La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía(ACCUA) ha concedido el visto bueno a la universidad privada Loyola para que implemente este próximo curso 2025-2026 el Grado en Ingeniería Biomédica. Se da la circunstancia de que la entidad encargada de evaluar las titulaciones universitarias ha denegado ese mismo título a las universidades públicas de Jaén (UJA) y Granada (UGR), a pesar de que contaban con alumnado ya preinscrito.

La resolución de rechazo de la ACCUA –entidad adscrita a la Consejería de Universidad– ha desatado una contundente oleada de críticas en las provincias de Jaén y Granada. La decisión, anunciada el pasado 25 de junio –misma fecha en la que se emitió el informe favorable de Loyola al que ha tenido acceso este periódico–, ha sido especialmente polémica por el momento escogido: apenas días antes del inicio del proceso de matrícula universitaria y con cerca de 800 estudiantes que ya habían formalizado su preinscripción.

La comunidad universitaria ha calificado la resolución de “arbitraria”, “perjudicial” y “carente de justificación técnica suficiente”, desencadenando una movilización social e institucional sin precedentes en defensa de las universidades públicas, encabezada por los rectores de la UJA y la UGR. “Exigimos las mismas reglas de juego y las mismas exigencias que las universidades privadas para que podamos competir en igualdad de condiciones”, ha manifestado el rector jiennense, Nicolás Ruiz, cuestionando que “en Andalucía hayamos pasado, en muy poco tiempo, de una a seis universidades privadas”.

Todo ello en un momento crítico para la agencia de calidad universitaria andaluza, cuestionada por su falta de independencia y su “deficiente funcionamiento”, y sin director, desde que Antonio José Cubero Atienza dimitió el pasado marzo “por motivos personales”, dejando desierto hasta la fecha el cargo para el que fue nombrado en febrero de 2023. El propio Cubero Atienza alertó en un informe –firmado dos meses antes de dimitir– de la “falta de independencia y autonomía” que padecía por entonces la ACCUA.

Las privadas en el punto de mira

Entre los argumentos esgrimidos para conceder el nuevo grado a la Loyola, ACCUA destaca que la institución privada ha justificado ampliamente “la demanda del título en Andalucía”. Un razonamiento que ha agravado el malestar de la comunidad universitaria, al contemplar cómo universidades públicas consolidadas han visto denegadas propuestas similares, pese a contar con la correspondiente autorización previa de la Consejería de Universidad, concedida en el último cuatrimestre de 2024.

Ante la reacción que ha suscitado la negativa a las públicas, el consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, ha querido subrayar que la agencia –perteneciente a su propio departamento– “es total y absolutamente independiente”, garantizando que la Consejería no interviene “en ningún momento en la verificación”. En ese sentido, Villamandos ha manifestado que la Junta respeta los criterios técnicos de los evaluadores, “que son totalmente ajenos a la comunidad autónoma”.

Lejos de calmar las aguas, las palabras del responsable de Universidad han reavivado las tensiones con los rectores de la pública, a cuenta de la privatización del sistema universitario que llevan años denunciando. “En los próximos días, presentaré un análisis del informe remitido a la Universidad Loyola que seguro que no dejará indiferente a nadie”, avanzó el rector de la UJA en una rueda de prensa convocada esta semana para expresar su rechazo ante el informe negativo del Grado de Ingeniería Biomédica.

Pérdida de credibilidad

La Universidad de Granada también ha expresado su “profunda sorpresa y desacuerdo”, no solo por el rechazo al grado compartido con Jaén, sino también por la negativa a otras tres propuestas: el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, un Máster en Inteligencia Artificial aplicada a la Salud, y un Programa de Doctorado en Arquitectura.

“La situación es claramente anómala”, ha señalado la UGR, que recuerda que en los últimos 15 años ha logrado acreditar con éxito más de 200 títulos oficiales. “Resulta incomprensible que se cuestione la capacidad de una universidad líder en investigación en IA”, añaden desde la institución universitaria de Granada, que ha presentado una reclamación ante el Consejo de Universidades del Ministerio.

Fuentes universitarias con más de 30 años de trayectoria aseguran a este periódico que nunca antes habían atendido a un descontento y una crítica tan dura por parte de los rectores hacia la administración andaluza. El máximo responsable de la UGR, Pedro Mercado, ha dicho esta semana haber perdido la confianza en la agencia para la calidad universitaria en Andalucía y ha reclamado una reforma profunda del ente evaluador “para que recupere su credibilidad”.

