El PSC, ERC y Comuns han registrado una proposición de ley que introduce el derecho al error de los ciudadanos, de tal manera que puedan evitar sanciones si han cobrado prestaciones de manera indebida siempre que haya sido de manera no fraudulenta.

La proposición, que es una modificación de la ley 26/2010 del régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas, reconoce el derecho a las personas a no resultar perjudicadas por “errores administrativos o malas prácticas de la gestión pública”. La norma reconoce dos casuísticas: la primera es la de las personas vulnerables que reciben prestaciones “vinculadas a las necesidades esenciales de subsistencia” como la Renta Garantizada de Ciudadanía. A estas no se les podrá reclamar el dinero si han cobrado ayudas que no les correspondían, pero pueden demostrar que el error fue de la Administración.

La segunda casuística es la de las personas que hayan cobrado indebidamente porque su situación ha cambiado y, por tanto, ya no cumplen los requisitos, pero no lo han comunicado. Para ellas, la nueva norma prevé el derecho a rectificar errores ante la Administración. Esto se traduce en que, aunque sí deberán devolver el dinero cobrado, podrán evitar sanciones si demuestran que no ha habido mala fe.

Este cambio se introduce justo cuando el Departament de Derechos Sociales se encuentra en pleno proceso de inspección de las prestaciones cobradas por jóvenes extutelados que podrían haber recibido pagos indebidos. Por ahora, el Govern ha comunicado a más de un centenar de afectados que podrían tener una deuda con la administración de entre 6.000 y 46.000 euros.

Esta situación también afectó a 9.500 familias a las que la Generalitat reclamó un total de 71 millones de euros el octubre pasado por cobros indebidos de la Renta Garantizada de Ciudadanía. La deuda, de unos 7.500 euros de media, se generó precisamente porque algunas de estas personas comunicaron cambios en su situación personal y económica que hacían que ya no pudieran recibir la ayuda, pero la administración “tardó unos meses en registrar el cambio”, tal como afirmó en su momento el Govern. Y durante ese lapso de tiempo, las familias siguieron cobrando.

En ese caso, se acabó amnistiando esta deuda y los afectados no tuvieron que devolver el dinero. En el caso de los jóvenes extutelados, el Govern no descarta hacer lo mismo. Pero estas condonaciones podrían abrir la puerta a una demanda por malversación. Precisamente esta ley que prepara ahora el Parlament, dota a estas amnistías de garantías jurídicas para que eso no sucediera.

La nueva normativa tendrá carácter retroactivo y, por tanto, se aplicará a todas las personas que tengan un expediente abierto en el momento en que se apruebe la ley, tal como han explicado a este medio fuentes de los Comuns, la formación que ha impulsado este punto en concreto. Ahora bien, en tratarse de una proposición de modificación de la ley, se pone ahora a disposición del resto de grupos parlamentarios para que hagan enmiendas. Y después de su estudio, será llevada al pleno del Parlament para su votación. Pero eso no pasará hasta el mes de octubre y eso teniendo en cuenta que los partidos impulsores consigan que se tramite por la vía de urgencia. Si no lo logran, la ley no llegaría al pleno hasta, mínimo, diciembre.

Prestaciones proactivas

Otra de las novedades de la ley es que el Govern podrá recomendar y anticipar las prestaciones a las que tiene derecho cada ciudadano en función de su situación y momento vital. Actualmente, es la ciudadanía la que tiene que pedir que se le conceda una ayuda, pero esta normativa contempla que, mediante el uso de datos disponibles, la Administración pueda ser proactiva y simplificar los trámites de la ciudadanía, especialmente en momentos de cambio vital, como el nacimiento de un hijo, la defunción de la pareja, la jubilación o un despido.

Para que eso sea posible, cada persona deberá autorizar a la Administración que pueda usar sus datos personales a este efecto y podrá revocarlo en cualquier momento. De esta manera, se pretende conseguir que las ayudas lleguen a todas las personas que cumplen los requisitos para recibirlas, sobre todo a los colectivos más vulnerables que tienen menos capacidad para buscar y solicitar prestaciones.

En la línea de facilitar la relación entre la Administración y la ciudadanía, también se eliminará la obligación de cita previa para ser atendido presencialmente. Esta medida ya formaba parte del acuerdo del pacto del Acuerdo de Gobierno para reformar la administración, por el que ningún trámite con la Generalitat requería de cita previa. El cambio es que ahora, al dotar a esta decisión rango de ley, aplica a todas las administraciones públicas de Catalunya.

Por último, la norma también incorpora cambios para garantizar una comunicación más clara entre la Administracion y la ciudadanía. Esto contempla el derecho a recibir información y resoluciones en un lenguaje llano, entendedor y accesible, dejando atrás las expresiones técnicas y jurídicas.