La magistrada que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha acordado la implicación en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal y como habían reclamado la acusación popular, que lidera el PSOE, y la Fiscalía.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza Inmaculada Iglesias afirma que “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”, procede encargar a la unidad de élite del instituto armado “que investigue los hechos y lleve a cabo las gestiones necesarias” para indagar en las operaciones que mantienen imputado al empresario por corrupción en los negocios y administración desleal.

La Fiscalía y la jueza aprecian indicios del pago encubierto de una “comisión” de medio millón de euros por parte de González Amador a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año. González Amador abonó esa cantidad por una empresa de la mujer de Camino que no había facturado ni 30.000 euros en el último ejercicio y carecía de patrimonio o trabajadores.

Ante la jueza, el empresario declaró que si pagó casi medio millón de euros por una sociedad que apenas facturaba era por la red de distribución que tenía y, por tanto, no se trataba de un soborno a un directivo de Quirón. Tras su declaración, la jueza decidió imputar a la esposa de este directivo, la farmacéutica Gloria Carrasco, que aseguró que la venta fue “razonable”.

La magistrada adopta la decisión de implicar a la UCO en funciones de policía judicial después de escuchar la versión de González Amador y Carrasco y de que no la convencieran. En el auto, la jueza abunda en la tesis del soborno detrás de la compra de la sociedad, ya fuera como pago por parte de González Amador al presidente de Quirón Prevención por una comisión de dos millones que ganó la pareja de Ayuso y que facilitó desde otra empresa Camino; o como contraprestación por haber hecho que el novio de la presidenta aumentara su facturación a la empresa sanitaria antes de empezar su relación con ella.

La acusación popular, que ejerce el PSOE y Más Madrid, habían solicitado una batería de diligencias, incluida la imputación de Fernando Camino, decisión que por ahora no adopta la jueza. PSOE y Más Madrid fueron los primeros en reclamar la implicación de la UCO y de la UDEF de la Policía en el caso para investigar el patrimonio de González Amador y los vínculos societarios entre los presuntos implicados, respectivamente. La jueza aseguró que adoptaría una decisión sobre las peticiones de la acusación popular tras escuchar a Gloria Carrasco. Su versión, coincidente con la de González Amador, ha motivado que la jueza de un impulso al caso.