El Tribunal Supremo sigue allanando el camino para la agenda ultra de Donald Trump. Este jueves ha vuelto a fallar a favor del presidente de EEUU, y ha sido en relación con la batalla legal sobre la deportación de migrantes a países distintos del suyo. Así, la mayoría conservadora del Supremo ha decidido levantar las restricciones impuestas por un juez federal –de rango inferior y a los que el Supremo cortó las alas la semana pasada– para proteger a ocho hombres que la Administración Trump pretendía enviar a Sudán del Sur, un país inestable, víctima de las guerras y con el que los deportados no tienen ningún vínculo.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó la decisión como una “victoria para el estado de derecho y la seguridad del pueblo estadounidense” y afirmó que los migrantes “estarían en Sudán del Sur” el viernes, informa Reuters.

La decisión llega como consecuencia de que la mayoría conservadora del Supremo determinara hace unas semanas que los responsables de inmigración de EEUU pueden deportar por la vía rápida a personas a terceros países. La misma mayoría afín a Trump ha bloqueado una orden de un tribunal inferior que sí permitía a los inmigrantes impugnar cualquier expulsión fuera de su país de origen y donde podrían estar en peligro.

Pero la decisión de este jueves del Tribunal Supremo deja claro que el vuelo a Sudán del Sur puede completar el viaje, semanas después de ser desviado a una base naval en Yibuti, donde los migrantes, previamente condenados por delitos graves, fueron retenidos en un contenedor de carga.

De esta mantera, los jueces conservadores revocan las conclusiones del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts.

En efecto, el 23 de junio, el Supremo ya suspendió la orden emitida el 18 de abril por el juez federal Murphy. Murphy, que fue nombrado por Joe Biden, ni siquiera llegó a prohibir las deportaciones a terceros países, pero, concluyó que los migrantes debían tener una oportunidad real de argumentar que podrían correr peligro de tortura si eran enviados a otro país, incluso si ya habían agotado sus recursos legales.

Y este jueves, los jueces del Supremo accedieron a una solicitud del Departamento de Justicia para aclarar que su decisión del 23 de junio también se extendía al fallo de Murphy del 21 de mayo, según el cual el gobierno había violado su orden judicial al intentar enviar a un grupo de migrantes a Sudán del Sur.

Y es que el Departamento de Estado de EEUU insta a los ciudadanos estadounidenses a evitar Sudán del Sur por “la delincuencia, los secuestros y el conflicto armado”.

Dos jueces del Supremo progresistas, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, discreparon de la mayoría conservadora y argumentaron que el fallo otorga al gobierno un trato especial. “Otros litigantes deben acatar las normas, pero el gobierno tiene a la Corte Suprema de su lado”, escribió Sotomayor. La jueza Elena Kagan, quien previamente había disentido, ha afirmado esta vez: “No veo cómo un tribunal de distrito puede obligar al cumplimiento de una orden que este tribunal [Supremo] ha suspendido”.

En marzo, el gobierno de EEUU emitió una guía que afirma que si un tercer país ha dado garantías diplomáticas de que no perseguirá ni torturará a los migrantes, las personas pueden ser deportadas “sin necesidad de procedimientos adicionales”.

El Departamento de Justicia declaró en un documento que Estados Unidos ha recibido garantías diplomáticas creíbles de Sudán del Sur de que los migrantes en cuestión no serán sometidos a tortura, informa Associated Press.