La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha solicitado su excarcelación en un escrito en el que denuncia la existencia de una “causa general” contra él. “Nos encontramos claramente en el supuesto considerado por la jurisprudencia de investigación prospectiva”, dice el recurso firmado por su abogado Benet Salellas, que sostiene que “siguen sin concretarse claramente” las obras concretas o adjudicaciones en las que Cerdán habría tenido una participación delictiva.

El magistrado Leopoldo Puente acordó el pasado lunes el ingreso en prisión provisional de Cerdán, al que atribuye delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por su supuesta implicación en la trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes. Su abogado, sin embargo, sostiene que “no existe” material “incriminatorio” como para acordar una medida tan restrictiva de derechos como es la prisión provisional.

El escrito, de 20 páginas, cuestiona que el juez haya “puesto énfasis” en la relación de Cerdán con Servinabar, una pequeña mercantil navarra administrada por Antxon Alonso, un íntimo amigo suyo, y que resultó adjudicataria de contratos a pesar de “sus mínimas dimensiones y nula experiencia”. El juez considera “inequívoca” la “vinculación” de Cerdán con esa empresa, pero el recurso afirma que “no consta, al menos de la documentación adjunta y referida en el atestado policial, material incriminatorio suficiente para construir un silogismo lógico incriminatorio a partir de las relaciones que puedan existir con Servinabar”.

Los agentes encontraron en casa de Antxon Alonso un documento fechado en 2016 que otorga a Cerdán un 45% de la propiedad de esa mercantil. Según el contrato privado de compraventa, firmado por ambos, el ex ‘número tres’ del PSOE pagó 6.000 euros por 1.350 participaciones de Servinabar. El recurso recuerda que ese “borrador” no fue elevado a público y que, por tanto, no tiene efecto jurídico alguno frente a terceros. “Si las partes contratantes lo dejaron sin efecto entre ellas (…) difícilmente puede extraerse conclusión alguna del mismo”, añade el escrito del letrado.

El juez Puente acordó el ingreso en prisión de Cerdán tras declarar en el Tribunal Supremo, donde sólo respondió a las preguntas de su abogado. Cerdán se declaró inocente dijo que su imputación responde a su papel de “arquitecto” del Gobierno progresista. Así, negó haber cometido ninguna ilegalidad y rechazó cualquier financiación irregular del PSOE. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, calificó sus explicaciones de “pobres”, “sesgadas” e incluso “victimistas”.

El juez argumentó la prisión por uno de los tres requisitos que recoge la ley, el de peligro de destrucción de pruebas. Según la defensa de Cerdán, el auto de Puente “no da cumplimiento” a esos requisitos legales y, por lo tanto, “no han sido respetados los principios constitucionales”.

En su recurso, Benet Salellas denuncia que la “perspectiva” desde la que el Tribunal Supremo está tratando la causa contra su cliente es “netamente inquisitiva, partidaria de una interpretación de los hechos en todo momento contraria a la perspectiva del investigado y construida siempre desde la presunción contra reo”.

El escrito también pone en cuestión los audios que la Guardia Civil incorporó como indicios a su atestado y que fueron hallados en el registro del domicilio de Koldo García, que grabó conversaciones durante años. “Unos audios realizados y preservados de forma fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como coinvestigado no son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente para utilizar para acordar una prisión provisional en un proceso penal democrático”, dice el recurso.