El Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad que el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados “carece, en el momento actual, de soporte normativo”. En consecuencia, “no procede tener por anunciada” la convocatoria de huelga prevista para los días 1, 2 y 3 de julio por todas las asociaciones menos las progresistas. Además, el órgano subraya que no tiene competencia para fijar servicios mínimos. Así lo recoge el acuerdo finalmente suscrito y al que ha tenido acceso elDiario.es.

En paralelo, una mayoría de miembros del pleno —los diez vocales conservadores y la presidenta, Isabel Perelló— han secundado un texto que respalda parte de las reivindicaciones de los promotores de los paros. En concreto, las críticas al proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Así, el texto aprobado por 11 de los 21 votos considera la medida “injustificada” y contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional.

El pleno ha rechazado el documento respaldado por nueve de los diez vocales del grupo progresista, que también defendía que el derecho a la huelga por parte de los jueces “carece de soporte normativo” y rechazaba fijar servicios mínimos, pero que apuntaba que los jueces, como integrantes de un poder del Estado, deben cumplir con sus obligaciones “sin que sea posible la suspensión o alteración de la actividad judicial derivada del llamamiento a una movilización que no cuenta con el amparo normativo correspondiente”.