El Gobierno se comprometió a revisar la ley, una medida con muchas resistencias y férrea oposición de la patronal, pero que los sindicatos han situado en el tablero gracias a sus denuncias al Consejo de Europa
El despido improcedente en España viola la Carta Social Europea por barato y las condiciones para la readmisión
La reforma del despido en España está sobre el papel, negro sobre blanco, en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, pero era una de esas promesas que muchos veían casi imposible llevar a la práctica. Entre otros motivos, por el rechazo total de la patronal y porque la coalición progresista mantiene también diferencias al respecto. Sin embargo, Europa está forzando al Ejecutivo a recuperar este compromiso electoral gracias a dos denuncias de los sindicatos mayoritarios, primero UGT y luego CCOO, que han sido respaldadas con la conclusión de que el despido improcedente en España viola la Carta Social Europea.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano del Consejo de Europa, ha concluido que el despido improcedente en España vulnera estos catálogos de derechos a nivel europeo, que ratificó España en 2021. Principalmente por dos motivos: por un lado, porque la indemnización tasada en 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, no es suficientemente elevada para “reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario” y, por otro lado, porque el Comité considera que los tribunales nacionales deberían poder imponer a las empresas en determinados casos la readmisión de los trabajadores, algo que ahora no existe.
La decisión del Comité del Consejo de Europa “cuestiona el modelo y el régimen de despido en España”, ha destacado Unai Sordo, secretario general de CCOO este viernes, por lo que ha añadido que “tiene que abrir paso a negociación tripartita que modifique mediante un acuerdo el régimen de despido en España”. En UGT, que consiguió la primera decisión sobre la “insuficiencia” de la indemnización por despido en España, el año pasado, también instan desde hace meses a abordar esta negociación.
Tras este dictamen, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que va “a abrir mesa de diálogo social” sobre este tema, aunque no ha dado una fecha. “El despido improcedente tiene que cumplir la Carta Social Europea. Sin excusas. Está en el acuerdo de Gobierno y será una realidad”, ha apuntado Díaz en su cuenta de Bluesky. “Las personas trabajadoras nos esperan”, ha añadido.
Pendientes del Tribunal Supremo el 16 de julio
La nueva decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales urge de nuevo al Gobierno a corregir su regulación sobre despido desde instancias europeas, aunque hay cierto debate sobre la obligatoriedad jurídica de sus resoluciones. No cabe duda alguna sobre el cumplimiento de la Carta Social Europea, “un Tratado internacional jurídicamente vinculante”, recuerda Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, pero que las decisiones del Comité del Consejo de Europa “jurídicamente no son sentencias judiciales”.
Este punto ha generado “un debate sobre el valor jurídico” de las decisiones del Comité, explica Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se decanta porque sí deben tener relevancia jurídica. “Otros compañeros comparten otra valoración”, reconoce, en una discusión que pone todas las miradas en el próximo 16 de julio, cuando se prevé que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, considera que estas decisiones son vinculantes, fruto de la ratificación de España de la Carta Social Europea, así como la adhesión al Protocolo de Reclamaciones Colectivas, por el que los agentes sociales y ONG pueden denunciar al Estado ante este órgano internacional para hacer valer sus derechos.
En una reciente sentencia, el Supremo descartó la posibilidad de una indemnización adicional por despido, una de las opciones que cita el Comité para garantizar un despido reparador y disuasorio. Sin embargo, Fernando Luján destaca que el tribunal precisó en varias ocasiones no estaba teniendo en consideración la Carta Social Europea, dado que España la había ratificado con posterioridad. Por ello, el vicesecretario general de UGT espera que en julio los magistrados del Supremo lleguen a otra conclusión, validando las decisiones del Comité de Derechos Sociales. “Si no, no tendría sentido esa advertencia ni su insistencia”, apunta.
Reforma pactada o “guerra de guerrillas judicial”
Los sindicatos mayoritarios emplazan al Gobierno y a la patronal a llegar a un acuerdo en la regulación por despido, ya que consideran que es la opción que generará “menos inseguridad jurídica” para trabajadores y empresas. En un momento en el que el Comité Europeo ya ha dicho que la regulación del despido improcedente no respeta la regulación europea, hay muchos trabajadores que están recurriendo a los tribunales para exigir mayores indemnizaciones en sus ceses, con decisiones distintas e incluso contradictorias según el órgano que evalúe el caso.
“El Comité dice que el despido viola un artículo de la Carta Social Europea”, destaca el catedrático Eduardo Rojo, “pero no qué debe hacer el Gobierno para que cumpla” con ella. Por tanto, se abren varias posibilidades para ello, con un Comité que se inclina porque los jueces puedan obligar a la readmisión en su puesto del empleado. Entre otras opciones, también está la posibilidad de recuperar los salarios de tramitación, de aumentar la indemnización y de complementarla con una posible compensación adicional en los tribunales, “cuando se acrediten que existen unos daños mayores”, sostiene Luján.
“A partir de la lectura de la resolución del CEDS, parece que la solución pasaría por un sistema de indemnización más flexible que permita al juez ponderar la compensación en función de las circunstancias injustas que han acompañado al despido del trabajador”, interpreta la profesora Ana Belén Muñoz.
Los sindicatos advierten de que, si no se llega a una regulación pactada que puedan aplicar los jueces, serán los tribunales los que acaben decidiendo cómo aplicar la Carta Social Europea y los sindicatos quienes acudan a la justicia para mejorar las indemnizaciones, en lo que Unai Sordo denominó hace unos días “guerra de guerrillas judicial”. “Si la patronal se niega a esa negociación, va a exponer a un riesgo de inseguridad jurídica de primer orden a las empresas españolas. Tendrá que evaluar CEOE ese escenario”, advirtió este viernes de nuevo el líder de CCOO.
