“Es un mito ser periodista por haber pasado por la facultad. Pájaras como tú, con las rodilleras y mamándosela a los políticos, sois un cáncer para este país”. Este es el texto de un tuit que escribió Bertrand Ndongo en marzo de 2024 para referirse a la periodista parlamentaria de Infolibre Marta Monforte. Ndongo, que fue asesor de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid y es afiliado y agitador ultra de Vox, lleva años acreditado en el Congreso (ahora por la web Periodista Digital), años en los que se ha dedicado a insultar y acosar a periodistas y políticos de izquierda, interrumpir ruedas de prensa y hacer imposible la convivencia y el civismo dentro de una institución basada en el debate público, la sede de lo que Habermas definía como la “democracia deliberativa”, el parlamento garante de la libertad y la igualdad y baluarte contra la autocracia.

Ndongo escribió aquel tuit para apoyar a Vito Quiles, asesor de la formación de Alvise Pérez y acreditado en el Congreso por EdaTV, plataforma del propagador de bulos Javier Negre. Quiles había interrumpido reiteradamente a la periodista Marta Monforte en una rueda de prensa, impidiéndole realizar su trabajo. Es solo un ejemplo del lucrativo negocio al que se dedican Quiles y Ndongo y sus patrocinadores. Espóiler: no es el periodismo. Lo suyo responde a una estrategia política consistente en hacer viral y rentable el odio, la polarización y la deshumanización del adversario, no solo político, también mediático. Vale todo: acosar a políticos y periodistas (de izquierdas) en la puerta de su casa, fotografiar a sus familias, insultar y alentar el insulto para que los adversarios “no se atrevan a salir a la calle”. Todo ello disfrazado de libertad de expresión y de prensa cuando jamás han respetado el derecho del ciudadano a recibir información veraz y plural ni los códigos deontológicos de una profesión que desconocen.

La reforma del reglamento del Congreso que permite dejar sin acreditación de prensa a los agitadores ultra enciende aún más el falso debate sobre la libertad de expresión trasladado a España desde el corazón del trumpismo. En su nombre se legitima la difusión de la mentira y se elimina toda barrera ética y moral. El caso Quiles se resume desde esa orilla ultra en que el poder no quiere que se hagan preguntas incómodas, despreciando a periodistas que trabajan para medios de líneas editoriales muy diversas que con su trabajo y sus preguntas han fiscalizado y puesto contra las cuerdas a políticos de todos los partidos sin necesidad de faltarles al respeto o empujarles agresivamente por la calle. El periodismo tiene obligaciones y normas deontológicas muy claras cuya finalidad última es que el ciudadano tenga acceso a una información veraz de fuentes independientes, diversas y plurales, algo incompatible con el negocio de Vito Quiles y los suyos.

Es grave que Quiles y Ndongo, a sueldo de partidos de ultraderecha, se dediquen a propagar odio y enfrentamiento en plataformas y redes sociales, pero lo es aún más que lo hagan en la sede de la soberanía del pueblo español y símbolo de la democracia, el Congreso, que no puede regirse por los mismos códigos que un reality show, un tuit o un debate en la barra del bar. El insulto, el linchamiento, las injurias y el acoso verbal y hasta físico no forman parte del derecho a defender las ideas ni del deber de periodismo como fiscalizador del poder. El ejercicio de la información parlamentaria se debe sustentar en el respeto mutuo entre políticos e informadores y comportamientos como los de Quiles y Ndongo suponen una violación de las normas profesionales y parlamentarias. Defender la democracia y la libertad de expresión también es evitar que el Congreso se convierta en una plataforma más dedicada al lucrativo negocio de expandir el odio entre los ciudadanos.