Este viernes estaba previsto el desalojo de Encarna M., una vecina del municipio de Alaior (Menorca) que, a pesar de encontrarse al corriente de pago y contar con varios informes de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, ha estado a punto de ser desalojada por la SAREB, después de que el inmueble donde vive hace años quedara en manos del “banco malo”. Tras conocerse la sentencia, ha señalado a elDiario.es que se trata de una “victoria de todos los vecinos organizados en defensa de la vivienda” y ha subrayado la importancia de “resistir juntos y apostar por los espacios colectivos”.

Según ha asegurado a este periódico, Encarna ha vivido un calvario en los últimos dos años intentando que se respetara la validez de su contrato, después de que la empresa promotora del piso que habita en la calle Ramal 79 fuera a la quiebra y los apartamentos que gestionaba pasaran a ser propiedad de SAREB. “Desde que la empresa entró en embargo hipotecario yo he ido pagando religiosamente el alquiler en una cuenta judicial habilitada, estoy al corriente de pago y tengo un contrato vigente, no tenían ni tienen derecho a echarme de aquí”, ha expresado la afectada visiblemente emocionada.

El drama del acceso a la vivienda digna y asequible en Menorca afecta cada vez a más personas y, desde hace algunos meses, el caso de Encarna, esta enfermera oriunda de Segorbe y afincada en la isla desde hace más de diez años, se ha convertido en un símbolo de las consecuencias sociales de esta crisis. “Soy personal de salud, pago mis impuestos, pago el alquiler, he presentado cinco informes a la SAREB de mi situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, he hablado con servicios sociales, con concejales e, incluso, con diputados de distintas fuerzas para intentar evitar este desalojo”, explica la afectada. Reconoce estar aliviada por la suspensión del lanzamiento, pero subraya que es “triste tener que llegar a pensar en encadenarte a la puerta de tu casa con casi sesenta años para defender tu derecho a dormir en un sofá-cama”, cuenta en relación al piso de apenas 60m2 que comparte con uno de sus hijos.

Fuentes de la SAREB consultadas por elDiario.es han subrayado la importancia de la articulación con los servicios sociales del Ayuntamiento de Alaior para “acreditar la situación de vulnerabilidad” de Encarna y avanzar en un alquiler social con acompañamiento en el mismo piso que habita la afectada. “Nosotros estamos obligados a denunciar cuando recibimos un piso que viene de una situación irregular, pero, tras acreditar la situación de la inquilina, solicitamos formalmente al juzgado que detuviera el lanzamiento para poder negociar un nuevo contrato bonificado y con acompañamiento para la persona en situación de vulnerabilidad”, explican.

Por su parte, vecinos de la Plataforma Menorca per l’Habitatge, de la que forma parte Encarna, señalan que los informes de vulnerabilidad fueron enviados hasta en cinco ocasiones y nunca tenidos en cuenta por SAREB. “Hubo otra fecha de lanzamiento antes de esta y la de hoy se ha detenido sobre la hora. Nosotros permanecemos alerta. El tema no está resuelto”, han subrayado los activistas.

La última movilización contra la crisis de vivienda en Menorca el pasado mes de abril que convocó a un millar de personas en las calles de Maó.

“Estamos al borde del colapso”

Encarna llegó en 2013 a Alaior prácticamente con lo puesto y con sus tres hijos a cargo, totalmente sola después de que su ex pareja desapareciera sin dejar rastro. Durante un tiempo trabajó como camarera de piso, como cocinera en varios restaurantes y en empresas de limpieza en colegios, oficinas y casas particulares. “Al principio fueron años muy difíciles, tuvimos que pedir ayuda a Cáritas y Cruz Roja porque no llegábamos”, recuerda en diálogo con elDiario.es.

Con los últimos coletazos de la recesión en 2008 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y habiendo cumplido cincuenta años, Encarna decidió dedicar algo de su poco tiempo libre a estudiar un grado superior en farmacia. “Después de transitar por trabajos ocasionales, terminé en la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca. Yo tengo dos operaciones, una en la columna y otra en la clavícula, que me impiden trabajar normalmente. Tengo reconocido un 51% de discapacidad”, cuenta y añade que, a pesar de estas circunstancias, decidió “seguir adelante”. “Me animé a estudiar el Grado en Enfermería y actualmente trabajo como personal de salud, aunque tengo que reconocer, tristemente, que la precariedad y las malas condiciones del sector muchas veces me hacen plantearme volver a la hostelería o a limpiar casas”, reflexiona.

