Las universidades públicas andaluzas están (otra vez) en pie de guerra contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno. No sólo la de Granada, también la de Jaén, Málaga, Sevilla, Córdoba y el resto de campus públicos se sienten golpeados por una política que, denuncian, “asfixia” financieramente al sistema público mientras abre la puerta a la expansión de las universidades privadas.

El último motivo del choque ha sido la autorización de hasta 34 nuevos títulos para tres universidades privadas, muchos de ellos ya existentes en la oferta pública y con escasa empleabilidad, mientras se rechazan o frenan grados y másteres en campus consolidados en las academias públicas. Para la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), que agrupa a los rectores andaluces, se trata del punto más alto de una estrategia deliberada para “mercantilizar y privatizar” la educación superior.

Este clima de enfrentamiento no es nuevo entre la Junta y las universidades públicas en los últimos tiempos, como lo demuestran los encontronazos recientes a cuenta de la financiación. Ahora el Gobierno de Moreno acaba de autorizar un grado de estudios especializados (y de mucho potencial) a una academia privada, a la par que negaba el mismo a las universidades de Granada y Jaén.

Ahí es donde ha saltado la chispa, pero el fuego de la discordia se ha extendido en seguida a otras tres provincias, poniendo en jaque al Ejecutivo, que esta semana se ha apresurado a ofrecerles una segunda oportunidad para impartir dicho grado, intentando frenar la escalada de tensión.

Los rectores de Granada y de Jaén han visto en las últimas semanas cómo la Universidad de Loyola, en Sevilla, obtenía el visto bueno para impartir el grado en Ingeniería Biomédica, al tiempo que la UGR y la UJA se quedaban sin él. Granada, además, perdía los títulos del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, el Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias de la Salud y el programa de Doctorado en Arquitectura, coordinado por la Universidad de Sevilla y con la colaboración de la de Málaga.

Denegaciones que desde la UGR no se entienden, argumentando que los informes de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) que se oponen a estas titulaciones no son suficientemente claros. Tal es el nivel de malestar en la comunidad educativa, que incluso el Ayuntamiento y la Diputación de Granada se han alineado contra la Junta y en favor de la universidad granadina, pese a estar ambas gobernadas por el PP.

La tensión ha ido escalando en los últimos días, merced a la presión ejercida por las diferentes universidades públicas andaluzas, agrupadas en la AUPA, que denuncian que el Gobierno de Moreno está dándole un trato de favor a las privadas. El portavoz de AUPA y, a la sazón rector de la Pablo de Olavide (Sevilla), Francisco Oliva, considera sorprendente que la consejería del ramo, a través de la Accua, rechace titulaciones en el sistema público, a la par que ha aprobado hasta “34 nuevos títulos de tres universidades privadas” que, puntualiza, en muchos casos ya están repetidos en las universidades públicas y que, por otro lado, apenas tienen empleabilidad. Algo que levanta las suspicacias de la AUPA.

“Privatización y mercantilización”

En un comunicado conjunto, firmado por las nueve universidades públicas andaluzas (todas salvo la UNIA), la AUPA ha elevado el tono contra lo que califican como una estrategia deliberada de “privatización y mercantilización del derecho a la educación superior”. Señalan que la autorización de esos 34 títulos privados por parte del Gobierno andaluz no es un episodio aislado, sino el “punto álgido” de una política que, lejos de ser inocua, ahoga cada vez más al sistema público.

Y lo hace, apuntan, por varias vías: desde la asfixia financiera a las negativas sistemáticas de programas estratégicos, al tiempo que se da luz verde a grados en centros privados que ya están sobradamente cubiertos por la oferta pública y cuya empleabilidad, avisan, es más que dudosa.

Desde la AUPA dan ejemplos de esta política: en la propia elaboración del mapa de titulaciones 2025-2029, la Junta inadmitió el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que proponía la Universidad de Córdoba, alegando “baja empleabilidad específica”. Paradójicamente, ese mismo título figuraba en la cartera de la Universidad CEU Fernando III, una de las privadas que ahora multiplican su oferta. Más reciente, la ya mencionada denegación del Grado en Ingeniería Biomédica para Granada y Jaén, cuando sí ha recibido el visto bueno para Loyola Andalucía.

