Las seis sindicalistas de la CNT deberán cumplir una pena de tres años y medio, que han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al tiempo que han solicitado el indulto al Gobierno de España
El veto de las derechas impide que el Ayuntamiento de Gijón apoye el indulto de ‘Las seis de la Suiza’
Las sindicalistas de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT) condenadas a tres años y medio de cárcel por una acción sindical en Gijón en 2016, conocidas como ‘las seis de La Suiza’, ingresarán en prisión de forma inmediata tras decretar el juzgado Penal 1 de Gijón su ingreso para cumplir la pena.
El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, les condenó en una sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo en el 2024, por su autoría en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por su participación en las movilizaciones que llevaron al cierre de la Pastelería La Suiza, en Gijón.
Los hechos por los que han sido condenadas ‘Las seis de la Suiza’ se remontan a 2016 cuando una empleada de la Pastelería La Suiza de Gijón pidió el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.
El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de, la trabajadora pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada. El empresario denunció a los participantes de las mismas y logró su condena por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia, alegando que por culpa de ello tuvo que cerrar su negocio.
Prisión sin esperar indulto
La entrada en prisión se produce con una solicitud de indulto presentada al Gobierno de España, apoyada por 22 organizaciones sindicales y el Gobierno de Asturias. El Ayuntamiento de Gijón, donde ocurrieron los hechos, no la ha apoyado este miércoles por el veto de las derechas. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había mantenido una reunión con ellas en las que se comprometió a interceder por el indulto.
El juzgado de lo Penal 1 de Gijón, que dirige el juez Lino Rubio, había rechazado días atrás la petición de paralización de la ejecución de la condena, lo que anticipaba un ingreso en prisión en unos días.
‘Las seis de la Suiza’ han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la revisión de su caso, tras no lograr que el Constitucional aceptara su recurso.
El caso ha provocado una inusitada movilización de los sindicatos y a los partidos de izquierdas, que consideran que la condena supone una vulneración del derecho a la acción sindical, lo que ha llevado a numerosas protestas y muestras de apoyo en el proceso judicial, y en especial desde que hace un año el Supremo ratificó la condena.
El Supremo ratificó la condena
En su resolución, el Supremo consideró que participaron las seis condenada participaron en una campaña de hostigamiento y de coacciones al empresario. La Sala de lo Penal señaló que en los hechos probados quedan claras “las intenciones de presionar al empresario para conseguir los fines previstos por las recurrentes”, así como que “la metodología llevada a cabo y que consta probada no integra un ejercicio de la libertad de expresión dentro del ejercicio de la libertad sindical”.
“Existe un exceso en la actuación desplegada con reiteración por la actuación concertada de las recurrentes”. Una conducta que, según señaló el tribunal, “es grave”. En su opinión los hechos probados que son intangibles no suponen el ejercicio de la libertad de expresión, sino “prácticas coercitivas impidiendo el ejercicio libre de una actividad comercial con presiones continuadas de los recurrentes”.
“No se ha juzgado o tratado este tema respecto de la actividad desplegada por una central sindical legal, que actúa al amparo de lo previsto en el art. 28.2 de la Constitución Española (CE), sino por unos hechos concretos de unas personas que han cometido ilícitos penales por los que son condenados -continuaba el fallo- por concertarse y confabularse para presionar a un empresario cuando éste lleva a cabo su actividad comercial y en las puertas de su establecimiento”.
Dignidad ante la condena de cárcel
En una entrevista en elDiario.es con tres de las sindicalistas condenadas se mostraban inquietas por la dura pena de prisión, que implicaba su ingreso en la cárcel, pero firmes en sus convicciones por “coherencia.
Son cinco mujeres y un hombre, incluyendo entre ellos una pareja que son padres de un menor de edad, que han afrontado un largo proceso judicial en el que llegó a haber inicialmente más de una treintena de imputados. Sus profesiones: una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor.
“Hicimos lo que hicimos convencidos de que estábamos haciendo un bien ayudando a una mujer, a una persona que lo necesitaba en ese momento. Y además, estábamos haciendo algo que es un derecho. Mostramos nuestro apoyo desde un punto de vista sindical y feminista. Se hizo sindicalismo y se hizo feminismo”, explicaba a elDiario.es mientras agotaban los recursos para evitar el ingreso en prisión. Este miércoles 9 de junio se ha decretado que entren en la cárcel, sin esperar al posible indulto o el pronunciamiento de la justicia europea sobre el caso.