La decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar al Tribunal Supremo a un miembro del Gobierno, el ministro Félix Bolaños, deja en manos de la más alta instancia penal el examen de los excesos que el magistrado ha cometido desde que comenzó a instruir hace 15 meses la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Peinado ha elevado una exposición razonada ante el alto tribunal para que impute al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y en ella repite la maniobra que practicó de forma impune en dos ocasiones anteriores, consistente en tergiversar las afirmaciones de un testigo.

En esta ocasión, el juez va más allá al atribuir a Bolaños un delito de falso testimonio, penado con hasta dos años de cárcel. Y lo hace basándose en una tergiversación del interrogatorio al que sometió al ministro el pasado abril. Peinado tomó declaración a Bolaños en el marco de una pieza separada abierta para investigar si la asistente personal de la esposa del presidente Cristina Álvarez participó en una malversación de fondos públicos al enviar dos correos electrónicos de parte de Begoña Gómez, lo que excedería las funciones de su cargo, según el juez. Álvarez, que también está imputada, es desde 2018 la asesora encargada de coordinar la agenda de la esposa del jefe del Ejecutivo. Cuando fue designada, Bolaños era secretario general de la Presidencia.

La intención del juez en el interrogatorio al ministro era conocer quién había propuesto su nombramiento. Bolaños aseguró que no fue él y que desconocía quién lo hizo. A continuación explicó que hay 2.000 personas trabajando en Moncloa, que no conoció a la asesora hasta después de nombrada y que nunca trabajaron en el mismo edificio. El juez no le dio crédito e insistió: “¿Quién podía tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de Cristina Álvarez?”. Bolaños contestó que “la iniciativa” para el nombramiento de los eventuales, caso de Álvarez, parte “de quien fuera a ser su responsable directo”.

En ese punto, el juez detuvo la declaración para que Bolaños hiciera gestiones y averiguara el nombre del responsable de la asesora. Tras media hora de receso, el juez preguntó al ministro quién era el “responsable” de la asesora. Y es en este momento cuando el ministro le facilitó el nombre que le acaban de apuntar por teléfono, cuando había llamado a preguntar: Raúl Díaz. Sin embargo, en el auto por el que solicita al Supremo la imputación de Bolaños, Peinado afirma: “Transcurrido el tiempo que se consideró razonable, el testigo manifestó que la persona que había realizado el nombramiento (…) era Raúl Díaz Silva”. La respuesta nunca fue esa.

Pese a ello, Peinado sostiene en su auto que existió una contradicción con otro testigo y se basa en ello para atribuir a Bolaños el citado delito de falso testimonio. Ese testigo es el propio Raúl Díaz Silva, al que el juez sí preguntó expresamente si conocía quién había nombrado a la asistente. Él contestó que no lo sabía. “Yo no llevo ese tema, señoría”, respondió el cargo de la Moncloa.

Según Peinado, la declaración de Bolaños fue “incierta” y esa supuesta incoherencia en el relato de ambos testigos es el “indicio principal” que le lleva a pedir al Supremo que investigue al ministro por falso testimonio. El juez atribuye a Bolaños “una actitud totalmente proterva [perversa]” y afirma que su interrogatorio es “el paradigma de un oxímoron”. Peinado alude a que Bolaños, al ser ministro de Justicia, es también el Notario Mayor del Reino. Y, por tanto, quien actúa como fedatario en actos solemnes del Estado.

El ministro compareció en la tarde de este martes en el Congreso y afirmó que la exposición razonada del juez “contiene errores de bulto”, por lo que se mostró confiado en que un Supremo “profesional e imparcial” la rechace. Preguntado sobre si considera que Peinado ha prevaricado, afirmó que es algo que no le corresponde decir, aunque recordó que “ha habido tribunales que han revocado parte” de su instrucción. La Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado, ha dado un aval parcial a sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos.

Además del delito de falso testimonio, Peinado solicita al Supremo que también investigue a Bolaños como “coautor” de un delito de malversación. El juez sostiene que el ministro pudo “participar directamente en el nombramiento” de la asistente y “conoció o no controló” las tareas realizadas por ella. Su tesis es que el delito de malversación es “de carácter permanente”, por lo que todas las personas que tuvieron “bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público” deben ser consideradas “partícipes de dicho delito”.

Como indicio, el juez aporta dos correos electrónicos que la asesora envió en noviembre de 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, entidad aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Universidad Complutense en relación con un evento en el que iba a participar. En ese momento, Bolaños ya no era secretario general de Presidencia.

Tercer incidente

La tergiversación de la declaración de Bolaños es el tercer incidente de este tipo a lo largo de la instrucción. El presidente del Centro de Estudios del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, exconsejero de Madrid en el Gobierno de Esperanza Aguirre, estuvo imputado cinco meses porque Peinado afirmó que su testimonio sobre la contratación de Begoña Gómez se contradecía con el que había prestado antes en el juzgado la jefa de Recursos Humanos del organismo. El textual de ambas declaraciones, sin embargo, dejaba claro que Sonsoles Gil de Antuñano no dijo lo que el magistrado trasladó en su pregunta a Güemes cuando lo interrogó en el juzgado.

