Sumar presionará al Gobierno para movilizar el 1% del PIB al año para salvar la crisis de vivienda. El socio minoritario de la coalición quiere utilizar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 como “palanca” para resolver la crisis residencial que ahoga a buena parte del país y pedirá al ministerio una mesa de negociación para abordar esta estrategia, que permita destinar unos 16.000 millones de euros al año —unos 65.000 en toda la vigencia del plan— para crear “un gran parque de vivienda pública para el alquiler asequible no descalificable”, según han explicado fuentes de la formación.

El Gobierno central tiene, principalmente, dos competencias en materia de vivienda: puede impulsar leyes que sirvan como paraguas al resto de administraciones y transferir financiación para que estas ejerzan sus propias competencias. En el primer caso, el Ejecutivo no puede forzar a las comunidades a que se resguarden de la lluvia, como ha demostrado la negativa de la mayoría de autonomías del PP a aplicar las zonas tensionadas que recoge la Ley de Vivienda. En el segundo, quien paga, manda, así que puede condicionar esa financiación a que se cumplan sus condiciones.

Los planes estatales son la herramienta por la que el Ministerio trasfiere esos fondos, condicionados a la cofinanciación del resto de administraciones. La ministra, Isabel Rodríguez, lleva meses manteniendo contactos para definir ese plan, que pasaría por no dar “ni un euro ni un suelo” a las comunidades autónomas si estás no garantizar que vayan a viviendas que sean públicas “a perpetuidad”. Sumar también quiere tener voz en esa estrategia, para lo que convocará al Ministerio para abordar la protección permanente de las viviendas “construidas total o parcialmente con fondos del Plan Estatal de Vivienda (PEV)”, para que nunca puedan ser desclasificadas.

Entre las medidas que Sumar quiere incluir en ese PEV se encuentra que la mayoría de esas viviendas del ampliado parque público que surja de esa estrategia se destinen a alquiler asequible. La plataforma ha calculado que, con un alquiler medio de entre 400 y 600 euros, por un piso de 80 metros cuadrados, se podrían devolver los créditos recibidos para su construcción. Porque aquí viene la otra pata del plan.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso a las comunidades autónomas triplicar el presupuesto para vivienda hasta los 7.000 millones al año. El Ejecutivo central se comprometía a aportar el 60% y pedía a los presidentes autonómicos que cofinanciasen el plan con el otro 40%. Sumar propone ahora que lo que resta hasta los 16.000 millones anuales provenga “de la línea de 90.000 millones de los Fondos Next Generation que no estamos gastando”, ha explicado el portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Carlos Martín.

“Podemos condicionar esos recursos para que las comunidades y los ayuntamientos los gasten de una manera determinada, con el objetivo de construir un parque de vivienda pública a precio asequible no desclasificable”, ha explicado el diputado. El plan pasa por habilitar una parte de esos fondos de forma anual en función del nivel de tensión residencial. “Si no se gasta, se pierde y pasa al resto de comunidades”, ha añadido Martín, consciente de que no se puede forzar a las administraciones a gastar esos fondos, que se reciben con un interés más bajo que el que marcan los mercados financieros y se tienen que devolver a 30 años.

Antes de construir vivienda, Sumar plantea movilizar la disponible. Por un lado, acabando con los alquileres turísticos ilegales, que ya son ilegales. Por otro, sacando al mercado viviendas vacías en zonas tensionadas. Para ello, plantean la fórmula de la agencia pública del alquiler y una “imposición local progresiva suficientemente alta y disuasoria”.

Una de las principales diferencias con el PSOE es la de la colaboración público-privada. Si ambos coinciden en crear una empresa estatal de vivienda, los de Yolanda Díaz apuestan por mantener al margen a los promotores privados. “Las inmobiliarias suponen un sobrecoste y operan para que esas viviendas en algún momento se descalifiquen”, razona Martín, que indica que “es difícil encontrar ninguna otra actividad en el aparato productivo que opera con un margen de beneficio tan amplio”, que sitúa por encima del 30%.