La Dirección de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat ha enviado centenares de correos a jóvenes extutelados que podrían haber recibido pagos por prestaciones indebidas. Esta comunicación se da sólo dos semanas después de que se hiciera pública el resultado de la investigación de la Sindicatura de Cuentas, que constató que entre 2019 y 2022 se otorgaron más de 167 millones de euros en pagos inadecuados. De ellos, 4,7 millones (el 2,8%) fueron prestaciones a extutelados.

Según ha avanzado el Diari Ara y ha confirmado este medio, las cantidades reclamadas van entre los 10.000 y 36.000 euros. Las cartas recibidas, a las que ha tenido acceso elDiario.es, apuntan a posibles “incumplimientos de los requisitos” para recibir las prestaciones, informa a los afectados que se iniciará una revisión del dinero cobrado y avisa de la cuantía que se estima que se deberá devolver.

Desde la Generalitat apuntan que es una reclamación preventiva y que las personas consultadas tienen margen para poder desmentir la sospecha aportando pruebas de que sí eran merecedores de las ayudas, tales como el padrón o documentación de Servicios Sociales.

Uno de los posibles incumplimientos que más figuran en estos documentos es “haber dejado de residir en Catalunya”. Esta es una infracción que detectó la Sindicatura de Greuges en su informe y que ya habían alertado diversos educadores sociales que pusieron denuncias anónimas frente a la Sindicatura y Antifraude.

Concretamente, lo que denunciaban los trabajadores es que había entidades del tercer sector -a quienes la Generalitat había externalizado la gestión de las prestaciones- que seguían solicitando ayudas para jóvenes que ya no vivían en Catalunya o que ya habían conseguido un trabajo. Según las denuncias presentadas, las entidades podrían haberse quedado una parte de esa prestación, mientras pagaban la otra a los jóvenes para que siguieran yendo a firmar los documentos necesarios.

Según los alertadores, muchos de los jóvenes no sabían que ya no tenían derecho a seguir cobrando las ayudas, ya que sus educadores de referencia no les habían informado y, de hecho, algunos de ellos no se han enterado de que estaban incurriendo en fraude hasta que han recibido la carta de la Generalitat.

Los primeros en recibirlas han sido los que empezaron a cobrar las prestaciones antes, para evitar que el caso preescriba. También se han focalizado en los que están a punto de cumplir 23 años y que, por edad, dejarán de poder percibir la llamada “prórroga asistencial”.

A partir de aquí, las entidades aseguran que la Generalitat les ha comunicado que próximamente empezarán a recibir cartas sobre prestaciones concebidas en 2022, 2023 y 2024. Estas fechas ya están fuera del periodo de tiempo investigado por la Sindicatura de Cuentas (2019 – 2021), pero sí que contempla los años que ahora está estudiando Antifraude y sobre los que se espera que publique un informe próximamente.

Estas entidades también afean a la Generalitat que sólo se esté pidiendo el dinero a los jóvenes extutelados, aunque sólo representen el 2,8% de los pagos indebidos que se han detectado. Además, constatan que son uno de los sectores “más vulnerables” de la sociedad y aseguran que estas reclamaciones “pueden echar por tierra todo el trabajo de integración que han hecho”.

También afean que estas comunicaciones se hayan hecho mediante correo electrónico “sin previo aviso” a las entidades, que podrían haber puesto a los jóvenes sobre aviso. Desde la Generailitat reconocen que este requerimiento puede “generar molestias” y lamentan “el agravio que pueda ocasionar a los jóvenes”, pero insisten en que están “legalmente obligados a actuar cuando se detectan indicios de pagos indebidos”.

En la misma línea explican que este proceso de revisión es fruto de los “nuevos mecanismos de supervisión y control” que la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, puso en marcha poco después de que saliera a la luz el caso de una menor violada y explotada en una red de pederastia mientras estaba bajo guarda de la Generalitat. Aquel caso coincidió en el tiempo con la investigación por supuestos pagos indebidos.