La batalla por la marcha atrás en la agenda verde se ha reabierto en la Comisión Europea y amenaza con convertirse en un problema para Ursula von der Leyen. Los grupos que constituyen la ‘coalición que gobierna la UE’ –socialistas, liberales y verdes, salvo el PP europeo– se han revuelto contra el amago de la Comisión de retirar la ley contra el greenwashing por la presión de la derecha y la ultraderecha. También en el seno del Colegio de Comisarios se ha revivido el malestar, personificado en la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, que ya se opuso al recorte de las exigencias medioambientales en el primer paquete de la eufemística ‘simplificación’ burocrática que ha puesto en marcha el gobierno comunitario.

La Comisión Europea anunció el pasado viernes su intención de retirar la ley contra el greenwashing que impulsó en marzo de 2023 con el objetivo de poner coto a los falsos reclamos verdes, como los vuelos climáticamente neutros o las etiquetas bio fake. La directiva siguió su curso legislativo: el Parlamento Europeo aprobó su posición negociadora con una amplísima mayoría para prohibirlo, y lo mismo hicieron los estados miembros en el Consejo de la UE. A partir de ahí comenzaron las conversaciones entre las tres instituciones (Comisión Europea, Parlamento y Consejo) para intentar pactar una posición común.

Se han producido dos reuniones de los denominados trílogos y, a las puertas de que se celebrara la tercera reunión este lunes, la Comisión anunció la retirada de la propuesta legislativa, en una decisión muy inusual. Ante la zozobra de la iniciativa, la cita se suspendió. El gobierno comunitario no dio entonces ninguna explicación sobre esa maniobra, que se produjo justo después de una carta que enviaron a la Comisión Europea el Partido Popular Europeo y los tres grupos de la extrema derecha en la que aseguraban que, con esa legislación, se “corre el riesgo de obstaculizar indebidamente la comunicación sobre sostenibilidad mediante procedimientos excesivamente complejos, administrativamente gravosos y costosos”.

“Demasiadas dudas y confusión”

“Dadas las circunstancias no celebraremos la reunión este lunes. Hay demasiadas dudas y confusión sobre el expediente”, reconocían fuentes de la presidencia polaca, a la que corresponde pilotar las conversaciones en el Consejo de la UE: “Respecto a los próximos pasos, nos falta claridad, así que estaremos en contacto con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para ver las posibilidades”.

El mismo lunes, la Comisión Europea reculaba hasta cierto punto sobre la retirada de la propuesta, que ya no daba del todo por hecho y la dejaba en standby hasta la próxima reunión con las otras dos instituciones, que por ahora no tiene fecha. “Una de las prioridades de esta Comisión es reducir las cargas administrativas de las pequeñas empresas”, señaló la portavoz, Paula Pinho, que justificó la intención de retirar la propuesta en la introducción de una enmienda que, a su juicio, afectaría precisamente a esas empresas añadiéndoles “cargas indebidas”: “En este contexto, si se mantiene la enmienda que se refiere específicamente a las microempresas, retiraríamos la propuesta legislativa”.

Para entonces, la batalla ya se había desatado. Dentro del Colegio de Comisarios, la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, que tiene a su cargo la cartera de Transición Limpia, presionó para mantener la propuesta, según ha publicado Politico.

You may claim being green or you may decide not to do it.
But customers deserve respect.
We should honour their trust and ensure a reliable information support.

— Teresa Ribera (@teresaribera.ec.europa.eu) 23 de junio de 2025, 14:34

“Puedes reivindicar ser verde o puedes decidir no hacerlo. Pero los consumidores merecen respeto. Debemos honrar su confianza y garantizar un servicio de información fiable”, expresó la vicepresidenta en la red social BlueSky el lunes sin mencionar expresamente el conflicto abierto en el seno de la Comisión Europea, pero sin otro margen a la interpretación.

La vicepresidenta española ya se enfrentó al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, hace unos meses por los recortes en las exigencias medioambientales y la reducción de las multas a las empresas en el marco del proceso que ha iniciado su departamento para ‘simplificar’ los procesos administrativos. Bajo esa premisa se esconde un desmontaje de políticas verdes y sociales.

La pelea en esta ocasión no se circunscribe al interior del gobierno comunitario. Las intenciones de la Comisión Europea han incendiado los ánimos de los grupos que sustentan la ‘mayoría Von der Leyen’, los socialistas, liberales y verdes, que fueron imprescindibles para que sacara adelante su reelección. De hecho, el compromiso de la alemana con la agenda verde fue uno de los argumentos que les llevó a apretar el botón del ‘sí’ en julio del año pasado.

“Esto es incorrecto desde todas las perspectivas. La Comisión Europea no tiene poder de veto y menos en esta fase”, denunció el eurodiputado liberal Sandro Gozi, que es uno de los negociadores de la ley contra el greenwashing y recordó que el ejecutivo comunitario tiene obligación de independencia en las negociaciones. “Tenemos la impresión de que seguía órdenes de tres grupos”, agregó el francés en referencia al PPE y la ultraderecha.

“Este modus operandi podría sentar un peligroso precedente para el proceso legislativo y los procedimientos institucionales, conduciendo a un enfrentamiento innecesario y evitable entre colegisladores. No creemos que sea justo privar al Parlamento de la oportunidad de finalizar las negociaciones sobre una directiva tras dos años de proceso legislativo e incontables horas de trabajo”, lamentaron los ponentes de la iniciativa, Anna Cavazzini (Verdes) y Antonio Decaro (Socialistas).

No es la primera crisis de la ‘coalición’ que gobierna la UE. Y la anterior también tuvo que ver con el alineamiento de Von der Leyen con las políticas de la ultraderechista Giorgia Meloni. En concreto, socialistas, liberales y verdes se revolvieron contra el planteamiento de la presidenta de la Comisión Europea de impulsar los centros de detención de migrantes fuera de la UE, como los que Meloni creó en Albania. A pesar del enfado de los tres grupos, esa apuesta sigue adelante en la UE.