Centenares de personas han acudido a primera hora de la mañana, antes de las 7 horas, frente a la finca situada en la Avinguda Vallcarca 83. Bombos, pistolas de agua y carteles en mano, se han concentrado para parar el desalojo de dos fincas en el barrio de Vallcarca de Barcelona.

La jornada ha empezado pronto y amenizada con música en directo, parlamentos y recitales de poesía que han sonado desde los balcones de estos edificios en los que viven 40 personas, 13 de ellas menores de edad. Todos sienten la sombra de la expulsión desde hace meses y, viendo que la fecha se acercaba, han intentado buscar alguna alternativa. Algunos han conseguido techo con amigos o familiares, otros han ocupado otra vivienda. Pero los hay que no han tenido esta suerte. “No tenemos a dónde ir”, resumen, lacónicos.

Por eso, la intención es resistir. Cuentan con el apoyo de diversas entidades vecinales del barrio, así como de otras partes de la ciudad. Muestra de ello es la larga lista de nombres propios que, desde las 7:30 de la mañana y hasta que se presente la policía, irán subiendo al escenario. Habrá música de la mano de la Elèctrica Dharma o Rodrigo Laviña y reflexiones con el sociólogo Ivan Miró o la periodista Ana Pacheco. También se espera a colectivos como los Bomberos contra los desahucios o la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Los primeros en tomar el micrófono han sido representantes del colectivo de Docentes 080, un grupo de maestros que luchan contra los desahucios entre el alumnado y que se ha posicionado al lado de los vecinos de Vallcarca, denunciando “las graves consecuencias” que el desalojo podría tener en los 13 niños que hoy podrían perder el techo.

Como guiño a la “esperanza”, también hablará Josep, el vecino de la Casa Orsola que evitó el desalojo in extremis gracias a la presión popular, que desde horas antes y amenizados con un programa cultural como el de este miércoles, consiguieron impedir la entrada de la comitiva judicial y presionaron hasta que el consistorio compró la finca.

Esto último es difícil que pase en esta ocasión porque los tres edificios que se van a desalojar ya son de titularidad municipal. De momento, el consistorio sólo ha emprendido la vía administrativa para recuperar los inmuebles y todavía no ha pedido una orden judicial para el desalojo. Así que este miércoles sólo se espera la presencia de la Guàrdia Urbana para pedir a los habitantes un desalojo voluntario, el paso habitual después de que el Ayuntamiento diera un ultimatum a los residentes por carta. En caso de que decidan quedarse, el Ayuntamiento sí podría proceder a solicitar una orden judicial y requerir la presencia de Mossos para proceder al desalojo forzado.

Estos edificios, que acogen una decena de viviendas y un centro social ocupado, llevan años sin contratos de alquiler porque están afectados por un plan de reforma urbanística. La única renta en marcha es la de la bodega La Riera, un bar que lleva décadas en el barrio y que, tras el desalojo, dejará un vacío en una zona en la que apenas quedan tascas de este tipo. El Ayuntamiento ha reclamado las fincas para derribarlas porque se encuentran en lo que se convertirá en una gran Rambla Verde.

Además, también se proyectan pacificaciones, espacios deportivos al aire libre y alguna promoción de viviendas sociales. Todo ello en uno de los planes urbanisticos más ambiciosos de la capital catalana que, por otro lado, lleva años parado. Las obras fueron aprobadas en 2002, pero los diversos alcaldes que han pasado por el Ayuntamiento lo han ido dejando en un cajón.

En vista de que los edificios permanecían vacíos, las entidades por el derecho a la vivienda del barrio decidieron abrir los pisos y ponerlos a disposición de familias vulnerables, sobre todo de aquellas que tuvieran niños pequeños o estuvieran formadas por personas mayores. La mayoría de los que este miércoles serán desalojados venían de procesos de desahucio y algunos, incluso, habían llegado a vivir en asentamientos de chabolas.

Una de estas familias es la de Floriana y Mario, que tienen cuatro hijos y que llegaron hace una década a esta finca. Les expulsaron de un piso realquilado y nadie les dio una alternativa mejor. “Servicios Sociales sólo nos ofreció techo por un mes ¿Qué íbamos a hacer?”, se excusa este matrimonio.

Llevan años intentando conseguir un alquiler, pero no logran un piso. Tampoco trabajo. “Hago más de 30 llamadas al día, pero como somos rumanos, nadie nos quiere”, se lamenta Mario. Como su familia, la mayoría de personas que viven en estos edificios son de etnia gitana rumana. Igual que lo eran los habitantes de las chabolas que fueron desalojadas a mediados de abril en una operación que dejó sin casa y sin lugar de trabajo a principios de mayo.

Desde el consistorio aseguran que cada caso está siendo estudiado por Servicios Sociales y que ofrecerán a cada unidad familiar “una alternativa en función de sus necesidades”. Pero Floriana y Mario afirman que nadie les ha ofrecido nada. “Como mucho alguna noche en un albergue, pero ¿de qué me sirve eso con cuatro niños?”, apunta.

El plan urbanístico de la discordia

Jaume Collboni ha sido el alcalde que le ha quitado el polvo a la reforma urbanística de Vallcarca y la ha sacado del cajón. Es un movimiento que no ha estado exento de polémicas porque ha generando bastante división en el barrio. Finalmente, Collboni decidió reiniciar los trámites en marzo y lo primero que había que hacer era expropiar las fincas afectadas por la rambla verde; eso incluía el asentamiento de chabolas y los tres edificios que se desalojarán este miércoles.

Para recuperar estos terrenos -que son propiedad del Ayuntamiento y de Núñez y Navarro- el consistorio ha recurrido al procedimiento administrativo. Se trata de un proceso largo, pero se aceleró con un incendio que hubo una noche en las barracas y a raíz del cual, los Bomberos decretaron el espacio como infravivienda con “riesgo inminente”. Eso les dio la oportunidad de entrar y desalojar sin previo aviso.

En el caso de los dos edificios, el procedimiento ha seguido su curso habitual y, después de una inspección, han sido calificados también de infravivienda. Con esto, los expedientes quedaron cerrados y se pidió a los vecinos abandonar sus casas de manera voluntaria. Algunos lo han hecho, para evitar problemas. Pero muchos otros se han negado a irse.

Las entidades ven esta reforma urbanística como un “sin sentido”. No critican que el barrio necesite de más espacios verdes ni promociones de vivienda asequible, pero lo que no comparten es que esto se tenga que hacer a costa de dejar a vecinos sin hogar. “Además, siendo que las obras no empezarán hasta dentro de muchos años”, lamentan desde la entidad Som Barri, que recuerdan que todavía hay permisos y contratos que no están siquiera licitados.

Los vecinos han intentado parar el desalojo de todas las maneras, pero afean al consistorio la “falta de diálogo y de escucha” y sostienen que no ha dado “ninguna alternativa”.