El Gobierno asume que la Generalitat recaudará todos los impuestos que se generan en Catalunya y que el Estado se quedará con una parte a través de un porcentaje de participación en dichos tributos. Este es, según ha podido saber elDiario.es, uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el nuevo modelo de financiación singular de Catalunya, cuyos últimos flecos están terminando de perfilar esta semana ambas administraciones para presentarlo el próximo lunes en la comisión bilateral Estado-Generalitat, que se celebrará en el Palau de la Generalitat.

El acuerdo, que será “de calado”, según fuentes de ambos gobiernos, contempla otros dos aspectos relevantes. En primer lugar, que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) será quien gestione, recaude y obtenga todos los impuestos y que este traspaso se llevará a cabo de forma gradual. Se empezará, como ya estaba previsto y anunciado hace un año, por el IRPF en 2026, los expertos consideran que es el impuesto más territorializable y más vinculado a la capacidad fiscal, al que se le sumarán otras figuras tributarias menores.

El segundo es que se respetará lo que los técnicos llaman el principio de ordinalidad. Es decir, que una vez repartidos los recursos destinados al reequilibrio territorial (solidaridad), el volumen de recursos per cápita de las comunidades más ricas no puede quedar por debajo del de las más pobres, como ocurre hoy, no sólo con Catalunya, y dejar, en cambio, comunidades sobrefinanciadas (como Cantabria, Extremadura, La Rioja, Asturias o Galicia). La ordinalidad es una línea roja para Catalunya.

El acuerdo que ambos gobiernos firmen en la comisión bilateral del próximo lunes tendrá una materialización inmediata en la proposición de ley que PSOE y ERC pretenden registrar en los próximos días en el Congreso. En ella ambos partidos introducirán una serie de cambios legislativos, entre ellos un retoque de la ley orgánica de financiación (LOFCA), que permitirá que el Estado delegue en la Agència Tributària catalana la recaudación del IRPF y otros impuestos menores, como el de matriculación o el IVA de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Esta primera reforma legislativa para la delegación de la recaudación será el rompehielos para el resto de modificaciones legales que deben llegar más adelante y probará hasta qué punto hay mayoría en el Congreso para avalar el proyecto pactado entre Hacienda, el Govern y ERC. Las tres partes asumen que tanto este primer cambio legislativo como otros que también deberán impulsarse requerirán de una complicada negociación con todas las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

Un acuerdo blindado

Otra de las cuestiones en las que los negociadores han trabajado es en el “blindaje” del nuevo modelo más allá del momento inicial, una salvaguarda que exigían los independentistas para no estar obligados a sostener el Gobierno de Sánchez ‘sine die’. “Es evidente que nunca puedes garantizar que un nuevo gobierno no revertirá una arquitectura jurídica, pero siempre da más seguridad la modificación de una ley orgánica que un convenio”, explican fuentes de la negociación.

Estos cambios son suficientes para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para quien “el modelo de financiación que defendemos tiene tres patas: que la recaudación se haga desde Catalunya, que se mantenga el criterio de ordinalidad y que se reduzca el déficit fiscal”, manifestaba esta semana el portavoz de la formación republicana, Isaac Albert. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, también se mostraba “convencida” de que la bilateral cumplirá con el pacto de investidura firmado hace un año con la formación que lidera Oriol Junqueras.

La reunión de este lunes se centrará en acordar la arquitectura del nuevo modelo y en establecer los cambios normativos, no en las cifras. Los cálculos de la aportación de Catalunya al Estado por los servicios que presta (a través de un porcentaje de participación en los tributos) y del mecanismo de solidaridad se dejan para más adelante. El Govern guarda bajo llave todos los escenarios y cálculos que ha trazado su grupo de expertos desde hace semanas para las negociaciones que vendrán.

Según cálculos de elDiario.es contrastados con varios expertos con datos de la liquidación de 2021, solo con que se respete el criterio de ordinalidad Catalunya obtendría unos ingresos extras de entre 6.000 y 10.500 millones de euros, en función de si se tiene en cuenta cuenta la paridad de poder de compra (no cuesta lo mismo vivir en Barcelona que en Badajoz).

Adiós a la paga mensual del Estado

Aun sin cifras, el acuerdo que se rubricará este lunes supone un gran vuelco al sistema actual, puesto que se pasa de un modelo en el que el Estado es quien recauda y abona en función de un complejo sistema de anticipos y liquidaciones a las comunidades, a tener capacidad financiera total desde el primer momento.

