La consellera de Industria de la Generalitat, Marian Cano, ha denegado al grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes la copia que solicitaba el PSPV-PSOE de “toda” la documentación que firmó el actual president, Carlos Mazón, cuando era director general de Seguridad Industrial y Consumo, entre 2004 y 2008. Se trata de la etapa en que la trama del ‘caso Erial’, que conllevó la condena a 10 años de cárcel de Eduardo Zaplana y su ingreso en prisión provisional, dio el pelotazo con la privatización de las ITV y obtuvo plusvalías millonarias. La familia Cotino obtuvo 42 millones de euros con la reventa de la empresa que había obtenido la adjudicación amañada en 1998. Mazón ostentaba entonces la competencia de realizar el “seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos”, aunque ni el sumario del ‘caso Erial’ ni la sentencia condenatoria cita al actual jefe del Consell. El fallo, que no es firme, está pendiente del recurso de Zaplana ante el Tribunal Supremo. “Se trata de una petición masiva e indiscriminada de documentación e informes relativos a las actuaciones realizadas por un órgano administrativo, actualmente inexistente, durante un periodo de cinco años (2004-2008), con una retroacción en el tiempo de más de 20 años”, afirma la respuesta de la consellera Marian Cano.

La actual titular de Industria considera que la petición del PSPV-PSOE resulta “genérica, desproporcionada y abusiva” y que no estaría amparada por la Constitución, el Estatut d’Autonomia ni por el reglamento de las Corts.

La respuesta a la petición duda de que la petición, firmada por la diputada socialista Nuria Pina y por el portavoz José Muñoz, pretenda “ejercer el control de la acción del Consell”. Más bien considera que “lo que se solicita supone una indagación retrospectiva que se remonta más de 20 años atrás, para examinar la gestión de gobiernos autonómicos que ya no lo son y que dejaron de serlo hace muchos años”. La consellera Cano concluye que “puede tener un interés histórico”, pero en ningún caso se enmarcaría en el “ejercicio efectivo de la función de control del Consell”.

“No se recoge en la petición ningún dato o argumento que permita vincular a las decisiones, previsiones, objetivos, planes o expedientes administrativos la responsabilidad de los cuales corresponda al Consell actual”, argumenta la respuesta.

Marian Cano sostiene que la documentación solicitada “tendría como objeto la acción de un gobierno actualmente inexistente”, que no sería susceptible de control parlamentario “en el momento actual, cuando han transcurrido más de tres legislaturas desde la disolución del último gobierno cuya acción supuestamente se pretendía fiscalizar”.

Una petición “claramente abusiva”

La consellera también reprocha al PSPV que pretenda hacer un “uso indebido y desviado” de las previsiones del reglamento de las Corts Valencianes sobre solicitudes de información. Además, asegura Cano, el “carácter masivo e indiscriminado” de la petición de los socialistas valencianos “implica que los esfuerzos necesarios para su cumplimiento afectarían gravemente al buen funcionamiento” de la Conselleria de Industria.

Para cumplir con la petición, el departamento que dirige Marian Cano “debería de dedicar grandes esfuerzos en la búsqueda, recopilación y reproducción de documentos que, en su totalidad, atendiendo a las fechas, estarían disponibles solo en papel”, dado que el proceso de digitalización en el seno de la Administración autonómica se inició en 2014.

Se trata, a juicio del Consell, de una petición “claramente abusiva y contraria a la exigencia de buena fe en el ejercicio de los derechos”. “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este”, agrega la respuesta.

“Nada impide a los diputados de les Corts interesarse por un documento o por una serie de documentos en poder de la Administración referidos a legislaturas anteriores, siempre que se pueda apreciar la existencia de una conexión racional y lógica con el ejercicio de control del Consell actual”, afirma Marian Cano.

La respuesta a la petición del PSPV agrega: “De la misma forma, nada impide que el Ple de les Corts acuerde la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público para la Comunitat Valenciana, sea el que sea el periodo al cual se refiera”.

Documentación incautada por el juzgado

Por otro lado, el PSPV también pidió los expedientes del proceso de adjudicación del Plan Eólico y de las ITV, núcleo fundamental de la trama del ‘caso Erial’. También solicitaron la copia “íntegra” de “todas” las comunicaciones entre las empresas concesionarias del Plan Eólico y de las ITV con la Generalitat “entre 1996 y 2014”, así como los cambios de titularidad en el mismo periodo.

La misma consellera ha contestado que la documentación continúa precintada, al haber sido incautada en 2018 por requerimiento judicial de la magistrada instructora de la causa.

“En consecuencia, no es posible atender la solicitud de documentación presentada”, concluye la respuesta del Consell al PSPV.