El mando de la Udyco enmarca dentro de la normalidad indagar en el «entorno» de cualquier investigado por drogas y que por eso inctrodujo el nombre del líder de Podemos en una base de datos policial, a lo que el fiscal replica si hubiera hecho lo mismo con el PP y Rajoy
El invento bajo secreto de la Policía contra Podemos: Miguel Urbán y 40 kilos de coca en el pub Nueva Visión de Malasaña
Un inspector jefe de la Unidad contra la Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía ha reconocido este jueves ante el juez Santiago Pedraz que decidió consultar en las bases de datos del Cuerpo información sobre Pablo Iglesias a raíz de investigación abierta al también fundador de Podemos Miguel Urbán, unas pesquisas que se han revelado como un montaje que atribuía al militante de Anticapitalistas la venta de 40 kilos de cocaína para finanaciar al partido.
El mando policial ha declarado como investigado en el marco de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del Partido Popular. El fiscal Vicente González Mota solicitó su imputación al aparecer el carnet profesional del policía en un informe que recogía las consultas realizadas a diputados del partido que entonces lideraba Iglesias.
El agente ha afirmado esta mañana en el juzgado que a las semanas de llegar destinado a la Udyco, en 2016, fue informado de la existencia de una operación denominada Cardenal donde se investigaba a un tal Miguel Urbán por tráfico de drogas y que en la operativa podría darse un delito de financiación irregular de Podemos. El investigado ha dicho que, una vez averigüó quien era Urbán, al que no conocía, decidió consultar en las bases de datos a Pablo Iglesias por ser el líder del partido al que pertenecía el anterior.
Según fuentes presentes en la declaración, el mando de la Udyco ha defendido que se trata de una práctica habitual de los investigadores hacer comprobaciones sobre el “entorno” del investigado. También ha dicho que no recuerda haber realizado consultas sobre otro dirigente de Podemos que no fuera Pablo Iglesias.
El fiscal González Mota le ha intentado preguntar si hubiera hecho lo mismo en el caso de que, por ejemplo, el investigado fuera el Partido Popular. Es decir, si en ese caso hubiera introducido el nombre de Mariano Rajoy en una base de datos. El juez Santiago Pedraz, a instancias de la defensa del policía, ha interrupido al fiscal y ha considerado que la pregunta no era pertinente.
El policía imputado critica el montaje
La abogada del policía le ha preguntado si, una vez ha conocido que la Operación Cardenal se basaba en el testimonio de un confidente y de un relato tan increíble como el que hacía de la venta de droga por Miguel Urbán, él habría enviado ese testimonio del colaborador a la Fiscalía Antidroga, como hizo el comisario José Luis Olivera. El imputado ha dicho que, según su criterio, esa investigación no debía haberse producido de acuerdo a ese testimonio de un confidente.
La investigación a Urbán por vender supuestamente 40 kilos de cocaína fue un montaje para sustentar una causa por financiación irregular a Podemos en plenas negociaciones con el PSOE para formar gobierno en 2016. En el marco de la causa que instruye Pedraz, la propia Policía informó hace unos meses a la Audiencia Nacional de la existencia de las indagaciones sobre Urbán. Había aparecido una búsqueda sobre Pablo Iglesias y la Policía respondió que se habían hecho consultas a bases de datos policiales “sobre las personas del entorno de Urbán”. Lo bautizaron como la Operación Cardenal. Esa fue la primera pista para dar con el montaje sobre Miguel Urbán y la cocaína.
El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en 2016, el comisario José Luis Olivera, utilizó el supuesto relato de un confidente para informar a Antidroga de que Urbán habría vendido 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela en un pub de Malasaña para financiar a Podemos. El relato era disparatado, pero en la investigación acabaron involucradas las unidades centrales de la Policía contra el crimen organizado y Anticorrupción, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la propia Fiscalía Antidroga. Esta última archivó el caso seis meses después al no encontrar ningún indicio de delito en la información que le facilitaba la Policía.