“Nunca es tarde para hacer justicia, pero tiene que ser ahora”. Es la petición que un centenar de represaliados del franquismo y la Transición han dirigido a instituciones internacionales para poner fin a la “impunidad” de los crímenes de la dictadura. La carta, enviada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ha contado con el apoyo de personalidades de la cultura y la comunicación como la directora de cine Isabel Coixet, el actor Juan Diego Botto o el presentador Marc Giró.

Por primera vez, casi un centenar de personas detenidas por la Policía franquista han dirigido una carta conjunta al TEDH y al Comité contra la Tortura para pedir que obliguen al Estado español a investigar las torturas “sistemáticas” que se produjeron a los opositores al régimen durante el franquismo y la Transición.

La misiva se envía en un contexto en el que, pese a que la Fiscalía y las víctimas creían que la ley de Memoria Democrática de 2022 abría la puerta a investigar judicialmente a los policías franquistas torturadores, los tribunales lo han negado.

Los jueces han mantenido las tradicionales barreras con las que se han encontrado las víctimas del franquismo para encausar a sus torturadores: la amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos cometidos por los policías. No obstante, sí dejaron la puerta abierta a que la Fiscalía escuchara a las víctimas e investigara las torturas, pero sin poder encausar a ningún agente.

Esta es la vía que ha emprendido la Fiscalía tras la denuncia de Blanca Serra, histórica activista de la izquierda independentista catalana. Las pesquisas las pilota la Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.

“Con todo el respeto, pero también toda la convicción, pedimos que pongan fin a la impunidad porque nunca es tarde para hacer justicia, pero tiene que ser ahora, mientras todavía estamos vivos y los perpetradores pueden responder por los actos horribles que cometieron”, reza la misiva de los represaliados a las instituciones internacionales.

Entre el centenar de firmantes de la carta están la propia Blanca Serra además de Carles Vallejo, presidente de la Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme y torturado en la comisaría de Via Laietana por su militancia en CCOO, o Maribel Ferrándiz, activista por la memoria y represaliada en la prisión de Trinitat Vella.

La abogada del centro Irídia, Sònia Olivella, que representa a Serra, ha afirmado que las torturas del franquismo “no son historia pasada, sino impunidad presente”. “El Estado español tiene la obligación de investigar y juzgar las torturas del franquismo y no lo ha hecho”, ha agregado.

Vallejo ha recordado que los represaliados se encuentran ante una injusticia: “Tuvimos el valor de luchar en una sociedad traumatizada por el franquismo, y pese a la violencia y la represión, nunca hemos dejado de enfrentarnos a esta impunidad”.

“La impunidad es muy preocupante, es una apología contra los derechos humanos. En este país no se está haciendo justicia y por esto tenemos que ir más allá de nuestras fronteras”, ha manifestado Ferrándiz.

Entre las primeras adhesiones a la carta figuran, además de las de Coixet, Botto y Giró, las del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich; los periodistas David Fernández, Mònica Terribas y Moha Gerehou; el actor Miki Esparbé; los juristas Pastora Filigrana y Joaquín Urías; las hermanas Puig Antich; la escritora Lucía Lijtmaer y las cantantes Ana Tijoux y Judit Nedderman.

La carta se ha presentado este jueves en la antigua cárcel Modelo de Barcelona, uno de los epicentros de la represión franquista en la ciudad que sí se ha convertido en un espacio de memoria. Lo contrario ocurre con la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana (Barcelona), la conocida como ‘casa de los horrores’, que medio siglo después del fin del franquismo sigue siendo una comisaría.

El edificio está inmerso en un profundo debate sobre su futuro: las víctimas del franquismo reclaman que la Policía se traslade a otra sede y la Jefatura se convierta en un memorial, como ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín. Sin embargo, tanto los Ejecutivos central como catalán, ambos socialistas, han enfriado el traslado y mantienen que el edificio puede ser al mismo tiempo sede policial y lugar de memoria.