La tercera declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo acogió un pasaje revelador de las dimensiones que puede alcanzar el caso. En un momento del interrogatorio al exministro, el juez Leopoldo Puente le advirtió de que la documentación en poder de la Guardia Civil es “ingente”, en referencia a los dispositivos incautados a Koldo García y a las horas de grabaciones que guardaba el exasesor personal del ministro de Transportes.

Ábalos dedicó parte de sus respuestas a cuestionar la autenticidad de las grabaciones que presentan indicios de su participación en la trama de amaño de adjudicaciones, uno de los pilares del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “No sé si están todas [las grabaciones en el informe]”, afirma en un momento Ábalos. Y el juez responde: “Están las que han podido ser tratadas. Hay una cantidad ingente de documentación”, explican varias fuentes que advirtió el magistrado.

Fuentes próximas a las pesquisas confirman que la Guardia Civil solo ha podido analizar un pequeño porcentaje del contenido de los dispositivos incautados a Koldo García. En el informe de la UCO sobre el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán solo se incluyen ocho grabaciones en las que el ex secretario de Organización de los socialistas habla con Ábalos, con Koldo o con los dos a la vez.

Las mismas fuentes explican que la búsqueda de los agentes entre ese océano de información se ha centrado en el marco que el juez ha establecido a la causa, sin descartar que en el futuro aparezcan nuevos indicios contra los actuales investigados u otras personas. El juez advirtió en un auto de la semana pasada que “este es el caso, sin duda, de don Santos Cerdán”.

La causa Koldo/Ábalos/Cerdán regresó este lunes al lugar de todos los sumarios judiciales cuando acaban de comenzar: a la negación de cualquier culpabilidad por parte de los acusados. La detención de Koldo García cumple ya 16 meses y la imputación de Ábalos medio año, pero su citación este lunes respondía a la nueva línea de investigación que los sitúa al frente de una trama de amaños en adjudicaciones de obra publica a cambio de mordidas.

Los dos imputados no se cruzaron acusaciones —Koldo García pidió suspender la comparecencia y luego rechazó declarar— y tampoco apuntaron a Santos Cerdán, quien está citado el próximo lunes y quien ya se ha convertido en la prioridad para el juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil en esta nueva fase de la causa judicial.

La oferta de colaboración con la Justicia que había predicado el entorno de Ábalos en los días previos a la comparecencia se ciñó a responder unas cuantas preguntas del juez Puente y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. La impresión de los abogados presentes es que Ábalos no accedió a la sala convencido de lo que iba a hacer. Solo quería ganar algo de tiempo porque desde que trascendió el informe de la UCO su vida es un calvario, dijo. A continuación, accedió a contestar las preguntas del juez y después hizo lo propio con el fiscal. Suficiente para trasladar que no iba a admitir ningún delito ni iba a señalar al resto de imputados.

La principal novedad del informe de la UCO radica en las grabaciones en las que Ábalos, Koldo y Cerdán hablan aparentemente del reparto de dinero a cambio de adjudicaciones del Ministerio de Transportes. “No me reconozco”, dijo Ábalos. Y ahí el juez le preguntó si se refería a que lo que ahí aparece diciendo no es propio de él o a que no identifica su voz en los audios. “¿No es que usted diga: soy yo, cómo pude hacer esto?”, preguntó el juez. Y Ábalos respondió: “No, no. Es que no me reconozco como tal”. “No es mi voz”, llegó a decir el exministro, que apuntó que los audios podrían haber sido tratados o manipulados.

“Indicios muy consistentes”

Es un movimiento tras el que las acusaciones ven un intento casi a la “desesperada” de poner en entredicho los indicios que constan contra él, sustentados principalmente en esas conversaciones que su sombra en el Ministerio grabó a escondidas durante años. Tras el interrogatorio, el juez Puente dejó claro en el auto en el que rechazó enviar a prisión al exministro y a su exasesor que el informe de la UCO que contiene esas grabaciones incluye “indicios muy consistentes” de que ambos obtuvieron rendimientos económicos “ilícitos” a cambio de la adjudicación “indebida” de obras públicas “concertados con terceras personas”.

Entre esas personas está Santos Cerdán, su sustituto al frente de la Secretaría de Organización del PSOE en 2021 y quien le presentó a Koldo García, que primero fue chófer de Ábalos y, después, su asesor personal en Transportes, con asiento en consejos de administración de varias empresas públicas. Sobre Cerdán, que nunca ha ocupado cargos en el Gobierno, afirmó Ábalos que no tenía potestad en el Ministerio, lo que se interpretó como una forma de desvincularlo de las adjudicaciones bajo sospecha.

No obstante, sí reconoció que cuando recaló en el Ministerio, Cerdán sí le hizo algunas propuestas de nombramientos de altos cargos, si bien lo enmarcó en una dinámica casi habitual en la que “mucha gente” hace propuestas. Uno de los pocos nombres propios que deslizó fue el del exministro de Fomento socialista José Blanco, quien apuntó que le había planteado el nombramiento como presidenta de Adif de Isabel Pardo de Vera, ahora imputada en la Audiencia Nacional por la contratación de una de las exparejas de Ábalos y quien también ha sido señalada por las supuestas irregularidades en las contrataciones de obras.

Al preguntar el fiscal por qué Cerdán y su asesor hablaban sobre adjudicaciones, sí concedió que ambos tenían una “relación preexistente”, según coinciden varias fuentes consultadas. Respecto a Koldo García y los audios que lo sitúan hablando de presuntos amaños de diferentes adjudicaciones, Ábalos dijo que es evidente que “no es su cometido”, pero evitó cargar las tintas contra quien fuera su mano derecha.

La estrategia en ese punto sí choca con la que siguió hace seis meses, cuando declaró por primera vez en el Supremo. Entonces, además de centrarse en su defensa, Ábalos trató de devolver el caso a su origen: las sospechas sobre Koldo García. Dijo que él había sido el encargado de gestionar las compras de mascarillas con la empresa investigada, que fue la adjudicación que está en el origen de las pesquisas. Pero también dio relevancia a su papel en la gestión de los alquileres pagados por la trama que el juez también sitúa como indicios de los beneficios obtenidos por los supuestos contratos amañados.