanto las acusaciones —como su nombre indica— no son observadoras imparciales del procedimiento y deben acusar o ser expulsadas”, afirma el Ministerio Público en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. La única acusación popular que descartó vehementemente que haya indicios de criminalidad penal en la actuación de los dos investigados, tal como ha informado este diario, fue la que ejerce el letrado Juan Chapapría (militante del PP muy cercano al expresident Francisco Camps), en representación del partido Valores. Otras acusaciones populares, como la que ejerce Vox, no excluían tan claramente la existencia de indicios contra Pradas y Argüeso, aunque consideraban “precipitado” pronunciarse al respecto en esta fase de la instrucción.

El representante del Ministerio Público ha recurrido el auto de la magistrada instructora que rechazó la agrupación de acusaciones.

El escrito del Ministerio Fiscal “rechaza de plano” los argumentos de la jueza instructora para descartar la agrupación de las acusaciones, tanto particulares como populares, en el procedimiento. La magistrada, en una resolución del pasado 4 de julio, rechazó la petición de la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, argumentando que la unificación “limitaría” el derecho de las acusaciones, “sin que se garantice la mayor brevedad en la práctica de las declaraciones”.

Por el contrario, el fiscal Fernando Maldonado asegura que las numerosas acusaciones personadas, tanto particulares como populares, “han causado un notable retraso en la tramitación de la causa”, con “numerosos” recursos de reforma y apelación contra las resoluciones de la jueza. “Tiempo y esfuerzo que la Instructora no valora a la hora de determinar posibles retrasos en la administración de justicia”, señala.

Las acusaciones, según reprocha el representante del Ministerio Público, han pedido “con insistencia” imputaciones de “numerosas” personas que ya habían sido previamente denegadas (especialmente de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y del jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez).

“Ciertas” acusaciones particulares y populares, lamenta el fiscal, “se resisten” a aceptar la acotación de las imputaciones a la exconsellera Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Una acotación, recuerda Fernando Maldonado, que fue avalada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

El escrito considera que la existencia de diligencias indebidas “es una realidad que la propia Sala puede observar tras la resolución de los numerosos recursos de apelación tramitados y resueltos”.

Críticas a las acusaciones populares de los partidos

El fiscal tampoco ve claro que la enorme distancia ideológica entre acusaciones (desde Vox hasta el PSPV-PSOE, Compromís o Podemos) justifique que no se unifiquen: las posiciones “claramente contrarias” de “naturaleza política” no “pueden ni deben condicionar su actuación procesal”, afirma.

“El proceso penal no es el lugar para que los partidos políticos y asociaciones expongan sus programas electorales o fines sociales, por lo que su unificación ni es imposible ni es una anomalía procesal, como la experiencia nos demuestra a diario en la práctica de juzgados y tribunales”, manfiesta el Ministerio Fiscal.

El hecho de que haya 38 partes personadas en el procedimiento provocaría que un eventual juicio oral fuera una vista “difícilmente manejable”, según dice el fiscal.

“Notables” dilaciones indebidas

Ante las “notables” dilaciones indebidas, la “escasa o nula aportación procesal de las acusaciones” y el “exigible equilibrio entre acusaciones y defensas”, el fiscal solicita que las populares designen una “única defensa y representación” o que, en su defecto, se nombre a Podemos (la primera que se personó en la causa).

Para las acusaciones particulares, el representante del Ministerio Público propone que “de forma voluntaria elijan a sus representantes en los actos procesales, que no deberían exceder de cinco, salvo que se acrediten intereses contrapuestos e irreconciliables”. “En caso de desacuerdo, podrían coordinar la acusación las cinco primeras acusaciones constituidas como parte”, apostilla.

Pradas propone dos populares y tres particulares

Por otro lado, la defensa de Salomé Pradas ha recurrido en apelación el auto de la jueza que descartó la unificación de las acusaciones. El recurso, al que ha tenido acceso este diario, solicita que se agrupen tanto las acusaciones particulares como las populares por “agilidad procesal” y “eficiencia y operatividad” de una causa que, “por su magnitud, emplea sesiones y sesiones, que previsiblemente se van a extener durante meses”.

Así, los abogados de Pradas propone y “entiende razonable” que se unifiquen las acusaciones en dos populares y tres particulares. De no lograrse acuerdo, la defensa pide que sea la instructora la que asigne la agrupación, “combinando los criterios de pluralidad ideológica respecto a las acusaciones populares como el de temporalidad, para las acusaciones particulares, seleccionando a las tres primeras personadas”.