El Ministerio de Consumo ha enviado al Ayuntamiento de Madrid un archivo digital que contiene 3.565 direcciones postales de pisos turísticos ilegales y una carta firmada por el ministro Pablo Bustinduy. En la misma, Bustinduy indica que el objetivo es “facilitar la labor de inspección y sanción” por parte del Consistorio municipal ante “el persistente problema que afronta la ciudad”.

Esta notificación llega después de que el Ministerio enviara al Ayuntamiento información de 16.335 anuncios de pisos turísticos ilegales en la capital, donde tan solo constan 1.131 licencias concedidas. En aquel momento, desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se instó al alcalde, José Luis Martínez Almeida, a que pusiera “en marcha acciones para el cese de su actividad y procedimientos sancionadores”.

En aquel momento, Consumo ya había facilitado 1.218 direcciones de pisos en alquiler vacacional sin licencia y, en esta ocasión, según fuentes ministeriales, “da un paso más y aporta datos postales de otros 2.347 pisos turísticos ilegales”. Entonces, Almeida acusó a Bustinduy de actuar con “deslealtad institucional” y afirmó que “la competencia de la comercialización es del Gobierno de España”.

El Ministerio advierte de nuevo que “estos alojamientos están incumpliendo la normativa urbanística de la ciudad de Madrid, por lo que es el Ayuntamiento la autoridad competente para su inspección y cierre. Cada uno de estos pisos turísticos ilegales va acompañado, además, de su anuncio en una de las diferentes plataformas dedicadas a su alquiler, por lo que se demuestra que actualmente están operativos”.

Consumo tiene capacidad para actuar sobre las plataformas cuando haya indicios de que estás incumplen la normativa en varias comunidades autónomas. Así, Booking acaba de eliminar más de 4.000 anuncios tras un requerimiento del ministerio, que ha identificado también otros cerca de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb. Esta compañía tiene abierto un expediente sancionador por negarse a borrar anuncios que no cumplen con las normativas establecidas y cuenta ya con dos pronunciamientos en contra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, avalando el bloqueo cautelar de una primera tanda de 5.800 páginas.

El propio Almeida aplaudió estas acciones de Consumo, al considerar que “estrangular la publicación y comercialización” de estos pisos es “la vía adecuada”, a la vez que se alegró “enormemente de que el Tribunal Superior de Justicia lo respalde”. Sin embargo, desde el ministerio ponen ejemplos que avalan las competencias del regidor municipal en materia de inspección y sanción de pisos turísticos ilegales. Como “el Ayuntamiento de Barcelona, que durante el mandato de Ada Colau consiguió cerrar 7.000 pisos turísticos ilegales y recuperar 3.000 para el mercado de vivienda habitual”.

En este sentido, el propio Bustinduy ha trasladado a Almeida su “ánimo de seguir colaborando con las administraciones competentes en esta materia” para “contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial”.