“Quiero que cuando se verifiquen títulos, por ejemplo, de una universidad privada de golpe de doce títulos, se miren tan minuciosamente como se han mirado cada uno de los títulos que se han presentado por parte de la Universidad de Granada”, ha defendido Mercado, aludiendo al hecho de que los centros privados logran ampliar progresivamente su oferta académica, gracias al aval que le concede la administración andaluza.

Procedimiento de evaluación

En total, este año se han sometido a evaluación de ACCUA 48 títulos de grado y máster del sistema público andaluz. Las universidades públicas enviaron sus solicitudes tras obtener la autorización previa de la Consejería en el último cuatrimestre de 2024, paso imprescindible para que una titulación sea aprobada.

De esas 48 solicitudes, seis han sido rechazadas “por no cumplir los criterios técnicos exigidos”, según un comunicado oficial de la agencia evaluadora. De acuerdo con ACCUA, actualmente la normativa europea exige que, para que un título tenga carácter oficial y sea reconocido dentro de la UE, debe pasar por un procedimiento de evaluación independiente y externo del que no pueden formar parte ni la Junta, ni las universidades andaluzas, ni su profesorado. Tanto es así que, según la agencia, la comisión evaluadora está formada por más de un centenar de profesores universitarios ajenos a Andalucía.

Los seis títulos que han recibido informe desfavorable son dos másteres de la Universidad de Córdoba (Enseñanzas Artísticas de Música e Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, este último junto a la UJA); dos grados coordinados por la Universidad de Granada (Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el Grado de Ingeniería Biomédica); así como el máster en Intervención e Investigación Logopédica de la Universidad de Málaga con la de Chile. Cierra esta lista el máster en Inteligencia Artificial y Big Data aplicada a Ciencias de la Salud de la UNIA (coordinadora) con la Universidad de Granada.

Las instituciones universitarias pueden recurrir la decisión de la ACCUA ante el Consejo de Universidades –órgano adscrito al Ministerio– que trasladará los casos a una comisión independiente dentro de la propia agencia andaluza. Dicha comisión será distinta a la que ha evaluado en primera instancia y se encargará de realizar un nuevo informe. Si es favorable, podrán implantar los títulos en cuanto lo decidan. Si no, deberán esperar a septiembre para volver a presentar la solicitud. Pese a que las universidades de Jaén y la de Granada han presentado sendas reclamaciones, los rectores han descartado ya implantar la formación el próximo curso.

“Algo no funciona” en la ACCUA

En este contexto, el PSOE ha anunciado que llevará el asunto al Parlamento de Andalucía. Su portavoz en materia de Universidad, Antonio Ruiz Sánchez, ha avanzado que su grupo registrará la próxima semana una proposición no de ley para exigir mejoras sustanciales en la agencia de calidad universitaria porque “algo no funciona”, según el parlamentario socialista.

Ruiz ha recordado que la agencia lleva meses sin dirección, ya que su anterior responsable advirtió por escrito del riesgo de que la nueva ley de universidades de la Junta desdibujara su autonomía. “Se plantea su integración en un órgano superior que, de facto, desdibujaría su autonomía al suprimir su personalidad jurídica”, señala el parlamentario socialista, en alusión al informe que emitió la agencia en contra de la nueva ley de la ciencia, promovida por el Gobierno del PP.

El diputado socialista apunta, además, a una falta de personal que estaría provocando tanto la tardanza como la forma en que ACCUA gestiona la verificación de nuevos títulos: “En el caso de la UJA y la UGR, los informes llegaron demasiado tarde, impidiendo reaccionar y afectando a cientos de estudiantes ya inscritos”, apostilla Ruiz.

El PSOE también solicitará la comparecencia del consejero de Universidad para pedirle explicaciones sobre por qué se deniega el grado de Inteligencia Artificial a la UGR —“una universidad puntera en investigación en este campo”— mientras se aprueba para una universidad privada de reciente creación (UAX Mare Nostrum); o por qué se permite a Loyola ofrecer Ingeniería Biomédica y se veta a las universidades de Jaén y Granada.

Nuevo motivo de fricción entre la Junta y los rectores

La relación entre los rectores de las universidades públicas y el Gobierno andaluz arrastra años de fricciones, marcados por la falta de financiación que exigen los responsables universitarios, y la crítica a la “deriva privatizadora del sistema universitario” que le achacan al Ejecutivo dirigido por Juan Manuel Moreno.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha lamentado la “estrategia de confrontación” de los rectores y les ha instado a “respetar la integridad y la independencia” de la agencia. Sin embargo, para buena parte de la comunidad académica del sistema público, este nuevo episodio ha puesto en evidencia una creciente desconfianza hacia el sistema de verificación universitaria en Andalucía y la necesidad urgente de una reforma que garantice transparencia, equidad y rigor técnico, sin distinciones entre lo público y lo privado.