Ahora más que nunca, Sumar necesita una victoria política. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, confía en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para tomar impulso y cristalizar la idea que trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión en la Moncloa tras el escándalo de corrupción que afecta al PSOE: “Recuperar la agenda social”. Pero el camino no va a ser fácil. La ministra de Trabajo ha apretado el paso de la tramitación parlamentaria, con la idea de celebrar un primer debate el próximo julio. Mientras, Junts cumplió esta semana su amenaza y llevará a ese pleno una enmienda a la totalidad para devolver la ley al Consejo de Ministros.

El plan que manejan en Sumar es que el debate de totalidad de la ley se celebre en un pleno extraordinario en julio. Es un mes fuera del periodo de sesiones pero la mayoría progresista del Congreso suele habilitarlo para sacar adelante decretos o medidas que han quedado pendientes. Para ello, la mayoría progresista de la Mesa decidió agotar esta semana el periodo de enmiendas de totalidad para forzar a los grupos a registrarlas.

Yolanda Díaz ya adelantó hace unas semanas que buscaba celebrar el debate de totalidad antes del parón veraniego. La idea es no dilatar los plazos parlamentarios y evitar una negociación al paso de Junts, que podría aletargar la tramitación en el Congreso durante meses, como ocurre esta legislatura con tantas otras leyes. Así, en julio se sabrá con certeza si los de Carles Puigdemont están dispuestos a negociar o sus amenazas son reales y no quieren saber nada de la ley.

Si prosperan las enmiendas a la totalidad de devolución, como la registrada por Junts, devuelven el texto al Consejo de Ministros. Hasta ahora solo los independentistas habían anunciado su oposición al texto pero el miércoles tanto PP como Vox presentaron sus propias enmiendas, lo que plasma por primera vez sobre el papel que en el Congreso hay actualmente una mayoría para tumbar el texto.

En Trabajo confían en que Junts se siente a negociar y o bien retire esa enmienda o bien termine votando en contra para dar aire a las conversaciones. Si lo hiciera, la ley superaría su primer obstáculo parlamentario y viajaría a la comisión. Es más, en Sumar hay quien ve la enmienda de los independentistas como una estrategia de negociación.

Pese al leve optimismo que trasladan desde el entorno de Díaz sobre las conversaciones, el Ministerio de Trabajo exhibió hace unos días una carta negociadora y avisó a los empresarios de que, en caso de que se tumbara la ley, aprobaría el endurecimiento del registro horario por decreto, sin necesidad de que pase por el Congreso. La patronal tiene en la derecha y en Junts una correa de transmisión y en Sumar creen que esa presión puede terminar acercando posiciones en la mesa.

Como parte de la estrategia negociadora, Yolanda Díaz comenzó la semana pasada una serie de reuniones oficiales con los grupos parlamentarios. Aunque las conversaciones con muchos de ellos están avanzadas –el resto de partidos del bloque de la investidura están a favor de la norma–, estos encuentros sirven a Trabajo para empezar a preparar la negociación que puede venir después en la comisión si supera el debate de totalidad.

Dentro de estas reuniones, estaba previsto este martes un encuentro con Junts, pero el escándalo de Santos Cerdán trastocó los planes de Díaz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó para esta semana también una serie de reuniones con sus socios y la de Junts se solapó con la que tenían prevista en el Ministerio, que acabó posponiéndose.

“Seguimos muy lejos”

Fuentes del partido de Carles Puigdemont en el Congreso trasladaron esta semana que las posiciones en la negociación seguían muy alejadas. A pesar de la cancelación de la reunión formal, hay contactos permanentes entre ambas partes, pero según los independentistas los acercamientos son escasos. “No ha habido ningún movimiento, hemos hablado estos días pero seguimos muy lejos”, sostenían esta semana fuentes del partido, que concedían que el impacto del caso Cerdán ha enrarecido las negociaciones. El ex secretario de Organización del PSOE era de hecho el principal interlocutor del Gobierno con el partido.

Tras reunirse con Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull, habló de una confianza dañada con los socialistas, ya antes incluso de que estallara el escándalo, y aseguró que le había trasladado al presidente la necesidad de cumplir los acuerdos de investidura para seguir manteniendo su apoyo. “Nuestra prioridad ahora es saber si esto tiene continuidad o no, si vale la pena seguir o si no vale que nos dé las razones y que nos lo explique bien. Que nos diga cuáles son las garantías que pone sobre la mesa para el cumplimiento de los acuerdos de Bruselas que firmamos”, dijo tras el encuentro.

Pese a hablar de un rechazo general al texto de Trabajo, Junts está especialmente preocupado por el impacto que puede tener la reducción de jornada en las pequeñas y medianas empresas, tal y como les ha trasladado la patronal catalana. En una entrevista en Radio Nacional esta semana, la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, aseguró que no pueden dar apoyo a una ley “que se ha hecho solo con los sindicatos españoles”, y en la que, según su opinión, “se ha dejado absolutamente de lado a la pequeña y mediana empresa, a la clase mediana catalana, a los trabajadores de Catalunya”.

Aunque en Trabajo insisten en la “discreción” sobre las negociaciones, las ayudas a las pymes se sitúan como una de las herramientas de negociación del Gobierno en la tramitación parlamentaria, especialmente con Junts, dada la importancia de estas empresas en el tejido catalán.