Encarna lleva consigo dos bolsas de tela grandes donde acumula la suma de todos los expedientes, papeles, burofaxes, avisos, notificaciones, cartas y documentos que prueban el calvario de estos últimos dos años paseando por oficinas, ayuntamientos y juzgados. En una libreta con las tapas color verde tiene detalladas las fechas más importantes. “El 30 de noviembre de 2018 nos mudamos a la casa de la calle Ramal con mis tres hijos. Apretados, pero felices de tener un techo. Firmamos un contrato por siete años con la empresa Provico Andica SL, que más tarde se declaró en quiebra. Los promotores y responsables de la empresa nunca más respondieron una llamada o un mail”, cuenta a este medio. En febrero de 2021 les llegará a Encarna y sus hijos una carta del Juzgado informando que la empresa estaba sujeta a un embargo hipotecario por deuda y un número de cuenta para realizar los pagos del alquiler en depósito judicial.

El 8 de marzo de 2022 recibió una intimación del mismo juzgado que le indicaba que debía presentar el contrato de alquiler ante la Justicia. Ella lo llevó y adjuntó los recibos de todos los pagos mensuales realizados. Sin embargo, la secretaria del tribunal se negó a recibirlos, según su versión. En abril de ese mismo año fue citada nuevamente y, durante la audiencia, la abogada representante de la SAREB declaró que su contrato no era válido porque no estaba inscrito en el registro de la propiedad, a pesar de que esta certificación no es obligatoria. “Además, me acusó de no estar pagando el alquiler. Yo me quedé helada. Menos mal que llevaba los recibos conmigo y pude demostrar el cumplimiento de todos los pagos, a pesar de que la SAREB continuaba negando su validez incluso en sede judicial”.

Encarna muestra el último burofax enviado por los servicios de SAREB donde se le insta a abandonar la vivienda o a ser desalojada por la fuerza pública.

A partir de ahí se abrieron diversas instancias de negociación con el “banco malo”, que ella describe como “un juego de desgaste físico, mental y emocional”. Según cuenta Encarna mientras sigue sacando papeles de sus bolsas de tela que lucen membretes de distintos bufetes de abogados y empresas tercerizadas de la SAREB, en algún momento de 2022 fue contactada por un despacho de abogados que le solicitó un nuevo informe de vulnerabilidad. “Hicimos otro informe y lo enviamos con acuse de recibo, pero no obtuvimos ninguna respuesta durante meses. A veces me llamaban otros intermediarios para pedirme toda la documentación otra vez y luego, al preguntar por el estado de mi expediente, afirmaban no conocerme, alegaban que mi expediente no existía o que había dos con el mismo número. Fue un calvario”, recuerda.

A pesar de que tanto el Ayuntamiento como la SAREB sostienen que se avanzará en un nuevo contrato de alquiler bonificado con acompañamiento, Encarna sabe que será una larga negociación que podría durar varios meses hasta la firma de ese contrato. “Temo que se encuentre un vacío legal y el juez decida retomar el lanzamiento después de que se acabe el contrato actual, en el mes de noviembre, y antes de que se firme el nuevo con SAREB, cuyos plazos no manejo yo”.

Encarna sostiene que son muchísimos los vecinos en su situación y que, en muchos casos, no salen a la luz “por vergüenza, por desgaste, por tirar la toalla”. Reivindica la organización vecinal como un pilar de acompañamiento no sólo en lo legal, sino también en lo afectivo. “Es importante apoyarse en los otros. Los bancos tienen que entender de una vez que no somos números, sino personas, familias, proyectos de vida”. Cuenta que desde 2022 recurre con frecuencia a la medicación para poder dormir y tranquilizantes para evitar colapsar. Está exhausta. “Llevo trabajando desde los nueve años y he sacado adelante a tres hijos. ¿Cómo es posible que tenga que suplicar a una entidad cuasi pública que no me deje en la calle?”, comenta.

La punta de un iceberg

El caso de Encarna se ha convertido en un ejemplo paradigmático en Menorca y especialmente en Alaior, ya que, a pocas calles de la casa de Encarna, sobre la avenida Verge del Toro, la empresa promotora Mussola y Bitácora SL quebró y dejó a 56 familias en un limbo legal y al borde del desahucio. El pasado mes de marzo el juzgado 3 de Maó resolvió que los vecinos (varios de ellos en situación de vulnerabilidad) no tienen derecho a permanecer allí tras la quiebra de la empresa promotora. “Nos han dicho que nuestros contratos no son válidos y que se nos avisará directamente para el desahucio”, explicaba José Antonio Andueza, uno de los afectados, en declaraciones a elDiario.es.

Según señalan desde el Ayuntamiento, el caso de los vecinos de Verge del Toro es diferente al de Encarna porque el edificio aún no ha salido a subasta y no pertenece al parque de vivienda del “banco malo”. Desde SAREB confirman a elDiario.es que la subasta no se ha realizado y que “va para largo”. “Si se da el caso de que el inmueble pasa a nuestras manos, intentaremos garantizar que todos aquellos que tengan derecho a permanecer [lo hagan] y, por supuesto, si hay situaciones de vulnerabilidad, serán tenidas en cuenta”, subrayan desde la entidad. Mientras tanto, los vecinos de Alaior celebran con timidez que una de sus vecinas podrá seguir durmiendo en su casa. Al menos por ahora.