Francia ha rebajado por primera vez la multa diaria que cobra a España por custodiar los residuos radiactivos procedentes de la central nuclear de Vandellòs I (Tarragona), clausurada en 1989 tras un incendio.

La rebaja está recogida en las cuentas anuales que acaba de publicar la empresa estatal Enresa, encargada de gestionar los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares.

En esas cuentas, Enresa explica que el 19 de diciembre de 2024 firmó una tercera “adenda” al protocolo rubricado hace casi 25 años, en mayo de 2001, con lo que hoy es la empresa pública francesa Orano (antes conocida como Areva) para el retorno a España de esos residuos.

Enresa no había informado hasta ahora de ese nuevo acuerdo firmado a finales de 2024, que implica “un importe fijo” para las penalizaciones en este ejercicio y el próximo por no haber repatriado todavía ese material radiactivo a España. La multa a partir de este año será “de 85.195€ diarios hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, establece un calendario para la devolución de las cantidades abonadas hasta ese momento”, explica Enresa en sus cuentas.

Esa reducción de la multa se pactó el día en que se nombró presidenta de la sociedad estatal a Olga García, ex consejera extremeña de Transición Ecológica, tras la jubilación de su antecesor, José Luis Navarro.

Esos 85.195 euros diarios suponen un 2,1% menos respecto a la penalización cobrada en 2024 por Orano. Esta cifra no había dejado de crecer desde que en julio de 2017 entró en vigor el acuerdo vigente hasta ahora. El pasado ejercicio, la multa fue de 87.040,46 euros diarios, un 2,2% más que en 2023.

Entre julio de 2017 y 2024 estas penalizaciones aumentaron un 19,1%. En línea con la inflación acumulada en Francia entre ese mes y diciembre de 2024 y por debajo de la subida de precios registrada en España en ese periodo, del 23,3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta multa diaria funciona como una fianza. Cuando se devuelva el material radiactivo (la fecha prevista actualmente es 2028), Enresa recuperará la mayor parte del dinero pagado hasta entonces. El pasado 3 de abril, el Ministerio para la Transición Ecológica dio un paso clave para la vuelta de esos residuos, al cerrar una consulta pública sobre el proyecto de construcción del Almacén Temporal (AT) de Vandellós I.

Esa instalación, cuyas obras está previsto que se liciten en 2026, debería estar operativa en 2027. Su coste “se conocerá cuando se haya desarrollado la ingeniería de detalle del proyecto, en la que se trabajará más adelante”, según informó en febrero el departamento de Sara Aagesen.

El AT se encargará de almacenar durante décadas ese material radiactivo y los desechos procedentes de la fase más delicada del desmantelamiento de la central de Vandellós I. Esta última fase prevé iniciarse a partir de 2030, tras más de tres décadas con el cajón del reactor en fase de latencia, confinado bajo un enorme sarcófago de hormigón frente al Mediterráneo que Enresa revisa periódicamente para asegurarse de que no hay fugas radiactivas.

Los trabajos de desmantelamiento del cajón del reactor se prolongarán durante unos 15 años. A esos tres lustros se sumará un periodo de vigilancia de diez años. Con ello, como pronto, el emplazamiento de Vandellós I no quedará liberado hasta 2055, transcurridos 66 años desde el cierre del reactor. No obstante, todavía quedará allí ese almacén “temporal” cuya construcción ha empezado a tramitarse este mismo año. Posteriormente los deschos se trasladarán al Almacén Geológico Profundo (AGP) cuya puesta en marcha está prevista en 2073.

Más de 330 millones

Si los residuos que custodia Orano retornasen en 2028, para entonces las penalizaciones acumuladas desde 2017 habrán superado holgadamente los 330 millones. Francia devolverá esa suma a Enresa junto con esa basura radiactiva, descontando el coste de almacenarla desde octubre de 2015. El regreso se ha ido retrasando con los años. Hasta 2020, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no había descartado oficialmente el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos de media y baja actividad, Enresa todavía estimaba que volverían en 2023.

La francesa Orano custodia esos residuos en cápsulas de acero inoxidable estandarizadas. Ocupan un volumen total de unos 13 metros cúbicos, equivalente a un cubo de unos 2,35 metros de lado. El origen de esa basura tóxica está en la precipitada clausura de esa central tarraconense tras un incendio y la inundación posterior de Vandellós I, en el accidente nuclear más grave hasta la fecha en España. El cierre fue la consecuencia de las costosas medidas correctoras que exigió el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras las irregularidades detectadas en la central, construida en plena dictadura franquista (se inauguró en 1967), una época que un estudio reciente ha calificado como ejemplo de libro de “captura regulatoria” del Estado por parte de eléctricas y bancos.

Desde el cierre de Vandellós I, España ha tenido que abonar a Francia más de 760 millones por la custodia de ese material radiactivo. Tras la clausura, se firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano) para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que pagaron los consumidores de electricidad mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Entonces se dio de plazo hasta el 31 de diciembre de 2010 para devolver los residuos. Pero llegó esa fecha y entonces, como ahora, no había donde guardarlos. Se fijó una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 se suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, Enresa se comprometió a abonar 213 millones más, que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos.

En 2017 ese plazo también se incumplió. Se fijó una nueva penalización que se ha ido revisando al alza hasta ahora, cuando va a reducirse ligeramente por primera vez. Desde 2017 la bola de nieve de las multas acumuladas ha ido creciendo hasta situarse a cierre de 2024 en 219,2 millones.

La custodia de esos recipientes, que llevan años construidos, tampoco es gratis. En diciembre de 2018 se formalizó un contrato con Orano para el almacenamiento temporal de los contenedores vacíos y el equipamiento auxiliar en el emplazamiento de La Hague hasta su carga. Su coste acumulado ascendía a 2,75 millones a cierre de 2024.

Inicialmente, esos residuos debían guardarse en el ATC, un mandato del Congreso de los Diputados del año 2004. El Gobierno del popular Mariano Rajoy intentó ubicar esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca). Este proyecto, que amenazaba con incurrir en sobrecostes multimillonarios por las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, fue retrasándose y fue descartado definitivamente a finales de 2022 por el Ejecutivo de Sánchez por la falta de consenso social para ponerlo en marcha.

Las eléctricas, a través del lobby nuclear, recurrieron esa decisión en febrero de 2024 junto al Plan de Residuos Radiactivos que el Gobierno aprobó en diciembre de 2023 para actualizar el anterior, caducado desde 2010. El plan contempla construir en lugar del ATC siete almacenes en los emplazamientos de las centrales, como paso intermedio para enterrar los residuos en el AGP, cuya ubicación habrá que decidir en el futuro.

Ese nuevo plan también implica una fuerte subida (del 30%) de la tasa con la que los reactores financian Enresa, ante el temor de que el coste del desmantelamiento de las nucleares y el tratamiento de los residuos sea mucho mayor al esperado. Las eléctricas que presionan para revertir el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para 2027, exigen que se rebaje la tasa. El Ejecutivo se niega porque sería a costa del consumidor.