Solo cuando la Audiencia Provincial intervino, Güemes dejó de ostentar la condición de investigado en una causa por corrupción. Antes había probado en persona la práctica tan dudosa de declarar como testigo para luego ser llamado como investigado y que el juez ya había aplicado al empresario Juan Carlos Barrabés.

Poco importó que quedara testimonio videográfico de que la interpretación de las palabras de Güemes y su subordinada suponían una invención de Peinado. El juez volvió a repetir la maniobra para forzar un careo entre Cristina Álvarez, la asesora cuya contratación ha derivado en la solicitud de imputación de Bolaños, y un antiguo cargo de Moncloa.

La entonces testigo explicó que su puesto dependía del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Por su parte, Alfredo González Gómez, vicesecretario general de Presidencia en el momento de los hechos, ratificó este aspecto y explicó que, aunque él firma el nombramiento, las propuestas le llegaban desde distintos órganos de Moncloa. En el caso de esta asistente, González dejó claro que la propuesta de su contratación partió del Gabinete de Presidencia, y no de la Secretaría General de Presidencia que dirigía entonces Bolaños.

En esta ocasión, el abogado de Álvarez presentó un escrito advirtiendo de la falta de discrepancia entre ambos testimonios. El juez suspendió el careo porque la asesora de Gómez tenía un viaje. Después Peinado no ha retomado su iniciativa del careo.

Querella de Manos Limpias

Las intenciones de Peinado comenzaron a asomar desde que admitió a trámite, en secreto, una querella de Manos Limpias que se limitaba a adjuntar ocho informaciones de prensa sobre la esposa del presidente del Gobierno, incluido una publicación de The Objective que confundía Begoña Gómez con otra mujer que se llamaba igual, la que realmente había obtenido una subvención.

La causa ha llegado a tener cinco imputados, si bien la Audiencia Provincial ha obligado recientemente a rebajar ese número a tres. La Fiscalía sigue sin apreciar indicios de delito en ninguno de ellos y coincide con las defensas en criticar el carácter “prospectivo” de la investigación. “Insólita” instrucción, “causa general”… al fiscal se le agotan los términos. Las querellas por prevaricación contra el juez que presentaron el abogado del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, y la defensa de Begoña Gómez fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Peinado no ha dejado de forzar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal desde entonces, como fábrica de titulares y pese al escaso éxito que ha tenido para la investigación. El juez se ha presentado en dos ocasiones en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración, como testigos, al presidente del Gobierno y al propio Bolaños. Esta última incluyó una escena grotesca, con el magistrado pidiendo que elevaran su mesa para estar por encima del ministro, cuya declaración interrumpió para que fuera a llamar por teléfono y se enterara de la respuesta a lo que le había preguntado.

Para tomar declaración a Sánchez jugó con los plazos de tal forma que no hubiera tiempo a que la instancia superior resolviera un eventual recurso. En esa ocasión, el tirabuzón de Peinado consistió en asegurar que tomaba declaración a Sánchez en condición de esposo de Begoña Gómez y no de presidente del Gobierno, lo que habilitaba al político a declarar por escrito. Sánchez, como era previsible, se acogió a su derecho a no declarar contra un familiar directo. Fin de la expedición a la Moncloa entre una gran expectación mediática.

La maniobra con Air Europa

La sensación de impunidad con la que actúa el juez se ha visto tímidamente interrumpida con algunas correcciones de la Audiencia Provincial. Estas solo han llegado cuando Peinado desafió de forma ostentosa las limitaciones que antes le había impuesto. Una de ellas tiene que ver con la insistencia en investigar el rescate de Air Europa en pandemia, sirviéndose otra vez de Begoña Gómez, de quien sospecha intervino en la financiación del Gobierno para que la aerolínea siguiera a flote en plena crisis de la COVID.

No le sirvió que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil redactara dos atestados en los que no apreciaba delito de la mujer del presidente del Gobierno. En una de sus conclusiones los agentes escribían que no había constancia de que el hecho de coincidir en dos eventos con los dueños de Globalia por parte de Gómez hubiera influido en la decisión “ministerial” del rescate.

La Audiencia de Madrid comenzó a poner límites a esa línea de investigación, pero Peinado se las ingenió para saltárselos. El juez llegó a poner por escrito que encargar informes no es investigar, que investigar es llamar a alguien a declarar al juzgado. Así que él, alegó, no estaba investigando. Antes de desistir, el juez Peinado ordenó a la Intervención del Estado un nuevo informe sobre Globalia, la sociedad dueña de la aerolínea, para luego reconocer que había confundido el nombre de la empresa.