El expresidente Francisco Camps colocó al abogado Juan Chapapría en la primera fila del acto de este miércoles en el que anunció que disputará el liderazgo en el PP valenciano al president Carlos Mazón, seriamente cuestionado por su gestión de la dana. Se trata de un convencido ‘campista’ que lleva afiliado al PP desde los 16 años y que también representa, en su faceta profesional de abogado, una de las acusaciones populares en la causa de la dana, en la que defiende a capa y espada la actuación diligente de los dos investigados, la exconsellera del PP Salomé Pradas y el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso.

Chapapría proviene del PP de Torrevieja, en la comarca de la Vega Baja, donde trató de disputarle el liderazgo a Eduardo Dolón, dirigente de los populares en la localidad muy cercano a Mazón. Más allá de las luchas internas en el seno del PP valenciano, se da la circunstancia de que Juan Chapapría representa como letrado en la causa de la dana al minúsculo partido Valores, presidido en la Comunitat Valenciana por Andrés Ortiz Perona. Paradójicamente, se trata de una acusación popular que se ha posicionado más bien como defensa de los dos únicos imputados.

Por su parte, Francisco Camps compatibiliza la oficina de expresident, en la que cuenta con un chófer y una secretaria, con su trabajo en el despacho de Pablo Delgado, el abogado que ejerció su defensa en las últimas causas en las que estuvo imputado o procesado y de las que fue absuelto. Chapapría cuenta con Camps como ‘Of Counsel’ (una suerte de consejero externo) en su bufete, con sede en València, Alicante y Murcia.

“Hace dos años y medio, los dos decidimos que íbamos a poner en marcha un proyecto político”, explica Juan Chapapría en una conversación telefónica con este diario. “Me siento muy identificado con Francisco Camps”, apostilla.

El abogado celebra la decisión de su amigo de postularse para disputar el liderazgo del partido al actual secretario general e inquilino del Palau de la Generalitat, Carlos Mazón. “La decisión esté tomada y es irreversible, no tiene marcha atrás”, advierte.

Chapapría no oculta el malestar de los nostálgicos del ‘campismo’ con la poca empatía de Mazón hacia el expresident, que cosechó las más sonadas mayorías absolutas de los populares valencianos y al que el actual jefe del Consell ni siquiera se dignó a llamar tras su absolución en la última pieza separada del ‘caso Gürtel’ en la Audiencia Nacional. “No es él quien genera el problema”, afirma el letrado. “Francisco Camps quiere volver y, ante el apoyo visible por todos, lo mínimo es sentarse y preguntarle”.

También lamenta las pocas ganas de Mazón y la actual dirigencia del PP valenciano de convocar un congreso: “Ellos sabrán, cuanto más tiempo prolonguen esto, la opción de Camps más peso va a tener, el tiempo corre a su favor”.

Una acusación popular en defensa de los imputados

Aunque Chapapría no se corta en criticar el liderazgo interno de Carlos Mazón, siempre en el marco de la batalla interna por la “restitución” de Camps en su partido, en la causa de la dana comparte al dedillo el argumentario del jefe del Consell.

La acusación popular de Valores que representa como abogado Juan Chapapría ostenta una posición llamativa. Formalmente, figura en el procedimiento como acusación. Pero no ve indicios de responsabilidad penal de los imputados por un presunto delito de homicidio imprudente, según explicaba en un escrito del pasado 27 de junio al que ha tenido acceso elDiario.es.

El letrado considera que “ninguno” de los dos investigados —la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso— “permaneció pasivo ni omitió sus responsabilidades bajo su control”. Chapapría se ha erigido, como acusación popular, en uno de los máximos defensores de Pradas y Argüeso, de los que asegura que “consta su implicación continua, directa y coordinada con los medios operativos, dentro de los límites de la información disponible y del marco competencial que les correspondía”.

“Su actuación, lejos de ser negligente, fue técnicamente ajustada y acorde con los protocolos establecidos”, afirmaba el escrito. Una postura que ya quisieran los dos imputados para todas las acusaciones, tanto particulares como populares.

Las conclusiones de Chapapría llamaron la atención de la jueza instructora, quien destacó en un auto del pasado 4 de julio que algunas acusaciones populares se alinean con las “tesis” de las defensas o “directamente descartan” que existan indicios de responsabilidad penal de Salomé Pradas y Emilio Argüeso el 29 de octubre, día de la dana que dejó 228 fallecidos.

La dana, un fenómeno “excepcional” e “imprevisible”

Chapapría enmarca los hechos en una “situación meteorológica absolutamente excepcional”. “Ambos investigados”, agregaba, en su escrito “comparecieron voluntariamente y prestaron declaración extensa y detallada, aportando datos verificables, explicaciones coherentes y documentación acreditativa”.

Para la acusación popular que ejerce Valores, de las declaraciones del pasado 11 de abril por parte de los dos investigados “se deduce que ambos actuaron en tiempo y forma dentro del ámbito competencial que les correspondía, según la normativa vigente”. “Ninguno de ellos omitió intencionalmente acciones necesarias, ni se abstuvo de cumplir con funciones que estuvieran bajo su responsabilidad directa”, apostilla el escrito.

El abogado Juan Chapapría, a la salida de la Ciudad de la Justicia de València tras una de las declaraciones de la causa de la DANA.

En definitiva, a juicio de Chapapría, la dana fue un evento “de fuerza mayor”: un “fenómeno excepcional, imprevisible y ajeno a la voluntad de los intervinientes, que impidió reaccionar con la eficacia deseable y quebró la cadena de causalidad necesaria para cualquier imputación penal”. “Al menos en lo que respecta” a Pradas y Argüeso, apostilla.

El letrado asume en su totalidad las tesis del Gobierno de Mazón, del PP y de las defensas de ambos investigados relativas a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y al papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). También asegura que el sistema Es-Alert estaba el pasado 29 de octubre “en fase experimental”. Tanto Pradas como Argüeso protagonizaron una “actuación diligente”, según el escrito de Chapapría.

Su estrategia, explica a este diario el letrado, consiste en “no poner solo el foco en la responsabilidad autonómica”, administración que ostentaba el mando único de la respuesta a la catástrofe, sino en cuestionar también el papel de la Aemet y de la CHJ. “No somos partidarios de acusaciones populares con una función predeterminada sin conocer los hechos de la instrucción”, asegura Chapapría.