Un año después de que la sección de Apelaciones del TSJ catalán diera el pistoletazo de salida a las amnistías del procés, el Tribunal Constitucional ha avalado la ley que permitió la última investidura de Pedro Sánchez. El espaldarazo señala el camino de resolución de los 19 recursos pendientes de sentencia que han realizado el Tribunal Supremo o hasta quince comunidades autónomas y que han convertido la norma en la más impugnada de la historia ante el tribunal de garantías.

Los efectos de la sentencia que desestima el recurso del PP son meramente declarativos, esto es, avalan la norma pero no tienen una incidencia concreta en los casos ya resueltos. Los jueces (en especial los distintos tribunales catalanes que acumulaban la mayor parte de casos) ya han amnistiado a lo largo del año que ha estado en vigor la ley al grueso de los candidatos a la amnistía.

Además de ratificar la norma sobre la que pivotó la investidura de Pedro Sánchez y la legislatura, la sentencia del Constitucional es relevante porque es una premisa necesaria para poder resolver los recursos contra las negativas de los tribunales que se han resistido a aplicar la amnistía. Entre todos ellos, destaca uno de los nombres por los que se aprobó la norma, el del expresident Carles Puigdemont.

El caso de Puigdemont está lejos de resolverse de forma inmediata. A día de hoy, el expresident está dentro del plazo de 30 días para poder recurrir ante el Constitucional la negativa del Supremo a amnistiarle.

El primer ‘no’ a la amnistía del expresident lo efectuó el juez Pablo Llarena el pasado 1 de julio, dentro de los dos meses que la ley daba a los magistrados para decidir. El recurso a su negativa lo resolvió el propio togado en septiembre. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal no desestimó la apelación de Puigdemont hasta abril de este año, después de celebrar una vista, en la que el expresident alegó no solo en favor de su amnistía, sino que el Alto Tribunal no era el competente para pronunciarse sobre la misma. No fue hasta este pasado miércoles que el Supremo rechazó el último recurso de Puigdemont y le abrió las puertas del Constitucional.

Será clave ver si el expresident reclama cautelares al Constitucional y si incluyen, por ejemplo, la solicitud de retirada cautelar de la orden de prisión nacional en vigor contra él. De acordarse, su vuelta a España sin riesgo de detención estaría asegurada.

En espera similar se encuentran los recursos de los otros exconsellers a los que el Supremo también denegó la amnistía. El Constitucional debe decidir sobre sus recursos de amparo, que en su caso sí han llegado ya al tribunal de garantías, aunque se resolverán después de todas las impugnaciones de las comunidades autónomas y de las cuestiones de constitucionalidad enviadas por el Supremo o el TSJC. Del Constitucional, por ejemplo, depende que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pueda volver a presentarse a unas elecciones.

En suma, el Constitucional tiene amnistía para todo el otoño, en un calendario que discurrirá en paralelo al de la Justicia europea, que antes de fin de año resolverá las distintas cuestiones prejudiciales contra la norma que le enviaron la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, el TSJC y un juzgado de Vilanova (Barcelona).

Al no existir datos oficiales ni del Poder Judicial ni de la Fiscalía sobre el número de amnistiados, hay que contrastar las cifras que ofrecen entidades como Òmnium Cultural y Alerta Solidària con los 486 potenciales beneficiarios que el Ministerio Público sí concretó antes de la entrada en vigor de la norma (a los que hay que restar los casos archivados por errores judiciales y que no fue necesario amnistiar, como Tsunami Democràtic o la trama rusa, que contaban con una docena de investigados cada uno).

A principios de junio, coincidiendo con el aniversario de la entrada en vigor de la norma, la organización antirrepresiva Alerta Solidària cuantificó en 173 los manifestantes independentistas amnistiados, frente a 129 policías y 29 políticos y cargos del Govern. Dos semanas después se les sumaron los 37 exaltos cargos, funcionarios y empresarios investigados por los preparativos del 1-O. Esto implica que alrededor del 70% de candidatos al olvido penal del procés ya han sido amnistiados.

Aunque algunas amnistías han ido al ralentí cuando la ley les daba dos meses, al final la mayor parte de los jueces y tribunales en Catalunya han amnistiado a los afectados. La excepción ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los diputados de ERC y colaboradores de Junqueras, Josep Maria Jové, Natàlia Garriga y Lluís Salvadó.

La tendencia es clara: cuanto más alta es la jurisdicción, menos amnistías se han concedido. El Supremo la ha directamente rechazado en todos los casos que afectaban a Puigdemont y los exconsellers al considerar que la malversación no es amnistiable, al contrario de lo que sí han avalado varios tribunales catalanes.

Por su lado, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas la han dejado en suspenso a la espera de que la Justicia europea resuelva las cuestiones prejudiciales contrarias a la amnistía a dos de los casos más sensibles para el independentismo. Se trata de los 12 CDR que se juegan penas de hasta 20 años de cárcel por terrorismo y los más de 30 exaltos cargos, incluidos los expresidents Puigdemont y Mas, que afrontan multas millonarias por los gastos del procés.

Sin plantear preguntas a la Justicia europea o al TC, un juzgado barcelonés también mantiene sin resolver la amnistía de los síndicos electorales del 1-O. Son las excepciones más sonoras a una norma que la mayoría de tribunales con sede en Catalunya ha aplicado sin ruido.