Con el modelo actual las comunidades no disponen de todo el dinero que se genera en su territorio hasta al cabo de dos años. Cada mes de julio, el Ministerio de Hacienda suele llevar a cabo dos cosas a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): primera, dice a cada comunidad lo que le pagará el año siguiente para que pueda ir elaborando sus presupuestos. ¿Cómo lo hace? Primero estima lo que recaudará el año siguiente, calcula la cantidad que le toca a cada comunidad, la divide por 12 y cada mes le transfiere un anticipo. En segundo lugar, hace la liquidación de hace dos años, es decir, en caso de que sus estimaciones se hubiesen quedado cortas, abona la diferencia. Y lo contrario, pero no acostumbra a pasar.

En 2022, último año liquidado, el Gobierno subestimó el anticipo para el conjunto de comunidades en 20.500 millones de euros, 4.324 millones en el caso de Catalunya, casi 3.000 millones en el de Andalucía y 2.685 para la Comunitat Valenciana, según la liquidación de los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.

Con este cambio, la Generalitat podrá disponer de todos los recursos que se generan en Catalunya al instante, más de 52.000 millones de euros, casi la mitad por IRPF, según datos de 2021. No dependerá de la paga mensual del Estado ni de sus estimaciones. El modelo no gana sólo en transparencia, sino que incrementa la capacidad financiera de la comunidad. También el riesgo financiero que asume, pero en eso consiste el autogobierno.

En este sentido, lo que para ERC supone una salida del régimen común, el Gobierno ha previsto que el modelo pactado para Catalunya pueda ser extendido a cualquier comunidad autónoma que también lo solicite.

La llamada “financiación singular” fue una de banderas del Govern de Pere Aragonès y, en julio de 2024, acabó formando parte del acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Los socialistas dejaban atrás su pretensión inicial, que era una agencia tributaria catalana consorciada con la estatal, y abrazaban la defensa de un modelo que suponía la recaudación por parte de la Generalitat de todos los impuestos y un modelo de financiación que suponía que Catalunya transfería al Estado únicamente la cuantía de los servicios prestados por la administración central, además de una cuota de solidaridad para el resto de comunidades autónomas.

Desde aquel momento, el Govern ha hecho un importante esfuerzo para poner a punto la ATC, tanto en contratación de nuevo personal como en software, un apartado que algunos expertos señalan como el principal problema a solventar para asumir la recaudación.

Negociación coral

ERC lleva desde el inicio de este año negociando a varias bandas sobre la nueva financiación de la Generalitat, que es una de las máximas prioridades para el partido. Por parte de los republicanos es el director general de la formación, Lluís Salvadó, quien lidera el equipo negociador, que ha mantenido relaciones fluidas tanto con la consellera de Economía, Alicia Romero, como con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Este mismo viernes está prevista una reunión importante para zanjar los últimos flecos sobre la modificación legal para delegar la recaudación en la Generalitat.

Fuentes de la negociación indican que, aunque la mayor parte de la misma se ha producido en términos técnicos, Oriol Junqueras e incluso el president de la Generalitat, Salvador Illa, han intervenido en algunos momentos de la negociación, al menos en dos ocasiones en las que los aspectos técnicos habían encallado. Fuentes del PSC confirman que la negociación no se ha paralizado en ningún momento.

Por parte de ERC también reconocen que la ministra María Jesús Montero ha tenido un peso importante en la buena marcha de las conversaciones, pese a que en algunos momentos los independentistas se habían quejado de su papel. El de la vicepresidenta no es un equilibrio sencillo porque, además de asumir la negociación sobre la financiación de Catalunya y del resto de comunidades, tiene un importante papel orgánico como número dos de Sánchez en el PSOE y es además la candidata de su partido para presidir la Junta de Andalucía en junio de 2026.

La previsión de todas las partes era presentar el acuerdo la semana posterior a Sant Joan, el 24 de junio, lo que además hubiese servido para cumplir con el calendario fijado en el acuerdo de investidura. Pero la tempestad desatada sobre el PSOE tras la publicación del informe de la Guardia Civil que señalaba a su secretario de organización, Santos Cerdán, y su posterior entrada en prisión preventiva, supuso que la cuestión catalana quedase aplazada unas cuantas semanas.

Pese a esto, había interés por todas las partes en sacarlo adelante en una fecha que no superase demasiado el margen pactado. ERC quería además llevar la modificación legal al Congreso cuanto antes, mientras que el Govern de Salvador Illa tiene interés en que la agenda catalana avance y el Ejecutivo catalán pueda exhibir pasos adelante junto a sus socios.