“Cuando tienes necesidad apremiante de financiación recurres a todo”, lamenta Ángel. “Recurres a todo”, incide, y recuerda que él, que ahora está jubilado y que dedicó toda su vida a la enseñanza, necesitó un dinero que no ganaba para tratar la enfermedad de su hijo en los años previos a la pandemia. Primero pidió a los bancos tradicionales y a las entidades de crédito reguladas, pero cuando le empezaron a negar nuevos préstamos, recurrió a empresas no financieras, “usureros”, según los define, que ofertan en Internet pequeñas cantidades de dinero que hay que devolver en apenas días o semanas, y que buscan que “los deudores entren en el bucle de necesitar nuevos mini créditos para pagar los anteriores”, según denuncia Asufin (Asociación de usuarios financieros), “hasta que no puedes controlarlo, y te llaman, te amenazan, y ya solo te queda, prácticamente, pues que vengan a por ti, y que te ejecuten. En fin, la desesperación más absoluta”, comenta Ángel a elDiario.es.

Jorge tenía un pequeño negocio y había hecho algunas inversiones que no salieron como esperaba. Pidió uno de estos mini créditos para salir del paso. Fue “fácil y sencillo”, como dicen los anuncios de estos productos. “Con eso pagué algunas deudas de la empresa y pude tener algo para ir tirando, pero luego te das cuenta de que es fatal”, explica el hombre, que prefiere no utilizar su nombre real. Su caso y el de Ángel ilustran los de muchos. Para pagar el capital prestado y unos intereses que lo pueden multiplicar hasta la usura pidió un mini crédito, y otro, y otro más, hasta siete. “Llega un momento en el que no puedes más y que te quedas ahí pillado: tienes que seguir pagando mientras no entra dinero”, explica.

El VI Barómetro de mini créditos, que publica cada año Asufin, señala que el país vive “un momento netamente expansivo para los préstamos personales”, impulsado por las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, hay usuarios que se han visto expulsados de este mercado formal de financiación, más garantista y regulado, y han terminado navegando la marejada de los mini créditos que ofrecen prestamistas que escapan a la regulación financiera del Banco de España. Según este estudio, en el último ejercicio han subido tanto los importes mínimos y máximos medios que ofrecen 11 empresas analizadas (Vivus.es, ¡québueno!, Reddo, Moneyman o cashper), de 92 y 990 euros respectivamente; los plazos de devolución, de un mínimo de 17,2 y un máximo de 40,5 días; y los costes a corto y medio plazo.

“La fórmula más usual de 300 euros a 30 días ha sido la más repetida durante los años, aunque ha incorporado algunos cambios, ya sea ofreciendo plazos y especialmente cuantías superiores para clientes antiguos que hayan devuelto sus préstamos en plazo y forma o, en general, para todos”, señala el informe, que hace una comparativa para analizar el coste de estos productos. Con ese mismo ejemplo, “el mini crédito se encarece con respecto a la tarjeta de crédito hasta 170 veces”. La conclusión del barómetro es que, ante un aumento de la demanda, el sector aprovecha para incrementar sus tipos de interés y adecuarse a las peticiones de mayores cantidades.

La situación entraña dos riesgos a futuro. Por un lado, en el sector operan ahora empresas consolidadas, “con mayor experiencia” y con capacidad para “ofrecer préstamos de mayor cuantía, compitiendo con otras fuentes de financiación”. Por otro lado, que el acceso de los clientes expulsados del sistema tradicional a este capital eleven las tasas de morosidad. Los costes se llegan a disparar por encima del 1.000% TAE (tasa anual equivalente), al exigir que las cantidades y los intereses se devuelvan en muy poco tiempo. Estos pequeños plazos hacen que una oferta de un tipo de interés del 10%, o del 15%, o del 20%, que podría ser similar al de otras entidades financieras reguladas que conceden préstamos personales, en realidad son mucho mayores en términos comparables. Es decir, en el cálculo anual que corresponde a las TAE normales.

“Este tipo de productos son créditos rápidos, que no estudian el perfil del cliente ni hacen ninguna valoración previa”, explica la abogada Lola García, del departamento de asesoría jurídica de SinComisiones, un despacho que atiende cada mes unas 300 reclamaciones por intereses que se consideran usura. “El tipo de cliente es una persona que necesita dinero rápido, al que no le exigen ningún requisito y que después, cuando tiene que devolverlo, no puede, así que accede a otro mini crédito de otra entidad, hasta que terminan sobreendeudados”, indica la experta, que describe un pozo de deudas en el que cada intento por salir supone enterrarse más.

La forma de captar clientes de estas empresas ha variado con el tiempo. “Sus anuncios masivos en televisión son ahora bastante marginales, puntuales y solo de empresas líderes. Por el contrario, la forma de comercialización preponderante es a través de internet, intentando captar un público más joven”, indica Asufin. “Los clientes suelen decirnos que vieron los anuncios en las redes sociales, en TikTok, Instagram o Facebook, hicieron clic y con dar el DNI y el número de cuenta tienen el dinero ingresado”, aporta Lola García, que ha conseguido reducir o eliminar decenas de deudas. Una de las principales preocupaciones es que algunos de estos prestamistas dan el primer mini crédito “gratis”, en un tipo de marketing perverso cercano a los casinos o a las casas de apuestas, que busca a enganchar a gente con problemas, en algunos casos con el propio juego o con las drogas.

Aunque la legislación es más restrictiva en cuanto a los intereses que se pueden cobrar con las tarjetas de crédito o las entidades bancarias, los mini créditos están en un vacío legal. De hecho, para reclamar la suspensión o la devolución de los intereses abusivos, hay que remontarse a la ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, de 1908. “La Ley ”Azcárate permite declarar la nulidad de aquellos contratos de créditos con intereses superiores a los normales o desproporcionados. Sabemos que los bancos y las empresas de mini créditos prestan dinero a cambio de intereses, pero no es proporcionado pedir un 3.000%, como les ocurre a algunos clientes“, explica Lola García.

Gracias a esta estrategia, Jorge ha podido saldar parte de sus deudas. Aunque las estrategias de las empresas son variadas y cambiantes. En algunos casos, optan por alcanzar un acuerdo antes de llegar a los juzgados. En otras, alargan los procesos hasta que la justicia se pronuncia. “En los dos primeros casos, tras meter la denuncia se allanaron y me devolvieron los intereses que había pagado”, recuerda el hombre, pendiente de otro proceso, pero aliviado en parte porque “al menos puedes recuperar algo de lo perdido y quitarte esas deudas pendientes”.

Por su parte, Ángel dice que solo pudo poner freno a la espiral en la que había caído gracias a Asufin. “Se ganan el 90% de las demandas”, comenta, aunque lamenta para conseguir demostrar la usura, y que se cancele el exceso de intereses a devolver, “hay que pasar por un juzgado”, apunta Antonio Gallardo, experto económico de la Asociación de usuarios financieros.

“Nos encontramos con empresas, singularidades mercantiles, algunas domiciliadas en España y otras directamente que vienen de países del Este, o de Malta, que están fuera de la regulación, y a las que no se les puede reclamar en el Banco de España, como a las entidades financieras normales. Entonces, lo único que se puede hacer es demandar judicialmente”, explica Antonio Gallardo. Por esta razón, Asufin pide que “todo prestamista que vaya a un público general pase a estar regulado”. Esta demanda debería quedar recogida en la transposición de la directiva europea sobre créditos que, tras pasar por una consulta pública en 2024, permanece varada en las aguas del Congreso los Diputados.