El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que va a poner en marcha un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción dotado de “15 medidas de importante calado” y que ha sido diseñado conjuntamente con la OCDE. “Este plan ha sido elaborado en el último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán”, ha explicado Sánchez en el Congreso, donde ha añadido que la estrategia también ha sido consensuada con otros grupos parlamentarios. Según ha dicho, el plan “supondrá el mayor impulso a la prevención y reparación” de la corrupción y situará a España “a la vanguardia del continente” europeo.

La de este miércoles a la última comparecencia del curso político de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Frente a un PP reforzado tras el congreso que encumbró a Alberto Núñez Feijóo el fin de semana, el principal reto del jefe del Ejecutivo es tratar de convencer a sus socios parlamentarios de la necesidad de agotar la legislatura pese al caso de corrupción que ha perturbado la vida interna y externa tanto del Gobierno como del PSOE en las últimas semanas.

El Pleno llega marcado, así, por la presunta implicación del que fue uno de los hombres de su máxima confianza, el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, dentro de una trama de amaños de contratos públicos y cobro de mordidas por el que también se investiga al exministro José Luis Ábalos y a su más estrecho colaborador durante años, Koldo García, a raíz de su aparición en un informe de la Guardia Civil.

Dentro de un primer eje centrado “en la prevención de riesgos y en el fortalecimiento de los controles frente a la corrupción”, Sánchez ha anunciado seis medidas como la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente, que, según ha dicho, “asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas”. Además, se va a extender la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración, “creando mapas de riesgo de integridad y usando el análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos como la contratación, las subvenciones o la gestión presupuestaria”.

Para ello, ha dicho Sánchez, se va a introducir la Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, “de modo que permita automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude”. “Es inaceptable que haya empresas que sistemáticamente realicen modificaciones de contratos con diferentes administraciones y que no tengamos la información necesaria para evitarlo. Con esta nueva herramienta, la tendremos”, ha zanjado.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado también la puesta en marcha de “sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las administraciones, y se desplegarán ”pactos de integridad para determinados contratos públicos, un sistema que ya usan otros países europeos y que sirve para monitorear de forma independiente los procesos de contratación, reduciendo así el riesgo de mala praxis“.

Además, la nueva Ley de Administración Abierta “reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado”. Y el Gobierno establecerá “controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato para vigilar que nadie obtiene un beneficio indebido”.

Dentro de ese eje, el Gobierno pretende “reforzar” también los controles sobre los partidos políticos. Así, se impondrá “la obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes”. También se profundizará “en la transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción”. Y el Ejecutivo aprobará “una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés que asegurará que la relación entre empresas y servidores públicos se produce con transparencia y responsabilidad”.

El Gobierno pretende además profundizar “en la protección de quienes dan un paso al frente para denunciar la corrupción”. La idea es incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, “cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal”. “Exigiremos que las empresas tengan canales internos de denuncia. Y obligaremos a todas las Administraciones Públicas –incluyendo las Autonómicas y las Municipales– a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional”, ha dicho Sánchez.

“Nuestra lucha contra la corrupción no puede basarse en rumores y acusaciones vacuas. Pero tampoco puede permitirse que informaciones valiosas se pierdan por los pasillos. Las medidas contenidas en este eje, nos ayudarán a evitarlo”, ha añadido el presidente del Gobierno.

En un tercer eje el Gobierno pretende incluir tres medidas “destinadas a reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción”. Se crearán secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, “algo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia”, ha afirmado Sánchez.

Además, “se otorgará carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos”. Y se continuará reforzando la Fiscalía Anticorrupción “con más medios”. El Gobierno también remitirá a las Cortes Generales la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que “incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal, como ya sucede en otros países europeos, y garantizando su independencia y sus recursos”.

Sánchez también ha incluido un paquete de medidas dirigidas a “perseguir a los corruptos, pero también a los corruptores”. “Porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga. Empresas y empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y el castigo judicial”, ha enfatizado el presidente del Gobierno. El plan pasa por “endurecer las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicar los plazos de prescripción”. “Además, aumentaremos las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales”, ha dicho Sánchez.

El Gobierno prevé también poner en marcha “un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración”. “Y haremos lo propio en el seno de los partidos: endureciendo las sanciones por infracciones contables y retirando las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción”.

Sánchez ha puesto encima de la mesa otro paquete de iniciativas centradas “en la recuperación de los bienes robados mediante la corrupción”. “No basta con castigar. Hay que reparar el daño causado. Devolver a lo público lo que es de todos para restaurar la confianza ciudadana, la credibilidad institucional y enviar un mensaje disuasorio”, ha dicho. Por eso el Gobierno contempla “aumentar los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente”, así como “optimizar su coordinación con juzgados, fiscalías y con la Fiscalía Europea”.

Otra medida tiene que ver con la introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, “que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia”.

Justo antes de anunciar sus medidas anticorrupción Sánchez ha afirmado que sopesó dimitir en los días posteriores al estallido del caso de corrupción que afecta Cerdán. “Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán”, ha dicho en su comparecencia en el Congreso para explicar los detalles de ese escándalo.

Sánchez ha descrito los motivos que le hicieron continuar. “No voy a tirar la toalla, vamos a continuar”, ha defendido. El primero, porque, ha dicho, es un político “limpio”. El segundo, porque espera “recuperar” la confianza de sus socios parlamentarios. Y el tercero, porque representa un proyecto político “que va mucho más allá” de su persona y que, ha añadido, “no está culminado”.