La consecuencia es que los primeros estudiantes andaluces que se gradúen de este título lo harán de una disciplina que tiene una altísima demanda, pero saliendo de un campus privado sin apenas recorrido en Ciencias de la Salud, mientras se veta la oportunidad a dos universidades con décadas de experiencia en ese terreno. Tampoco pasó el filtro el programa de doctorado en Arquitectura que impulsaban de forma conjunta Sevilla, Granada y Málaga.

Para las rectoras y rectores andaluces también es preocupante la opacidad con la que, denuncian, se manejan los datos de las privadas. Mientras mediáticamente ha sido rápido conocer qué títulos públicos superaban el corte y cuáles no, con sus tasas de éxito bien detalladas, de las privadas poco o nada se sabe. “Esa ocultación deliberada de información, tan relevante para la sociedad, no parece justificada”, lamenta el comunicado de AUPA.

Las universidades públicas no solo reclaman transparencia y rigor, sino que advierten de que cada paso que da la Junta en esta dirección consolida un modelo universitario que ya no sirve para garantizar la igualdad de oportunidades, sino para perpetuar y acrecentar las desigualdades sociales. Señalan que la proliferación de títulos privados en áreas ya cubiertas fuerza a muchas familias a endeudarse para acceder a carreras que podrían estudiar en la pública si no hubieran sido vetadas. Todo ello, recuerdan, mientras se presume de calidad y se engordan las estadísticas a golpe de nuevas acreditaciones.

Por eso, el rector de la Pablo de Olavide y presidente de AUPA, Francisco Oliva, insiste en el “firme rechazo” del sistema público a la oleada de títulos aprobados para las privadas. “Sorprende no sólo por su número, sino porque muchos de esos títulos están repetidos y tienen escasa empleabilidad”. Más difícil aún les resulta a las universidades comprender cómo se ha dado luz verde al proyecto de la Universidad Utamed, pese al voto unánime en contra de los diez rectores andaluces, un “nuevo hito en la estrategia de mercantilización, privatización y falta de igualdad que venimos denunciando desde hace tiempo”.

La Junta adelanta plazos

Fruto de la presión ejercida por las universidades públicas, la Junta ha empezado a mover ficha. La Consejería de Universidad ha anunciado que permitirá a las públicas cuyos grados y másteres han recibido recientemente un informe negativo volver a presentar sus solicitudes ya en septiembre, sin esperar al plazo ordinario de enero de 2026. El objetivo es que, si esta vez consiguen el visto bueno, puedan implantar esas enseñanzas en el curso 2026/2027 y no se pierda más tiempo.

Además, la Junta reforzará la Agencia Accua con dos nuevos funcionarios, uno para la subdirección de evaluación y otro para apoyo técnico, tras meses sin dirección efectiva y en medio de un colapso que ha dejado a cientos de estudiantes preinscritos en titulaciones que luego fueron tumbadas en plena adjudicación. Un anuncio que las universidades reciben con cautela: el propio Oliva ha reclamado “una refundación de la agencia y un cambio de filosofía muy importante”, para que Accua esté realmente “al servicio de las universidades y de la calidad del sistema universitario”.

Mientras tanto, el Gobierno andaluz sigue defendiendo su modelo con datos que presentan una realidad distinta a la que denuncian desde AUPA: el 93% de los títulos universitarios en Andalucía los imparten centros públicos, 22 puntos por encima de la media española.

En másteres, el porcentaje se dispara al 95%. Con estas cifras en la mano, el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, rechaza de plano que exista un proceso de privatización. A su juicio, la aprobación de esos 34 títulos se debe en buena medida a que la nueva universidad Utamed está obligada por ley a arrancar con al menos 22 programas simultáneos. Y niega la supuesta “asfixia” económica que denuncian los rectores porque la Junta presume de la mayor financiación para el sistema público de su historia, con más de 1.750 millones.

Con todo, el malestar en las universidades públicas andaluzas está lejos de disiparse. Para ellas, el problema no es solo de cuotas o de fotos fijas, sino de hacia dónde camina el sistema. Y el rumbo, a juzgar por los últimos episodios, sigue girando peligrosamente en dirección contraria a la igualdad de oportunidades que la universidad pública debe garantizar.