La Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) es la pública más rica de España y maneja el triple de dinero que la Rey Juan Carlos (URJC), la más pobre. La UPCT invierte 12.635 euros por estudiante y año, cifra que cae hasta los 4.291 en el caso de la URJC. Las características de cada centro explican una parte de esta diferencia (es más caro impartir un grado en una politécnica que en una universidad estándar), pero la mayoría de la brecha no tiene justificación posible en base a parámetros objetivos, según Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente, dos de los principales expertos en contabilidad universitaria en España y autores de un detallado análisis sobre la financiación universitaria.

El estudio, que unifica cifras para poder comparar realidades muy diferentes, muestra las grandes diferencias que existen en cómo las comunidades autónomas financian a sus universidades e incluso la distancia entre centros de una misma región. También mide cuánto esfuerzo realizan los Gobiernos regionales con sus propios medios y qué parte trasladan a las familias mediante el pago de tasas y precios de matrículas.

De media, el estudiantado financia el 15% de sus universidades. Euskadi o Galicia, por ejemplo, asumen la mayoría de los presupuestos universitarios (más del 90%), mientras Catalunya y Madrid, dos de las comunidades más ricas, son las que tienen mayores precios públicos y destinan menos fondos propios y más de las familias a sus centros.

Las universidades españolas gastaron en 2023 una media de 9.397 euros por estudiante y año. Pero esa cifra oculta las diferencias entre el rico norte y el no tan pudiente sur: Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla y León y la Región de Murcia están por debajo de esa cuantía; el resto por encima, con La Rioja, Navarra, Cantabria y Euskadi destacadas en cabeza, con inversiones entre el 20% y el 30% superiores a la media.

Y luego está la excepción de Madrid, la comunidad más rica de España en términos de renta per cápita que sin embargo es la que peor financia a su universidad –y la nueva ley de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, solo va a empeorar la situación– y también la que tiene el centro con peores condiciones de todo el estado. “No hay razones objetivas para ello”, insiste Hernández Armenteros, porque los campus madrileños tienen un rendimiento homologable al de lo demás. También es la única región (aunque Catalunya está cerca) donde más del 20% de la financiación universitaria proviene de las familias a través de tasas y matrículas.

Madrid lo empeora todo

La situación de las universidades madrileñas destaca cuando se comparan con las del resto del país que son equiparables. “No hay ninguna universidad de Madrid que tenga una financiación superior a la media de las universidades con las que se pueden homologar”, ilustra Hernández Armenteros.

Así, la UPM recibe un 36% más de fondos por estudiante que la UPV o un 20% menos que la Politécnica de Catalunya, dos centros que manejan cifras similares de alumnado y presupuesto. Lo mismo sucede con la Carlos III, que tiene 1.400 euros menos por alumno (un 16%) que la Pompeu Fabra catalana o 2.700 euros menos que la Universidad de Cantabria (un 31%); o la de Alcalá de Henares, que se mira en Salamanca, Oviedo o Zaragoza, pero con partidas de mil euros por alumno inferiores a sus competidoras.

La URJC es la universidad peor financiada de España y con bastante diferencia. Recibe 4.291 euros por estudiante, menos de la mitad que la media, y además depende de las matrículas que estos pagan más que ninguna otra universidad, también por bastante diferencia: un tercio de sus ingresos provienen de cobrarle al alumnado. Obviando otros centros madrileños, en ninguna otra universidad se pasa del 20%.

Sin fondos no hay plazas

Las consecuencias de la falta de financiación universitaria las pagan en sus carnes estudiantes y familias. Las universidades públicas no tienen como misión ganar dinero, pero no disponer de fondos suficientes para su funcionamiento diario les impide cumplir adecuadamente con su labor de servicio público, reflexiona Hernández Armenteros.

Los centros que dependen del Estado deben ofrecer estudios variados para cubrir a (casi) toda la población. No disponen de la capacidad que sí tienen las privadas de ajustar su oferta a la demanda del estudiantado y centrarse en las carreras más solicitadas (y/o más rentables).

De hecho, para evitar esa hiperespecialización que tienen algunos centros privados el Gobierno ha amplicado el número mínimo de áreas de conocimiento que debe ofrecer una universidad en la actualización del Real Decreto de creación de centros universitarios, que está a punto de aprobar. Ahora necesitarán tener grados de al menos tres de las cinco grandes áreas de conocimiento, un cambio que obligará a muchos de ellos a abrir nuevas facultades.

Y las carreras con poca demanda son muy caras, explica el profesor. Son matemáticas: si impartir una carrera cuesta aproximadamente 1,8 millones de euros y tienes 100 matriculados, cada estudiante le cuesta a la universidad 4.500 euros por año. Si tiene la mitad, le cuesta el doble: 9.000 euros. Y así. “Un grado empieza a ser deficitario con menos de 50 estudiantes”, explica. Hernández Armentaros. Y hay muchos en los centros públicos. Pero estos campus no pueden deshacerse de estos grados de baja demanda (las humanidades, sobre todo, también otras como Geodesia) porque “qué consejero le dice a una universidad que cierre una filología si no tiene más de 50 estudiantes”, continúa Hernández Armenteros, y por ahí se van buena parte de los recursos.

Eso, además, dificulta abrir nuevas plazas en los estudios que sí tienen demanda, generando un tapón y una hiperinflación de notas que provoca que mucha gente o se quede fuera del grado que querría hacer (todo lo relacionado con las matemáticas o los estudios de ciencias de la salud son los de más alta demanda) o se produzca un trasvase de alumnado a los centros privados, que sí pueden dirigir su oferta. En la universidad pública española cada plaza del grado de Medicina que sale tiene 11 aspirantes y en algunos grados hasta el 90% de los aspirantes se queda sin la plaza que quería.