A pesar del calor asfixiante que azotaba Madrid este mediodía, varios cientos de personas se han reunido ante la sede del Tribunal Supremo para respaldar la protesta convocada por las asociaciones conservadoras de jueces y fiscal contra la reforma de la carrera judicial que prepara el Gobierno y que a su juicio supone un “atentado contra el Estado de Derecho”. “No nos queda más remedio que ir a la huelga”, han advertido los jueces convocantes.

Ataviados con las togas negras y pesadas con las que acuden a los tribunales, numerosos jueces conservadores se han concentrado en la Plaza de la Villa de París. Algunos levantaban carteles escritos en inglés. “Save the rule of law”, es decir, “salvemos el estado de derecho”. La muchedumbre que se ha concentrado ha reclamado “independencia judicial” y les ha mostrado su apoyo: “No estáis solos”. “La acumulación de de todos los poderes en las mismas manos da lugar a la tiranía”, rezaba el comunicado de los jueces.

Esta protesta es el primer paso de la pelea de las asociaciones conservadoras contra el Gobierno. Después seguirán tres jornadas consecutivas de huelga a partir del 1 de julio. La convocatoria parte de las cinco asociaciones del centroderecha judicial, que acusan al Gobierno de amenazar los “principios básicos del estado de derecho” con los proyectos de ley que están en tramitación parlamentaria con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía.

Los promotores —entre los que no están las dos únicas asociaciones progresistas— han optado por mantener la huelga a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió esta semana por unanimidad que el ejercicio de este derecho por parte de los jueces carece de “soporte” legal.

Varios jueces han leído un manifiesto en el centro de la plaza. “A grandes males, grandes remedios”, han reclamado para animar a sus colegas a la huelga. “No tendremos más remedio que acudir a la huelga, que nadie dude de que los jueces no queremos esta huelga, nos duelen los justiciables”, han matizado. Los asistentes, la mayoría ataviados con banderas de España, han respondido: “Viva la UCO”.

La protesta ha reunido a una mezcla heterogénea de manifestantes. Muchos abogados, jueces de carrera, pero también manifestantes habituales contra el Gobierno. “El estado de derechas no es de izquierdas ni de derechas”, seguían los lectores del manifiesto, pero algunas pancartas no estaban muy de acuerdo. “Spain is no longer a democracy [España ya no es una democracia]”, “P. Sánchez is a dicator [Pedro Sánchez es un dictador]”, rezaban algunos carteles para el público extranjero que estuviese mirando. “Pedro Sánchez, hijo de puta, Pedro Sánchez, nos gusta la fruta”, se han lanzado otros, ya pensando en el público local. “Quien insulta se descalifica a sí mismo”, decían los convocantes por la megafonía para tratar de marcar distancias.

Los jueces y fiscales que han asistido han terminado con una fotografía frente al Supremo que han conseguido, han dicho, después de mucho intentarlo. Mientras, en los altavoces sonaba una canción de reggaetón compuesta para el momento: “Jueces y fiscales en unión, no se compra, no se manda callar, mérito y ley, ni amiguismo ni dedazo, que despierte la nación”.

“Porque somos españoles”, respondía un manifestante, enfundado con una gorra de la legión, preguntado por sus razones para acudir a la manifestación. Cerca de él, Gabriel y Lola, explican que si la justicia depende de la Fiscalía, entonces no hay separación de poderes. “La Fiscalía tiene que ser absolutamente independiente, y en segundo lugar no puede ser jerárquica. Los jueces no tienen jefes”, defienden. No son abogados pero tienen conocimientos de leyes, dicen.

En el centro de la polémica está el plan del Ejecutivo para regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. El proyecto prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado esas funciones dentro de las carreras judicial y fiscal, aunque sí está pensado “especialmente” para quienes llevan años en esta situación. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Justicia asegura que la estabilización viene obligada por la Comisión Europea.

Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales”. Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre, que requiere una preparación superior a los cinco años de media. En el Ejecutivo defienden, sin embargo, que se celebrará un concurso-oposición de acuerdo a los criterios de “igualdad, mérito y capacidad fijados por el Tribunal Constitucional”.

De hecho, la ley permite desde 1985 el acceso a la carrera por concurso de méritos a profesionales con más de diez años de experiencia, sin pasar una oposición. Es el llamado cuarto turno que el Ejecutivo también quiere potenciar. La ley prevé que deben suponer el 25% de la carrera, pero en la actualidad solo el 9,33% de los magistrados han accedido a la carrera por esta vía. Lo que hace la reforma es garantizar que sus convocatorias deberán ser “anuales y simultáneas” con las de la oposición libre, donde la previsión es de que se convoquen 1.440 plazas en los próximos tres años.

Otro grupo de amigos abogados se refugia bajo uno de los árboles de la plaza cuando termina la manifestación. Míriam protesta airada contra la “inseguridad jurídica” que implican las reformas de este gobierno. “Es de primero de derecho: separación de poderes”, dice. Y pone un ejemplo para explicar la frase hecha. “¿Le gustaría que le operara del corazón alguien que ha hecho un cursito por internet?”. “¿Pero eso es lo que va a pasar?”. “Por supuesto”, dice Magda, a su lado, que un momento antes bromeaba con su nombre: “Somos Jéssica, Anais…”.

“El problema -añaden- es todo lo que hace el Gobierno”. “No hacen leyes sino que dictan conductas, el legislativo no existe. El Gobierno solo impulsa decretos”, explican, pese a que la reforma que prepara el Ejecutivo es un proyecto de ley que tiene que ya está tramitándose en el Congreso de los Diputados. Ese proyecto, de hecho, pasó hace unos días el trámite de las enmiendas de la totalidad en la Cámara Baja y tiene que tratarse ahora en la comisión del ramo. “Son una panda de delincuentes”, se desquita Magda antes de despedirse.

Los convocantes se esforzaban por lanzar mensajes estrictamente vinculados con el proyecto del Gobierno. “Insistimos: mensajes positivos”, rogaban a través de la megafonía. Pero no todos los manifestantes llevaban el mismo espíritu. “Por siete votos, tienes el culo roto”, gritaba un grupo de exaltados. Los mensajes homófobos provocaron algunas muecas entre una parte del público. “La chusma del PSOE jamás tumbará el estado de derecho”, rezaba otro cartel. “No habrá paz para los traidores”, reclamaba otro. “No al golpe de estado”, sintetizaban varios carteles. En mitad de ese supuesto alzamiento, cientos de manifestantes han podido protestar este sábado contra el Gobierno en pleno centro de Madrid.