El ejecutivo y el promotor privado, el fondo de inversión del hijo de Ana Botín, ocultan información «confidencial» al Parlamento del primer proyecto estratégico de Buruaga: el centro de datos Altamira
Antecedentes – El Gobierno de Buruaga convoca a los medios para informar de un estudio a favor del proyecto Altamira que no existe
El Gobierno de Cantabria del Partido Popular, presidido por María José Sáenz de Buruaga, ha confiado todas las esperanzas y energías de esta legislatura al proyecto Altamira, un macro centro de datos de 500 megavatios que impulsa Stoneshield, el fondo de inversión del hijo de Ana Botín, entre los municipios de Villaescusa y Piélagos, y que promete un horizonte épico en una comunidad necesitada de inversiones: 3.600 millones de inversión y 1.500 empleos.
El ejecutivo de Buruaga ha activado una campaña de apoyo, a la que se ha sumado la Universidad de Cantabria, y ha tramitado con toda celeridad su catalogación como primer Proyecto Estratégico autonómico y ha redactado en tiempo récord el atajo urbanístico: el Proyecto Singular de Interés General (PSIR). Pero, pese a la entusiasta promoción pública del proyecto la información técnica y económica del mismo no se conoce con toda su exactitud.
La memoria presentada por los promotores del futuro macro centro de datos Altamira para justificar la declaración de Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria es un dossier de 15 páginas que ha llegado capado al Parlamento de Cantabria. Concretamente, está censurada la información relativa a las características técnicas, el impacto económico y la viabilidad económico-financiera: los apartados más determinantes y significativos a la hora de realizar la evaluación. Datos que la empresa privada considera confidenciales.
Un documento que se remitió después que el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, se quejase de que algunos medios de comunicación tenían más información que los propios diputados sobre el proyecto del que estaban debatiendo sin conocerlo en el hemiciclo y que avanza con celeridad. El Gobierno de Cantabria ya ha aprobado el proyecto estratégico, ha redactado el documento urbanístico del PSIR, ha vendido los terrenos a la promotora privada y ha iniciado una campaña para que toda Cantabria “se ponga la camiseta” de apoyo a esta iniciativa. Los socialistas también criticaron la falta de transparencia al no disponer del informe.
En la comparencia ante el Parlamento del consejero de Industria, Hernando advirtió de que los impulsores del proyecto Altamira compraron un centro de datos en Madrid por 40 millones a Indra “y en un año le dieron el pase”. “Está en el informe Spaindc.com que es la sociedad que se ocupa de los data center, que además tiene una conocida expolítica de relaciones institucionales, la señora Villacís”, añadió.
El portavoz del PRC garantizó el apoyo al proyecto “pero queremos nos aclaren las dudas y que no se vean metidos en un lío”. “Lo que quiero es que me de los papeles donde ellos garantizan que eso no va a ocurrir y eso es público. Esto no es privado, esto es público”, concluyó su intervención.
Lo que recibió del Gobierno de Cantabria ha sido una memoria que condensa en 10 hojas la explicación del proyecto para avalar una inversión de 3.600 millones de euros, puesto que cuatro de las 15 páginas totales son planos y fotografías, y otra es un correo electrónico con instrucciones del responsable del proyecto, Javier Ibáñez, que se registró cuatro días después. Este mensaje explica que los tres apartados censurados “contienen datos de carácter confidencial” que en caso de divulgarse a terceros requerirán “consulta previa”.
La última página del informe también incide en estas cautelas: “En la medida de lo posible el Gobierno de Cantabria comunicará y consultará con Stoneshield Capital la potencial divulgación de la información contenida en esta presente memoria”. También incide en que se limite el acceso o que se practique “la oportuna disociación de datos”.
El anuncio del proyecto se hizo en febrero de 2025. El Gobierno de Cantabria presentó como promotor a Stoneshield Capital, el fondo de inversión de Felipe Morenés (hijo de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín) y Juan Pepa. Una marca que enseguida pasó a un segundo plano.
En esa comparecencia estaban Javier Ibáñez, encargado de adquisiciones de Stoneshield, y Javier Gonzalo, gerente de XDC Properties, una filial de la primera empresa que tomó las riendas del proyecto y que, en otro giro de guion, dejó en manos de una tercera sociedad: Tavira 424 Servicios Corporativos S.L., una consultora recién constituida.
Financiación del proyecto
El documento del proyecto del Campus Tecnológico de Cantabria se presentó el 22 de mayo en el registro del Gobierno de Cantabria. Cuatro semanas después, el consejero de Industria cumplió el trámite de presentarlo oralmente en el Parlamento (no había entregado la memoria a los diputados) y tres días más tarde, el Campus Tecnológico de Centro de Datos ‘Altamira’ se convirtió en la primera iniciativa empresarial en obtener la declaración de proyecto estratégico. Lo aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión ordinaria del 19 de junio. En esa fecha todavía no se había constituido la Unidad Aceleradora de Proyectos que anunció el Gobierno.
En cualquier caso, la categoría de proyecto estratégico no implica su aprobación, ni la autorización de su puesta en marcha. Para eso hará falta el correspondiente procedimiento administrativo y la obtención de las necesarias autorizaciones y licencias.
No obstante, la Ley de Simplificación ya preveía la figura del proyecto estratégico que otorga tres beneficios: reduce a la mitad los plazos de los trámites y facilita y da preferencia para acceder a las líneas de financiación y avales del Gobierno de Cantabria o de sus entidades dependientes.
Soluciones técnicas
La memoria no especifica, por tanto, los detalles de la solución técnica del centro de datos de 500 megavatios para refrigerar la instalación. Se limita a un enunciado: “Refrigeración no evaporativa presentando un WUE [efectividad del uso del agua] próximo a cero”. En otro apartado se aclara que se abastecerá de energías renovables con paneles fotovoltaicos y un sistema de recogida de agua de lluvia. Eso sí, requiere crear una nueva infraestructura eléctrica y de redes de fibra óptica.
De hecho, todo el proyecto depende principalmente de la autorización del Ministerio de Transición Ecológica, de que la instalación pueda enchufarse a la cercana subestación eléctrica de Penagos, con capacidad para 220.000 voltios y -según el Gobierno- actualmente “infrautilizada” que podría proporcionar la potencia requerida por las obras: 100 megavatios en 2028 y 500 en 2030.
Los regionalistas han mostrado su preocupación por si el Centro de datos agota la “fortaleza energética” y resulta que otros proyectos estratégicos que se pueden colocar, por ejemplo, en la cuenca del Besaya, no van a tener energía y agua, “porque lo usa todo este proyecto”. “Estoy seguro que no es así y que eso va a estar en la memoria que ustedes tenían que haber traído” -censuró- “como el plan de viabilidad económico-financiero, con indicación de cuáles son los recursos disponibles”.
Creación de empleo
El Gobierno y los promotores del proyecto han manejado algunas previsiones del empleo que generará el proyecto. La fase de construcción -levantar el edificio, instalar paneles solares y sistemas de refrigeración sostenibles- se estima que proporcionará un trabajo lógicamente eventual a 1.500 personas, desde arquitectos e ingenieros hasta operarios.
Una vez terminada la infraestructura los cálculos son que de empleo a 350 personas de forma directa, entre seguridad, mantenimiento de las instalaciones, técnicos en refrigeración y técnicos y especialistas en ciberseguridad. Además, estiman que se crearán otros 1.100 empleos indirectos en transporte, logística, mantenimiento y servicios auxiliares.