La presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha asegurado que ni ha “mentido” sobre el caso Koldo ni ha intercambiado mensajes de WhatsApp con Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama. Armengol ha intervenido este martes por segunda vez en la Comisión de Investigación en el Senado, citada por la mayoría en esta Cámara del Partido Popular.

Tanto los ‘populares’ como Vox le acusan de haber mentido en el primer interrogatorio. Sin embargo, ella ha afirmado que no faltó a la verdad cuando aseguró que no se reunió con Víctor de Aldama, sino que no “recordaba” su presencia en una reunión con Pepe Hidalgo, directivo de Air Europa, en el Consolat del Mar, sede del Ejecutivo balear.

En sus declaraciones por los contratos que su Ejecutivo firmó con empresas vinculadas a la trama –Soluciones de Gestión en el caso de las mascarillas de peor calidad y Levantina, Ingeniería y Construcción por la frustrada construcción de una residencia de ancianos–, Armengol ha mantenido un duro enfrentamiento con el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha vaticinado sin pruebas que resultará imputada.

La expresidenta balear ha defendido los contratos públicos que su Gobierno negoció durante la pandemia y ha detallado que no se llegó a firmar uno con la empresa Megalab, por el que intentó mediar Koldo García y por el cual la empresa ofrecía PCR para hacer controles a los turistas en el aeropuerto. Aunque Armengol no ha detallado si el investigado le mantenía al día de las novedades durante la negociación con la compañía ni tampoco ha indicado quién le dio el contacto de Koldo García.

Todo esto a pesar de las discrepancias e interrupciones de Gordillo, a quien el presidente de la Mesa ha tenido que llamar varias veces al orden por su estado de nerviosismo y por “no dejar contestar” a Armengol que, por su parte, ha confesado estar “hipertranquila y orgullosa” de la gestión de su Gobierno. “No he hecho nada, no tengo nada que temer”, ha recalcado. Acto seguido, ha criticado a los socios de ultraderecha del actual Govern balear, a quienes ha dicho que “sólo quien trabaja comete errores”.

La ex presidenta del Govern ha considerado que la oposición “inventa” con la intención de meterla en un “lío” y ha recordado que de los miembros de su Gobierno no hay ninguno “investigado” por la Justicia. “El que esté –en un jaleo– que la pague, pero ni yo ni mi Gobierno estamos”, ha dicho rotunda.

Mascarillas de peor calidad

Dentro de la bautizada como ‘Operación Delorme’, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la adjudicación del Servicio de Salud balear por 3,7 millones de euros de un lote de mascarillas de por calidad a las contratadas. Fue el propio Ejecutivo de Armengol el que pidió su análisis al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), que certificó la peor calidad de las mismas. Al final, acabaron almacenadas y sin usar. El actual Ejecutivo balear del PP anuló el contrato con la empresa y le reclama el importe íntegro.

Por otro lado, bajo el mandato de Armengol, el Govern adjudicó en 2022 un contrato de más de nueve millones de euros para las obras de una residencia de ancianos en el complejo de Son Dureta que también está bajo el punto de mira, aunque no hay evidencia de irregularidades. En este caso, el contrato salió a licitación a finales del año 2021, con Fina Santiago, de Més per Mallorca, a la cabeza de la Conselleria d’Afers Socials.

En un principio, la adjudicación se hizo a la empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A (Tecopsa), que renunció después al contrato, por lo que fue suplida por otra de las compañías candidatas al concurso, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), propiedad de José Ruz. Este empresario contaba con Koldo García como colaborador a sueldo a través de un intermediario, según ha revelado la Guardia Civil y ha publicado este martes el periódico El Confidencial, basándose en informaciones publicadas hace tiempo por el Periódico de Ibiza.

Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan que Ruz tenía a sueldo a Koldo García y le pagaba 2.600 euros a través de un intermediario. También había una estrecha relación personal con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, según las averiguaciones del Instituto Armado y como ha publicado el Confidencial. El primer contacto del empresario valenciano con Koldo sucedió en 2019 y al principio, su conexión con el Ministerio la tenía mediante Aldama.

El objetivo del contrato con LIC, que no fue una adjudicación directa, era levantar una residencia de larga estancia para personas mayores dependientes en el complejo sanitario de Son Dureta, en Mallorca. Sin embargo, el proyecto pronto se convirtió en un foco de complicaciones. La constructora acumuló hasta nueve meses de retraso en las obras y el actual Ejecutivo, presidido por Marga Prohens (PP), acabó rescindiendo el contrato, como han confirmado desde la actual Conselleria d’Afers Social a elDiario.es. Las mismas fuentes también han explicado que LIC se encuentra actualmente en concurso de acreedores y que el contrato ya ha sido adjudicado a otra empresa para reemprender las obras de la residencia.